Fiscalización, rendición y transparencia de cuentas, falacia en Veracruz

Jair García

Reportaje con el que obtuvo el Primer Lugar en el concurso convocado por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas

Aunque en el discurso oficial, la fiscalización y rendición de cuentas, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos, forman parte fundamental durante la presentación de los informes del titular del Poder Ejecutivo, así como de los titulares de los organismos autónomos como el Órgano de Fiscalización Superior y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en la práctica, han quedado a deber.
A decir de investigadores, legisladores y dirigentes empresariales pero sobre todo de la opinión pública, el Orfis como el IVAI han quedado a deber a Veracruz y sus presupuestos han sido en vano, pues hoy en día han sido incapaces de detectar desvíos multimillonarios y esos datos mantienen el respaldo de que sean información confidencial, contraviniendo a la misma ley.
Con un presupuesto de 164 millones 900 mil pesos ejercido durante el 2013, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) fue incapaz de detectar una sola irregularidad, que por el contrario, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sí logró encontrar y señalar en diversas dependencias del Poder Ejecutivo de Veracruz en la cuenta pública 2012.
Mientras para el Orfis, dependencias como la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría y Servicios de Salud (Sesver) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no se les detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de un daño patrimonial, por el contrario la ASF advirtió de un presunto quebranto patrimonial por más de 5 mil millones de pesos.
Ambas instancias con facultades de fiscalizar, practicar auditorias y revisiones financieras y técnicas, realizaron trabajos paralelos a la cuenta pública 2012 durante el año pasado, pero los resultados fueron totalmente opuestos, pues en el caso del Orfis, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez dichas dependencias se condujeron con honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos, mientras que para la ASF las observaciones se cuentan por docenas por un mal uso del erario público.
En el sitio http://www.orfis.gob.mx/cuentaspublicas.html el Órgano de Fiscalización Superior publicó los resultados de la cuenta pública de los 3 poderes de gobierno, así como los organismos autónomos y de los 212 ayuntamientos. Ahí en el apartado de la SSP, solo le hace un par de recomendaciones las cuales son: “Se recomienda a la Secretaría continuar con las acciones necesarias para alinear su sistema de contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cumplir con los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo Veracruzano de Armonización Contable”.
La otra establece que la SSP debe continuar con las gestiones correspondientes para que la estructura orgánica se encuentre actualizada y debidamente autorizada, por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, fuera de eso, no advierte el mal manejo de un solo peso del presupuesto manejado por el titular Arturo Bermúdez Zurita.
Por el contrario, en el sitiohttp://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0605_a.pdf de la Auditoria Superior de la Federación califica con un dictamen negativo el manejo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).
De dicho informe, se desprenden dentro del pliego de observaciones las siguientes: 12-A-30000-14-0605-06-001 “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 247 millones 341 mil 516 pesos con 38 centavos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
Otra observación, la número 12-A-30000-14-0605-06-002 también advierte un probable daño patrimonial por la cantidad de 11 millones 420 mil 215 pesos con 62 centavos, más los intereses generados, por no contar con la documentación comprobatoria del gasto, pues tales montos se desconoce en que fueron aplicados.
A pesar de que suman más de 258 millones de pesos en observaciones que presumen un daño patrimonial, el Órgano de Fiscalización Superior fue incapaz de detectar la mala aplicación de un solo peso y se limitó a hacer recomendaciones meramente administrativas.
SEV institucionaliza el mal uso de recursos
Así como la Secretaría de Seguridad Pública fue observada por la Auditoria Superior de la Federación, lo mismo ocurrió con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), incluso estableciendo la instancia fiscalizadora que, las irregularidades en el manejo de los recursos públicos son siempre las mismas cada año.
La Auditoria Superior de la Federación emitió un dictamen negativo en el uso de los recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2012 a la SEV, pues entre las irregularidades detectadas destacan 2 mil 90 millones 318 mil 900 pesos fueron transferidos a cuentas del estado ajenas al rubro educativo; 57 millones 845 mil 700 pesos en bonos y compensaciones que no cuentan con normativa para su otorgamiento; 115 millones 397 mil 300 pesos por personal comisionado a las diferentes secciones sindicales, y 7 millones 577 mil 900 pesos por gastos no financiables con el fondo; a la vez existen 3 mil 429 millones 172 mil 400 pesos por aclarar, pues aparte no se realizaron los depósitos de cuotas de los maestros al ISR, al Issste ni al IMSS, así como los del SAR-Fovissste.
Debido a estas deficiencias, la ASF señala que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables como se precisa en los resultados de este informe, donde destacan las anteriores cantidades.
A pesar de que las observaciones determinadas por la ASD advierten un mal manejo de los recursos del FAEB por más de 5 mil 600 millones de pesos en la cuenta pública 2012, por el contrario el informe de la cuenta pública del Orfis en el mismo año indica que la SEV no desvío o aplicó mal un solo peso.
Las auditorias practicadas por el Orfis a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) establecieron los siguiente: “Una vez concluida la fase de comprobación del procedimiento de fiscalización a las Cuentas Públicas 2012, que se efectuó mediante la práctica de auditoría a pruebas y muestras selectivas, se determinó que no existen observaciones que adviertan una presunta responsabilidad resarcitoria de los servidores o ex servidores públicos involucrados por un posible daño a la Hacienda Pública Estatal”.
