Dinero y política

El agotamiento del subsistema de partidos políticos en México

Eduardo de la Torre Jaramillo
Escenarios

De los años cuarenta hasta la segunda década de los años setenta del siglo XX en México, el subsistema de partidos estuvo constituido por el PRI, la oposición leal fue el PAN, y los dos partidos “paraestatales” el PARM y el PPS, cuya única utilidad era para legitimar a un sistema político no democrático con elecciones no competitivas; -donde prevaleció el fraude electoral como una constante del propio sistema político mexicano-. Posteriormente,se modifica un poco el subsistema de partidos con la reforma de Jesús Reyes Heroles porque la izquierda entra a la vida institucional, primero con el Partido Comunista Mexicano (PCM), el cual se transformó en Partido Socialista Unificado de México (PSUM); y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST, quienes en 1988 aparecen como PFCRN), previamente, en 1975 ya tenía registro discrecional el Partido Demócrata Mexicano (PDM), que desaparece en 1997.
Es pertinente mencionar que en el año de 1988 se rompió con ese subsistema de partidos políticos, desaparecen los partidos paraestatales (PARM y PPS en la elección de 1997) y entran otros como el PT de origen salinista (1991), y el PVEM (1997); mientras la izquierda se fusiona en el PRD, cediéndole su registro el PMS; cabe señalar que existía una oposición política bien definida en aquel contexto político, por el conservadurismo el PAN y por la izquierda el PRD. Me es obligado recordar que los primeros diputados de izquierda, aquellos que entraron de 1979 a 1981 sus dietas como congresistas eran donadas al PCM. Por eso afirmo que, la primera acción del sistema político mexicano para ir desdibujando a la oposición fue el otorgamiento de las prerrogativas.
Continuando con la línea de interpretación anterior, de 1986 a 1990 el financiamiento público directo a los partidos políticos se llevaba a cabo cada 3 años, y se otorgaba de la siguiente manera: un año posterior a la elección se daba en un 20%; en el segundo año un 30%; y en el tercer año electoral en un 50%; y quien se opuso fue el PAN, afirmando lo siguiente: que era “inmoral ese tipo de financiamiento”, sus argumentos fueron sobre la utilización de ese dinero; veamos sus cinco postulados: 1.- rechaza toda ayuda a candidatos en campaña; 2.- está en contra de todo pago de sueldos a redactores de revistas o empleados del partido; 3.- rechaza toda ayuda en vehículos a candidatos o ayudantes, ya sea en propiedad o alquiler; 4.- rechaza toda participación en efectivo y por cualquier concepto; 5.- los acuerdos a los que se lleguen con la aprobación de la ley en cuanto al financiamiento público son institucionales y serán respetados por los panistas, pero Acción nacional, aseveraban, se reserva el derecho de modificar esa decisión, siempre que el gobierno pretendiera aprovechar el cumplimiento de una función pública para restarle autonomía (ojalá actualmente algún panista despistado conozca la historia de ese partido).
Con el nuevo COFIPE en 1990, el financiamiento público cambia nuevamente, el 90% se otorgaba de acuerdo a la votación obtenida, sólo a aquellos partidos políticos que tuviesen el 1.5% de los votos en la elección federal o local, y el 10% de manera igualitaria; con la reforma electoral de 1996 se estableció que el financiamiento se dividió en un 70% de acuerdo a la votación obtenida por partido político con el mínimo del 2% de los votos, y un 30% de manera igualitaria y se introduce que sólo el 10% se podía obtener de financiamiento privado.
A partir de la reforma político-electoral de 1996, todos los partidos políticos aceptaron las prerrogativas y se acostumbraron a recibir única y exclusivamente los recursos públicos, cancelando la vía del financiamiento privado.
Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por el IFE (hoy INE) de los informes anuales de gastos de los partidos políticos, de las prerrogativas que recibieron los partidos de 1997 a 2014 han sido 120 mil millones de pesos (81 mil millones de las prerrogativas federales y 40 mil millones de las prerrogativas estatales); si hoy lo actualizo financieramente y lo equiparo con lo que será la construcción del nuevo aeropuerto, es el mismo financiamiento a los partidos políticos desde que tenemos gobiernos divididos y/o compartidos.
Tenemos un sistema electoral demasiado caro para financiar a los partidos políticos, quienes cuentan con la clase política más ineficiente, inculta, corrupta, depredadora, opaca, sin rendir cuentas a la ciudadanía; porque hasta antes de que se aprobará la nueva Ley General de Partidos Políticos, ningún ciudadano sabía en qué se gastaron ese dinero, porque no capacitan a sus militantes, violentando a la propia ley electoral donde se debe destinar el 2% de sus prerrogativas en la capacitación de sus cuadros políticos; de lo que si se tiene conocimiento es de los mercados cautivos que tienen los militantes de todos los partidos políticos, muchos de ellos tienen imprentas, talleres para maquilar lonas, mantas, todo tipo de artículos para campañas, alquiler de autos, y un sinfín de trapacerías que se hacen con las prerrogativas de los partidos políticos; sólo cito un ejemplo: el instituto electoral del DF multó al PT porque facturó ceniceros con un costo individual de 3,500 pesos, éste es uno de los miles de casos que existen en nuestro agotado subsistema de partidos políticos.
Finalmente, hoy en Veracruz, los dirigentes estatales y municipales del PRD, MC y PAN, de manera ridícula han declarado que las próximas candidaturas se las darán a los ciudadanos independientes y de paso han criticado las candidaturas ciudadanas; vaya cinismo, ya que tienen precandidatos impresentables para las próximas elecciones, y no creo que un ciudadano decente quiera ser candidato de partidos cooptados por el PRI (Gustavo Madero y Jesús Ortega, o Zambrano son del PAN rojo y el PRD rojo nacionales, esto es algo que en los estados también se observa, -no son mitos geniales-), si a esto le sumo que todo el dinero público se lo gastan en “operadores políticos” (últimamente en las “Montanas”), que la mayoría son disfuncionales, porque prostituyeron a la política partidista (como el uso clientelar de los programas sociales, que ya lo hace el PAN y el PRD); además ya no pueden asustar a los electores diciendo que el PRI es el adversario, cuando todos son idénticos al PRI. La pregunta central a todos los partidos políticos y sus dirigentes y exdirigentes es: ¿pueden informar que le hicieron a los 120 mil millones de pesos?