Zona Franca
Veracruz, Tabasco y Chiapas, la frontera común entre ellos, la zona rural donde confluyen los tres estados, donde la ley no existe y sobrevive el más fuerte, y hasta el más desalmado, es zona de desapariciones, de secuestros y muerte de migrantes ilegales. Y lo peor es que hay una total e insultante impunidad.
No hay que buscarle mucho: quienes vienen desde centro o Sudamérica, incluso los caribeños, asiáticos o africanos, que se internan por la frontera sur de México y sueñan con vivir en Estados Unidos, tienen una remota posibilidad de llegar con bien y una alta probabilidad de quedarse en el camino.
Franquear la frontera chiapaneca es nada. Hasta burlar a la Migra norteamericana, a los mastines de Joe Arpaio, el sheriff de Maricopa, a los gobernadores y a la sociedades racistas norteamericanas, es un día de campo.
El verdadero infierno de los migrantes inicia en México. Aquí los veja la Migra mexicana, los trata como animales, los refunde en una garita, los exprime y si se ponen, si les llegan al precio, son los mismos agentes quienes les abren las puertas o les allanan el paso. Poderoso caballero es don dinero.
Con la Migra mexicana puede haber arreglo y si no, de reversa a su país. Pero de ahí no pasa.
El infierno se vive cuando el derecho de paso lo impone el crimen organizado y cuando la cuota es la llave de la vida o el epitafio de muerte.
Por años, llegar a Chiapas o a Tabasco era internarse en territorio seguro. De pueblo en pueblo, en manos de polleros, pagando el viaje, los migrantes podían seguir su camino y llegar a la frontera norte.
Todo cambió cuando el crimen organizado les puso precio. Primero los reclutaba y los convertía en parte de las mafias del narcotráfico; después los asesinaba para calentar la plaza; finalmente los enterraba en fosas clandestinas.
Alejandro Solalinde, sacerdote católico, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue “Hermanos en el Camino”, ha puesto énfasis en la crítica situación del migrante, priorizando la defensa de la dignidad humana e instado a garantizarles la vida, más allá incluso de que muchos de ellos pudieran venir huyendo de la ley. El derecho a la vida está por encima de todo, dice. Y tiene razón. Se les puede sancionar o deportar, pero no asesinarlos.
Solalinde alzó la voz por el tema de las fosas clandestinas y centró la atención en la corresponsabilidad de la autoridad, sobre todo la policíaca, en la desaparición de migrantes, en las ejecuciones sumarias.
Como Solalinde, otros personajes han asumido el compromiso de darle voz al migrante. Fray Tomás González, encargado del albergue “La 72”, de Tenosique, Tabasco, viene advirtiendo sobre las acciones cada vez más sangrientas y criminales de las bandas delictivas, pero sobre todo de la inacción de los gobiernos estatales y federal. Se les alerta, dice, pero no hacen nada.
Quienes le dan seguimiento a la inseguridad del migrante, saben que el problema está en las zonas desprotegidas, en el ámbito rural, en el campo, en los caminos de terracería, y ahora en el interior de La Bestia, el ferrocarril en el que viajan los indocumentados y que hasta hace poco les permitía cruzar medio México en menos tiempo y con cierta seguridad.
El problema no está en la ciudades. Ahí se les ve en los cruceros, pidiendo dinero, lavando parabrisas, rogando una ayuda. Pero ahí no llegan Los Zetas por ellos. No los reclutan ni los atacan. Son vulnerables cuando caminan a un lado de las carreteras o cuando andan trepados en La Bestia. El problema, repito, está en las zonas rurales.
Medios de comunicación, especialistas en el tema, la misma iglesia, la opinión pública, ubican a Coatzacoalcos como el centro el problema migrante, su violencia intrínseca, su inseguridad y su riesgo de vida. Es una apreciación a todas luces errada. Frente a la zona rural donde se mueve el indocumentado, Coatzacoalcos es un paraíso. Es una zona intocable.
Hace un mes, en Barrancas, en el municipio de Cosoleacaque, un grupo de migrantes fue atacado en el interior de La Bestia. Las bandas delictivas les exigían “la cuota”, 100 dólares por cabeza. Quienes la pagaron, pudieron seguir; quienes no, fueron golpeados y arrojados del tren. Aquello se volvió un escándalo y noticia nacional e internacional.
De tiempo atrás se viene informando de las constantes agresiones que sufren los migrantes en la zona rural de Las Choapas, Tabasco y Chiapas. Los indocumentados son carne de violencia. Muchos mueren, supuestamente mutilados por el tren, pero se sabe que son objeto de tortura y cuando mueren, los colocan sobre la vía férrea. El resto es historia conocida.