Y concluye la fiscalización a la SEV de la cuenta pública 2012 indicando que sólo se detectaron inconsistencias de carácter administrativo, que se registraron en el correspondiente apartado de observaciones y será el titular del órgano de control interno quien procederá a determinar las medidas correctivas y preventivas que permitan evitar su recurrencia, así como otorgarle el seguimiento correspondiente hasta su conclusión
IVAI, aliado de opacidad en la SIOP
El cuestionado trabajo del auditor general del Orfis, Lorenzo Portilla Vázquez fue puesto en evidencia el pasado mes de noviembre, cuando durante su comparecencia ante el Congreso local, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón dio a conocer que había obras pagadas en su totalidad o parcialmente desde el año 2009 al 2012 y que estaban abandonadas, inconclusas o que ni siquiera se llevaron a cabo y que el ente fiscalizador estatal jamás fue capaz de detectar caminos, carreteras y puentes inexistentes.
Por esta razón, informó en ese momento que había presentado 28 denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR), contra igual número de constructoras involucradas por haber cometido un fraude en contra de la hacienda pública estatal y federal.
Aunque en ese momento, el ex candidato a la gubernatura por el PAN acaparó la atención mediática, presumiendo la transparencia de su gestión al frente de la SIOP, se negó a dar a conocer el nombre de las empresas involucradas, clasificando tal información como confidencial.
Incluso se realizaron solicitudes de información para que la SIOP diera a conocer los nombres de las compañías constructoras denunciadas, pero Gerardo Buganza estableció que se le podía causar un daño moral a esas empresas, además de que alegó que había un proceso judicial de por medio.
Entonces se presentaron recursos de revisión, donde se estableció que se debía dar a conocer el nombre de las constructoras, porque era el resultado de una auditoria, procedimiento que ya había sido finalizado, además de que se ponía en duda el supuesto daño moral que se pudiera ocasionar a las compañías defraudadoras.
Cuando dicho recurso de revisión, llegó a manos de los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, José Luis Bueno Bello y Fernando Aguilera de Hombre, la postura que tomaron fue de defensa de la SIOP y justificando en todo momento que se le podía causar un daño moral a las constructoras en cuestión. Incluso negaron a que se proporcionara el número de expediente de las averiguaciones previas.
Sin embargo, quien esto escribe, presentó en el mes de enero una solicitud de acceso a la información ante la PGR para conocer el nombre de las constructoras, número de expediente de las denuncias y la fecha de cuándo habían sido presentadas por la SIOP, un par de meses después del anuncio dado por Gerardo Buganza Salmerón.
La respuesta de la PGR a través del folio 0001700037014 fue que no contaba con tal información, porque no existía y agregó: “es necesario precisar que la información que usted solicita no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta institución”.
Fue la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, el área encargada de dar contestación y sugirió que quien debería dar respuesta sobre las denuncias presentadas es la propia SIOP.
Esto evidenció que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, mintió y juró en vano en su pasada comparecencia ante el Congreso en el mes de noviembre, cuando aseguró que había presentado denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación por el presunto delito de fraude contra constructoras y quien resulte responsable, derivado de obras pagadas y que estaban inconclusas.
Cabe recordar que conforme al nuevo formato aprobado en las comparecencias en el Congreso de Veracruz, cada funcionario está obligado primero a jurar decir la verdad, y en ese sentido Gerardo Buganza Salmerón declaró en su momento que detectó obras inconclusas y abandonadas, a pesar de haber sido pagadas en su totalidad en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo cual, la versión que dio es que presentó las denuncias ante el Ministerio Público federal contra quien resultara responsable, lo cual fue desmentido por la propia PGR.
Durante los primeros días del mes de abril y derivado de los señalamientos de actores políticos de oposición sobre la veracidad de las denuncias penales presentadas, el propio Gerardo Buganza ofreció una rueda de prensa con algunos medios de comunicación que le son afines y aliados, y ahí enlistó el número de las averiguaciones previas, datos que semanas antes se negó a proporcionar a quien esto escribe, y que el IVAI lo respaldó no dar a conocer.
El origen de este hecho, se presenta en cientos de obras asignadas por la entonces llamada Secretaría de Comunicaciones por los ex titulares Marcos Theurel Cotero, Raúl Zarrabal Ferat y Francisco Valencia, quienes autorizaron el pago de anticipos e incluso liquidación total por construcciones que nunca se llevaron a cabo.
Las obras correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y en los primeros 3, los informes de la cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior parecen ser una copia del anterior, pues establece que no hay presunto daño patrimonial, que no hay irregularidades en las auditorias financieras y técnicas realizadas, y que en las inspecciones y supervisiones que hicieron en campo notaron que lo pagado correspondía a lo construido.
Fue apenas en la última cuenta pública, del año 2012, cuando finalmente el Orfis sí logró detectar irregularidades en la extinta Secretaría de Comunicaciones, hoy SIOP, por un presunto daño patrimonial de 44 millones 606 mil 779 pesos con 28 centavos, sin embargo todos los datos sobre este asunto han sido clasificados como información confidencial y cuenta con el respaldo de los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que no sean dados a conocer a los ciudadanos.
De esta forma, las auditorias que ya determinaron la comisión de fraude de empresas constructoras y la participación de funcionarios y ex funcionarios públicos de la SIOP, no son razón suficiente para hacer públicos los datos, pues el IVAI considera que se les puede causar un daño moral.