Hora Libre
Jorge Carvallo Delfín, titular de la Sedesol veracruzana, ha reunido en torno suyo, con salarios pagados por la dependencia que dirige, a un equipo sólido de expertos en el manejo de la política social a favor de la política política, la electoral, aquella que cambia cuentas de vidrio por votos de oro, lo que permite desentrañar el destino de vastos recursos no solo a una hipotética campaña por la diputación federal del mexiquense naturalizado veracruzano, sino incluso a la preparación de las condiciones para la madre de las batallas, la de 2016, cuando se elija al sucesor de Javier Duarte de Ochoa.
A diferencia de su homóloga federal, la experredista Rosario Robles Berlanga, quien ha conformado un equipo de expertos en el tema, Jorge Carvallo se hace acompañar de verdaderos tahúres del juego electoral, expertos en manejar la nómina de beneficiarios de los programas sociales para lograr obligadas adhesiones para el PRI en comicios locales o federales.
¿Por qué Veracruz sigue ubicándose entre los estados en que la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema sigue creciendo? ¿Por qué el diputado federal del PRD, Antonio Sansores Sastré, secretario de la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, asegura que nuestra entidad se ubica entre las cinco entidades que acumulan el mayor número de habitantes que padecen hambruna, junto con Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Oaxaca?
Tras su imponente lanzamiento en el inicio del actual gobierno del programa Adelante, con el que se quiso reunir todo programa y toda acción orientada a abatir los vergonzosos indicadores de pobreza que padecían amplios sectores de la población, el tema se ha desinflado en medio de las dificultades de las finanzas públicas y el uso electoral que se le sigue dando, ahora con el mayor cinismo con la entrada del exdiputado local Jorge Carvallo Delfín.
¿Quiénes le acompañan en la cocina de ese enorme fraude electoral? Cheque a los más célebres:
1. José Ricardo ‘Pepín’ Ruiz Carmona, político jarocho de 37 años cuya carrera política ha estado permanentemente ligada al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, desde 2004. Trabajó para Fidel como secretario adjunto en la zona conurbada, donde operó como coordinador de las acciones de emergencia por el huracán Stan, uno de los periodos más negros de la historia reciente de Veracruz pues hasta ahora miles de damnificados siguen esperando los apoyos financiados por el gobierno federal y que nunca se hicieron realidad. A Ruiz Carmona, sin embargo, le fue muy bien. No solo mejoró su fortuna personal sino que logró la diputación local y, posteriormente, se hizo cargo de la dirección del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz (que maneja enormes recursos aportados por los ayuntamientos de Boca del Río, Medellín y Veracruz), donde fue reiteradamente señalado de incurrir en graves actos de corrupción. En julio del año pasado, la Procuraduría General de la República reabrió la investigación en su contra por presunta relación con actividades ilícitas, bajo el expediente 720/2011.
2. Brenda Abigaíl Reyes Aguirre, exdiputada perredista, mejor conocida desde que militaba en las filas izquierdistas como Aprigaíl por su cercanía con las redes del poder, decidió convertirse en diputada independiente, cuando el pastor de los diputados locales era precisamente Carvallo.
3. Isaac González Contreras, exdiputado local por Nueva Alianza (Panal), es un maestro consentido. Oriundo de Huatusco y casado con la exalcaldesa de su pueblo, Zaira Ochoa Valdivia, hija nada menos que del exsenador y exdirigente nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, Isaac no solo aparece en la nómina de la Sedesol (donde podría ser un buen respaldo de su jefe Carvallo por si de última se lanza a la diputación federal por Huatusco, y no de San Andrés Tuxtla), sino que apareció en una nómina colada en medios con un sueldo extraordinario de 76 mil 139 pesos con 58 centavos.
