Claroscuros
El contexto social que prevalecía el 17 de junio del 2013 -cuando fue asesinado el Pastor Claudio Martínez- era de una intensidad política propia de los comicios municipales.
En el Sur se esperaba una contienda difícil para todos los participantes y particularmente para los candidatos del PAN y el PRI.
Al ser Coatzacoalcos la capital económica del Sur, hechos locales de mucha trascendencia impactan a nivel regional.
Los encargados de la política estatal lo saben; ante lo cual surgen las preguntas: ¿De quién fue la decisión de proteger a la Pastora Lucy? ¿Qué intereses políticos hubo detrás, junto a y frente al asesinato del líder en la Comunidad de Dios? ¿Permitir que la única testigo del apuñalamiento declarase ante el Fiscal, al tercer día después de la tragedia, fue para protegerla a ella o para cuidar el entorno de poder que rodeó aquel suceso?
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La violación de la escena del crimen ocurrió durante los primeros minutos tras conocerse el asesinato.
Elementos del mando único acudieron al lugar y lejos de establecer un protocolo para resguardar la escena, las huellas y las pruebas de los involucrados, entraron al sitio del asesinato como si estuvieran en el parque del pueblo un domingo de paseo familiar.
Más aún: seguidores del Pastor acudieron a la escena y rezaron… ¡Junto a su cadáver!
Resulta obvio el resultado: la cadena de custodia de las pruebas periciales nació rota.
La investigación sobre el cruento final en la vida de un hombre que de la fe hizo millones de pesos constituyó un parto débil.
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El 17 de junio del 2013 Amadeo Flores Espinosa era el Procurador de Justicia de la entidad.
Un año atrás -el 28 de abril del 2012- ordenó la creación de un equipo especial de investigación en torno al asesinato –aquel día- de la reportera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista PROCESO.
Volvamos al 2013: el 9 de agosto a Flores Espinosa le estalló la bomba que significó la libertad de Jorge Antonio Hernández (a) “El Silva”, absuelto por la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Dicho sujeto –junto a Adrián Hernández Domínguez (a) “El Jarocho”, prófugo- fue ubicado como asesino material de la periodista.
¿Qué permeó más en la liberación de “El Silva”: el sustento sobre las irregularidades jurídicas en que –de acuerdo a los Magistrados- incurrió la PGJ durante su consignación o el andamiaje de intereses políticos que permea en las instancias de procuración y aplicación de justicia veracruzanas?
El trato preferencial que recibió Luz Margarita Enríquez, “La Pastora Lucy”, dentro de la investigación por el asesinato de su esposo –pagó la mudanza del menaje de casa que constituía parte esencial en la escena del crimen, a unos días de los sucesos y con la aprobación de la PGJ- se encuentra salpicado también por el tufo del poder.
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Comparemos los dos casos:
- El crimen de una periodista y la liberación del único presunto asesino preso, bajo sospechas de que a la ineficiencia de la fiscalía se añaden pugnas políticas al más alto nivel en la entidad.
- El asesinato de un líder religioso cuya viuda es protegida por las autoridades ministeriales desde los primeros minutos posteriores a la tragedia que inevitablemente la involucra como testigo y como sospechosa.
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El 19 de febrero del 2014, Amadeo Flores Espinosa renuncia al cargo de Procurador de Justicia de Veracruz.
Su hijo, Amadeo Flores Villalba, había sido nombrado –desde el 30 de octubre del 2013- Magistrado en el Poder Judicial.
Amadeo Jr. arribó al mismo Poder que en agosto del 2013 dejó en ridículo a su padre bajo un argumento cruel del Magistrado Edel Alvarez Peña: “Fue detenido sin una orden de aprehensión de por medio, hubo tortura, entre otras irregularidades y los testimonios sólo se hicieron de oídas”.
Sí, el ex alcalde de Coatzacoalcos y ex líder estatal del PRI se refería al “Silva”, presunto cómplice en la golpiza y ahorcamiento de Regina Martínez.
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Pero si entre la Procuraduría y los Tribunales estatales hay casos de nepotismo, algo semejante ocurre en el ámbito nacional.
Versiones recogidas por el reportero entre abogados porteños, señala que el Palacio de Justicia Federal de Coatzacoalcos tiene vínculos sanguíneos con la PGJ y relaciones estrechas con litigantes exitosos.
El Amparo Federal que tiene con un pie fuera del penal Duport Ostion a los cuatro trabajadores de la CFE que “La Pastora Lucy” afirmó haber reconocido como asesinos de su marido, debe ser observado más allá de lo judicial.
Dicho Amparo es elemento clave de un entramado político, de una pugna de poderes e intereses que -cual tragedia griega- tocan a los Dioses lo mismo que a la sociedad.
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La salida o continuidad de los cuatro electricistas en el penal federal de Coatzacoalcos, parecen depender más del contexto político que ha mantenido a Luz Margarita Enríquez fuera del peligro de la Ley, que de los argumentos jurídicos que pueda esgrimir la “Nueva Procuraduría de General de Justicia de Veracruz”; como la ha definido Luis Angel Bravo, sucesor del hombre fuerte de Cotaxtla.
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Hasta ahora, a la PGJ no se le podía encargar un circo porque le crecían los enanos.
En su descargo vale puntualizar que –al menos hasta el caso de Amadeo- al encargado del centro de espectáculos solían imponerle todo, incluso a los payasos.
¿Cambiará tal circunstancia?
¿El poder seguirá matando a la justicia?
En unos días más, desde el Penal Duport Ostion de Coatzacoalcos nos llegarán noticias al respecto.
Hasta ahora, a la PGJ no se le podía encargar un circo porque le crecían los enanos.
En su descargo vale puntualizar que –al menos hasta el caso de Amadeo- al encargado del centro de espectáculos solían imponerle todo, incluso a los payasos.
¿Cambiará tal circunstancia?
¿El poder seguirá matando a la justicia?
En unos días más, desde el Penal Duport Ostion de Coatzacoalcos nos llegarán noticias al respecto.
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