El fenómeno de la migración ilegal trae aparejado un problema de inseguridad para los mexicanos. Algunos son gente buena y otros no. En las comunidades rurales se quejan de que la presencia de los indocumentados ha generado robos y violencia.
Hace días fue recorrida la ruta del migrante. Fray Tomás González recogió testimonios de migrantes, de vecinos de colonias aledañas a la vía del ferrocarril y de policías. Lo hizo en el sur de Veracruz y ya lo había hecho en Tabasco. Las historias sirvieron para integrar el documento maestro para hacerle ver al gobierno por qué lo rebasó el crimen organizado y cómo llegamos a este nivel.
Hizo énfasis en el caso de Barrancas. Las versiones coinciden que fue un ataque del crimen organizado. El gobierno de Veracruz sostuvo en todo momento que se trató de una riña entre migrantes. Los testigos afirman que no. Pero lo peor no es eso sino que desde el zafarrancho en el interior de La Bestia, donde hubo indocumentados macheteados, heridos y una niña desaparecida, nada se ha hecho para aliviar el problema.
Fray Tomás y quienes han hecho suyo el drama de los migrantes, han visto tal indolencia del gobierno mexicano —el federal y los estatales— que optaron por llevar el caso a instancias internacionales. El asunto lo plantearon en el Senado y ahora irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Recordemos cuando un grupo de migrantes que viajaban en un camión fue baleado por la policía municipal de Agua Dulce por negarse a continuar siendo extorsionados. Huyeron, los persiguieron y fueron atacados a balazos. Murieron tres indocumentados. Los policías pararon en la cárcel, no así los funcionarios municipales que permitían que hicieran sus fechorías.
Uno de esos políticos venales era Edgar Murrieta González, entonces secretario del ayuntamiento y hoy diputado local, quien asegura que el Mando Único Policial instaurado en Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Cosoleacaque y Nanchital, debió incluir a Agua Dulce, pues “la población no confía” en la policía.
Viniendo de quien permitió que el jefe policíaco José Atenedoro Morales pudiera huir, tras la masacre de indocumentados, la propuesta es demagógica.
Veracruz, Tabasco y Chiapas, en sus fronteras, en sus zonas rurales, es territorio inhóspito para los migrantes. Se ha vuelto su infierno. La violencia no está en las áreas urbanas sino en las rurales. Y ahí no hay quien se meta. Ahí no hay quien corrija nada. Ahí prevalece el infierno migrante.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Franquear la frontera chiapaneca es nada. Hasta burlar a la Migra norteamericana, a los mastines de Joe Arpaio, el sheriff de Maricopa, a los gobernadores y a la sociedades racistas norteamericanas, es un día de campo.
El verdadero infierno de los migrantes inicia en México. Aquí los veja la Migra mexicana, los trata como animales, los refunde en una garita, los exprime y si se ponen, si les llegan al precio, son los mismos agentes quienes les abren las puertas o les allanan el paso. Poderoso caballero es don dinero.
Con la Migra mexicana puede haber arreglo y si no, de reversa a su país. Pero de ahí no pasa.
El infierno se vive cuando el derecho de paso lo impone el crimen organizado y cuando la cuota es la llave de la vida o el epitafio de muerte.
Por años, llegar a Chiapas o a Tabasco era internarse en territorio seguro. De pueblo en pueblo, en manos de polleros, pagando el viaje, los migrantes podían seguir su camino y llegar a la frontera norte.
Todo cambió cuando el crimen organizado les puso precio. Primero los reclutaba y los convertía en parte de las mafias del narcotráfico; después los asesinaba para calentar la plaza; finalmente los enterraba en fosas clandestinas.
Alejandro Solalinde, sacerdote católico, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y director del albergue “Hermanos en el Camino”, ha puesto énfasis en la crítica situación del migrante, priorizando la defensa de la dignidad humana e instado a garantizarles la vida, más allá incluso de que muchos de ellos pudieran venir huyendo de la ley. El derecho a la vida está por encima de todo, dice. Y tiene razón. Se les puede sancionar o deportar, pero no asesinarlos.
Solalinde alzó la voz por el tema de las fosas clandestinas y centró la atención en la corresponsabilidad de la autoridad, sobre todo la policíaca, en la desaparición de migrantes, en las ejecuciones sumarias.