4. Gustavo Moreno Ramos, oriundo de Arroyo Hondo, en Misantla, ha sido dirigente magisterial, diputado federal y, recientemente, diputado local por el Panal. El pasado 30 de mayo fue nombrado por el gobernador Javier Duarte como subsecretario de Desarrollo Regional de la Sedesol. En los pasados comicios locales, Moreno Ramos buscaba ser candidato a la alcaldía de Misantla por la coalición Veracruz para Adelante, desde el Panal, pero su descrédito en la región le impidió ver coronada su aspiración y, en su lugar, fue nombrado Ricardo Callejas Arroyo, quien sucumbió ante la ficticia fuerza del AVE.
5. Tomás Montoya Pereyra, priista, también excompañero de Carvallo en la anterior Legislatura local y un fuerte impulsor de la candidatura de su actual jefe a la diputación federal por San Andrés Tuxtla; fue alcalde de Catemaco y ha disfrutado beca en el DF como diputado en Palacio de San Lázaro. Montoya ha sido inhabilitado en la función pública durante su paso por Caminos y Puentes Federales de Ingreso y estuvo casado con la exsenadora Cristina Díaz, quien ha sido mencionada como candidata a la gubernatura de Nuevo León.
6. Moisés Hernández Barrales, exdiputado local priista por el distrito III, con sede en Chicontepec, donde fue presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, y exalcalde de Ixhuatlán de Madero.
7. Karime Aguilera Guzmán, también exdiputada local, exdirectora del Instituto de Espacios Educativos de la SEV durante el mandato de Fidel Herrera. La actual funcionaria de la Sedesol ha sido objeto de señalamientos por desvío de recursos y tráfico de influencias.
Como se observa, un buen equipo para cuestiones electorales y no para sacar de la postración a miles de veracruzanos.
Inseguridad: ¿vemos moros con tranchetes?
No cabe duda que las cifras sobre denuncias de determinados delitos en Veracruz, particularmente homicidio doloso y secuestro, permiten observar una disminución importante, lo que significa que los gobiernos (federal y estatal) están haciendo su tarea y empiezan a observar resultados positivos. Sin embargo, a contracorriente, la percepción ciudadana sobre inseguridad se ha incrementado, lo que obliga a observar hacia otros delitos (particularmente el robo con violencia) que han sufrido importantes incrementos.
Que la impunidad con que actuaban los grupos criminales en el pasado reciente empiece a mostrar una tendencia a la baja ha ayudado a este propósito, no obstante la multiplicación evidente de pequeñas bandas delictivas que abren frentes por todos los rumbos de la entidad y que han diversificado su modus operandi.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada por el INEGI y dada a conocer el 30 de septiembre, en 2013 solo el 6.2 por ciento de los delitos en el país fueron denunciados y, por consiguiente, se inició una averiguación previa, lo que significa que el 93.8 por ciento restante pasó a lo que se ha denominado cifra negra, es decir, aquellos ilícitos que quedaron en la intimidad de las víctimas por desconfianza en las autoridades o por considerar una pérdida de tiempo levantar la denuncia correspondiente.
Según la encuesta, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito fue superior a los 213 mil millones de pesos, lo que representa el 1.27% del PIB.
Para dimensionar la percepción sobre el problema, la encuesta revela que a nivel nacional la población de 18 años y más manifiesta como su principal preocupación el tema de la inseguridad y delincuencia (58.1%), seguido del desempleo (46.1%) y el aumento de precios (37.7%). Y es que se estima que el 33.9% de los hogares en el país tuvo al menos una víctima del delito.
Para el caso de Veracruz, en 2013 la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más fue de 20 mil 246 víctimas, con un aumento de 1 mil 513, que representa un incremento de 8.1%, respecto al 2012, mientras que el promedio nacional se ubicó en el mismo periodo en 3.2%.
Si observamos la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Veracruz, para el mismo rango de población y periodo, fue de 28 mil 101, con un aumento de 4 mil 690, que representa un incremento de 20.0%, mientras que el promedio nacional fue de 18.3%.
