Escenario
Absolutamente lamentable la tragedia sucedida ayer en la escuela técnica número 3 de esta capital, donde la caída de un árbol provocó la muerte de Alondra, una jovencita quinceañera.
La escuela es una de las de mayor población y con más demanda de ingreso. Su ubicación es muy céntrica y ha gozado desde hace años de buen prestigio.
Desde luego, se trata de una situación accidental, fortuita, pero que obliga también a la reflexión acerca de la cultura de la prevención que debemos asumir en la sociedad, incluyendo, desde luego, las escuelas, donde su naturaleza dinámica obliga ineludiblemente a ello.
Las autoridades escolares no deben soslayar aspecto alguno dentro de un bien estructurado programa de prevención de riesgos y accidentes, como puede ser la caída de un árbol.
Nada puede dejarse a un lado ni al tiempo, a fin de impedir que se repita una tragedia como la de ayer, que -hay que insistir- fue un tristísimo accidente. Las altas autoridades educativas deben vigilar y supervisar que al interior de los planteles educativos los alumnos, maestros y directivos gocen de la mayor seguridad en sus actividades diarias.
No se trata de buscar culpables donde no hay culpabilidades, pero sí de hacer conciencia para que en todos los casos se cumpla estrictamente con la mayor responsabilidad que es salvaguardar la vida humana.
ALTO A EXCESOS
El gobernador Duarte envió al Congreso estatal una interesante iniciativa de reforma al Código Penal, que de ser aprobada tendría que evitar situaciones tan ilegales como acostumbradas en los procedimientos policíacos.
El mandatario establece en su documento modificatorio sanciones severas contra el delito de desaparición forzada de personas. Se alude a servidores públicos, aunque ya se sabe que es en el medio policiaco donde se registra este tipo de excesos que, a veces, terminan trágicamente.
La iniciativa enmarca sanciones de 10 a 30 años de prisión y multa de mil a 4 mil días de salario, además de proceder la inhabilitación definitiva en la función pública para quien incurra en estos actos.
Incluye también situaciones que serían agravantes y aumentarían las penas, refiriéndose principalmente a cuando pierda la vida la víctima o cuando el agraviado sea periodista o defensor de derechos humanos. Las agravantes aplicarían igualmente si la desaparición de una persona ocurre en el contexto de una investigación policiaca.
Más factores gravosos serían: sexo, embarazo, orientación sexual, nivel educativo, trastorno físico o mental y condición socioeconómica precaria, entre otros.
El delito tipificaría no sólo para quien ejecute la desaparición, sino también para el servidor público que ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocerla o que la omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre la misma, etcétera.
En fin, que la iniciativa enviada al Congreso por el gobernador Duarte contextualizaría una situación que es pan nuestro de cada día. De llegar a aplicarse sin torceduras, probablemente mucho mejoraría nuestro sistema policial.
RECURSOS PARA SEGURIDAD
Han llegado recientemente recursos monetarios frescos para el ramo de la seguridad en el Estado, provenientes del Subsemun, lo que permitirá atender más necesidades en un buen número de municipios.
Francisco Portilla Bonilla, cordobés con larga trayectoria en la función pública, deja ver que desempeña bien su responsabilidad como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, porque es desde allí donde se impulsan las gestiones para adquirir fondos económicos.
Así, se hace factible mejorar los servicios de la seguridad pública, principalmente en municipios, aunque también se buscan partidas para la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia.
Por ahora, en total serán 260 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Municipal a distribuir entre 18 ayuntamientos, de acuerdo a las disposiciones federales.
La escuela es una de las de mayor población y con más demanda de ingreso. Su ubicación es muy céntrica y ha gozado desde hace años de buen prestigio.
Desde luego, se trata de una situación accidental, fortuita, pero que obliga también a la reflexión acerca de la cultura de la prevención que debemos asumir en la sociedad, incluyendo, desde luego, las escuelas, donde su naturaleza dinámica obliga ineludiblemente a ello.
Las autoridades escolares no deben soslayar aspecto alguno dentro de un bien estructurado programa de prevención de riesgos y accidentes, como puede ser la caída de un árbol.
Nada puede dejarse a un lado ni al tiempo, a fin de impedir que se repita una tragedia como la de ayer, que -hay que insistir- fue un tristísimo accidente. Las altas autoridades educativas deben vigilar y supervisar que al interior de los planteles educativos los alumnos, maestros y directivos gocen de la mayor seguridad en sus actividades diarias.
No se trata de buscar culpables donde no hay culpabilidades, pero sí de hacer conciencia para que en todos los casos se cumpla estrictamente con la mayor responsabilidad que es salvaguardar la vida humana.
ALTO A EXCESOS
El gobernador Duarte envió al Congreso estatal una interesante iniciativa de reforma al Código Penal, que de ser aprobada tendría que evitar situaciones tan ilegales como acostumbradas en los procedimientos policíacos.
El mandatario establece en su documento modificatorio sanciones severas contra el delito de desaparición forzada de personas. Se alude a servidores públicos, aunque ya se sabe que es en el medio policiaco donde se registra este tipo de excesos que, a veces, terminan trágicamente.
La iniciativa enmarca sanciones de 10 a 30 años de prisión y multa de mil a 4 mil días de salario, además de proceder la inhabilitación definitiva en la función pública para quien incurra en estos actos.
Incluye también situaciones que serían agravantes y aumentarían las penas, refiriéndose principalmente a cuando pierda la vida la víctima o cuando el agraviado sea periodista o defensor de derechos humanos. Las agravantes aplicarían igualmente si la desaparición de una persona ocurre en el contexto de una investigación policiaca.
Más factores gravosos serían: sexo, embarazo, orientación sexual, nivel educativo, trastorno físico o mental y condición socioeconómica precaria, entre otros.
El delito tipificaría no sólo para quien ejecute la desaparición, sino también para el servidor público que ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocerla o que la omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre la misma, etcétera.
En fin, que la iniciativa enviada al Congreso por el gobernador Duarte contextualizaría una situación que es pan nuestro de cada día. De llegar a aplicarse sin torceduras, probablemente mucho mejoraría nuestro sistema policial.
RECURSOS PARA SEGURIDAD
Han llegado recientemente recursos monetarios frescos para el ramo de la seguridad en el Estado, provenientes del Subsemun, lo que permitirá atender más necesidades en un buen número de municipios.
Francisco Portilla Bonilla, cordobés con larga trayectoria en la función pública, deja ver que desempeña bien su responsabilidad como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, porque es desde allí donde se impulsan las gestiones para adquirir fondos económicos.
Así, se hace factible mejorar los servicios de la seguridad pública, principalmente en municipios, aunque también se buscan partidas para la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia.
Por ahora, en total serán 260 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Municipal a distribuir entre 18 ayuntamientos, de acuerdo a las disposiciones federales.
Escríbanos a gabrielarellano_hechos@yahoo.com.mx y ariel_del_llano@hotmail.com
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