Como Solalinde, otros personajes han asumido el compromiso de darle voz al migrante. Fray Tomás González, encargado del albergue “La 72”, de Tenosique, Tabasco, viene advirtiendo sobre las acciones cada vez más sangrientas y criminales de las bandas delictivas, pero sobre todo de la inacción de los gobiernos estatales y federal. Se les alerta, dice, pero no hacen nada.
Quienes le dan seguimiento a la inseguridad del migrante, saben que el problema está en las zonas desprotegidas, en el ámbito rural, en el campo, en los caminos de terracería, y ahora en el interior de La Bestia, el ferrocarril en el que viajan los indocumentados y que hasta hace poco les permitía cruzar medio México en menos tiempo y con cierta seguridad.
El problema no está en la ciudades. Ahí se les ve en los cruceros, pidiendo dinero, lavando parabrisas, rogando una ayuda. Pero ahí no llegan Los Zetas por ellos. No los reclutan ni los atacan. Son vulnerables cuando caminan a un lado de las carreteras o cuando andan trepados en La Bestia. El problema, repito, está en las zonas rurales.
Medios de comunicación, especialistas en el tema, la misma iglesia, la opinión pública, ubican a Coatzacoalcos como el centro el problema migrante, su violencia intrínseca, su inseguridad y su riesgo de vida. Es una apreciación a todas luces errada. Frente a la zona rural donde se mueve el indocumentado, Coatzacoalcos es un paraíso. Es una zona intocable.
Hace un mes, en Barrancas, en el municipio de Cosoleacaque, un grupo de migrantes fue atacado en el interior de La Bestia. Las bandas delictivas les exigían “la cuota”, 100 dólares por cabeza. Quienes la pagaron, pudieron seguir; quienes no, fueron golpeados y arrojados del tren. Aquello se volvió un escándalo y noticia nacional e internacional.
De tiempo atrás se viene informando de las constantes agresiones que sufren los migrantes en la zona rural de Las Choapas, Tabasco y Chiapas. Los indocumentados son carne de violencia. Muchos mueren, supuestamente mutilados por el tren, pero se sabe que son objeto de tortura y cuando mueren, los colocan sobre la vía férrea. El resto es historia conocida.
El fenómeno de la migración ilegal trae aparejado un problema de inseguridad para los mexicanos. Algunos son gente buena y otros no. En las comunidades rurales se quejan de que la presencia de los indocumentados ha generado robos y violencia.
Hace días fue recorrida la ruta del migrante. Fray Tomás González recogió testimonios de migrantes, de vecinos de colonias aledañas a la vía del ferrocarril y de policías. Lo hizo en el sur de Veracruz y ya lo había hecho en Tabasco. Las historias sirvieron para integrar el documento maestro para hacerle ver al gobierno por qué lo rebasó el crimen organizado y cómo llegamos a este nivel.
Hizo énfasis en el caso de Barrancas. Las versiones coinciden que fue un ataque del crimen organizado. El gobierno de Veracruz sostuvo en todo momento que se trató de una riña entre migrantes. Los testigos afirman que no. Pero lo peor no es eso sino que desde el zafarrancho en el interior de La Bestia, donde hubo indocumentados macheteados, heridos y una niña desaparecida, nada se ha hecho para aliviar el problema.
Fray Tomás y quienes han hecho suyo el drama de los migrantes, han visto tal indolencia del gobierno mexicano —el federal y los estatales— que optaron por llevar el caso a instancias internacionales. El asunto lo plantearon en el Senado y ahora irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Recordemos cuando un grupo de migrantes que viajaban en un camión fue baleado por la policía municipal de Agua Dulce por negarse a continuar siendo extorsionados. Huyeron, los persiguieron y fueron atacados a balazos. Murieron tres indocumentados. Los policías pararon en la cárcel, no así los funcionarios municipales que permitían que hicieran sus fechorías.
Uno de esos políticos venales era Edgar Murrieta González, entonces secretario del ayuntamiento y hoy diputado local, quien asegura que el Mando Único Policial instaurado en Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Cosoleacaque y Nanchital, debió incluir a Agua Dulce, pues “la población no confía” en la policía.
Viniendo de quien permitió que el jefe policíaco José Atenedoro Morales pudiera huir, tras la masacre de indocumentados, la propuesta es demagógica.
Veracruz, Tabasco y Chiapas, en sus fronteras, en sus zonas rurales, es territorio inhóspito para los migrantes. Se ha vuelto su infierno. La violencia no está en las áreas urbanas sino en las rurales. Y ahí no hay quien se meta. Ahí no hay quien corrija nada. Ahí prevalece el infierno migrante.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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