Los tres delitos más frecuentes en Veracruz en orden de importancia fueron, en primer lugar, la extorsión, en segundo lugar el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y en tercer lugar las amenazas. Por ello, el porcentaje de la población veracruzana de 18 años y más que percibe la inseguridad en la entidad representa el 80.7% en el año 2014, y representa un incremento del 7.1%, respecto al 2013, cuando a nivel nacional solo creció 1.3%.
El sentimiento de inseguridad de los veracruzanos es creciente al paso de los años: para 2014, 4 de cada 5 habitantes mayores de 18 años tiene temor por su persona, su familia, su integridad física y su patrimonio.
De manera que la percepción de inseguridad que salta en cualquier conversación entre los veracruzanos no es solo una histeria generalizada sin base sino, por el contrario, producto de una obstinada realidad que se trata de ocultar en los discursos oficiales.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com
No cabe duda que las cifras sobre denuncias de determinados delitos en Veracruz, particularmente homicidio doloso y secuestro, permiten observar una disminución importante, lo que significa que los gobiernos (federal y estatal) están haciendo su tarea y empiezan a observar resultados positivos. Sin embargo, a contracorriente, la percepción ciudadana sobre inseguridad se ha incrementado, lo que obliga a observar hacia otros delitos (particularmente el robo con violencia) que han sufrido importantes incrementos.
Que la impunidad con que actuaban los grupos criminales en el pasado reciente empiece a mostrar una tendencia a la baja ha ayudado a este propósito, no obstante la multiplicación evidente de pequeñas bandas delictivas que abren frentes por todos los rumbos de la entidad y que han diversificado su modus operandi.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada por el INEGI y dada a conocer el 30 de septiembre, en 2013 solo el 6.2 por ciento de los delitos en el país fueron denunciados y, por consiguiente, se inició una averiguación previa, lo que significa que el 93.8 por ciento restante pasó a lo que se ha denominado cifra negra, es decir, aquellos ilícitos que quedaron en la intimidad de las víctimas por desconfianza en las autoridades o por considerar una pérdida de tiempo levantar la denuncia correspondiente.
Según la encuesta, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito fue superior a los 213 mil millones de pesos, lo que representa el 1.27% del PIB.
Para dimensionar la percepción sobre el problema, la encuesta revela que a nivel nacional la población de 18 años y más manifiesta como su principal preocupación el tema de la inseguridad y delincuencia (58.1%), seguido del desempleo (46.1%) y el aumento de precios (37.7%). Y es que se estima que el 33.9% de los hogares en el país tuvo al menos una víctima del delito.
Para el caso de Veracruz, en 2013 la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más fue de 20 mil 246 víctimas, con un aumento de 1 mil 513, que representa un incremento de 8.1%, respecto al 2012, mientras que el promedio nacional se ubicó en el mismo periodo en 3.2%.
Si observamos la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Veracruz, para el mismo rango de población y periodo, fue de 28 mil 101, con un aumento de 4 mil 690, que representa un incremento de 20.0%, mientras que el promedio nacional fue de 18.3%.
Los tres delitos más frecuentes en Veracruz en orden de importancia fueron, en primer lugar, la extorsión, en segundo lugar el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y en tercer lugar las amenazas. Por ello, el porcentaje de la población veracruzana de 18 años y más que percibe la inseguridad en la entidad representa el 80.7% en el año 2014, y representa un incremento del 7.1%, respecto al 2013, cuando a nivel nacional solo creció 1.3%.
El sentimiento de inseguridad de los veracruzanos es creciente al paso de los años: para 2014, 4 de cada 5 habitantes mayores de 18 años tiene temor por su persona, su familia, su integridad física y su patrimonio.
De manera que la percepción de inseguridad que salta en cualquier conversación entre los veracruzanos no es solo una histeria generalizada sin base sino, por el contrario, producto de una obstinada realidad que se trata de ocultar en los discursos oficiales.
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