Pemex 2... preguntas que punzan

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de cosas pequeñas

Tengo bien claro que mi opinión respecto de la mal bautizada “reforma energética” vale poco menos que un cacahuate y que difícilmente incidirá –ni siquiera una micra— en el rumbo de los acontecimientos, es decir, en quién se va a quedar con la “renta petrolera” (o sean, las ganancias de PEMEX).
Tampoco pretendo agenciarme un lugar en los republicanos escenarios montados en los patios del Senado para el gran debate al que están acudiendo desde la semana pasada las inteligencias más lúcidas de la Patria, los mejores expertos en derecho, en hidrocarburos y en economía y los poseedores de las meninges más fosforescentes de México, pues difícilmente podría yo aportar algo que valiera la pena y que fuera diferente o digno de tomarse en cuenta dentro de las sesudas discusiones.
Y me pregunto, también, si los legisladores harán caso a los opinantes o terminarán aprobando las iniciativas de ley tal y como las envió el Presidente, con algún retoque que justifique la parafernalia de la mega consulta pública.
En consecuencia, puedo permanecer en calidad de observador, medir los rounds de sombra de los contendientes y enterarme a través de la televisión cuando ganen los reformistas o los anti reformistas; después, será cómodo acusar a los promotores (si logran imponerse) de haber entregado el patrimonio nacional a las grandes corporaciones transnacionales o bien lanzarme contra los furibundos opositores responsabilizándolos por hipotecar el futuro de México al impedir nuevas y fructuosas inversiones privadas para “asegurar nuestra provisión de petrolíferos”.
Será relativamente fácil acomodarse después… Como siempre, lo más sencillo, lo menos comprometedor, será abstenerse de opinar –por ahora— y dejar los riesgos de la decisión en manos de aquéllos que deben tomarla (diputados y senadores) y los que obligatoriamente deben pronunciarse en pro o en contra, como dirigentes políticos, funcionarios públicos y representantes de organismos sociales.
Pero con todo lo complejo que el tema resulte, con todo y los costos que pudiera traer una opinión equivocada, con todo lo peligrosas o beneficiosas que estas propuestas de cambio para la operación de PEMEX pudieran resultar para nuestro País, sería inmoral permanecer en silencio. Me parece que, como corresponde a un régimen democrático presuntamente sustentado en la soberanía popular, todos los ciudadanos debemos tener una opinión, lo más seria y fundada posible, sobre un tema que, en definitiva cambiará el rumbo de México, termine como termine el debate y se aprueben o no las iniciativas.
Consecuentemente quiero –y debo— pronunciarme sobre la “reforma energética”, pero no logro hacerlo sin antes dar respuesta a una serie de dudas que me han surgido a propósito de esta gran discusión y para las que quisiera encontrar respuesta cierta y sólida lo antes posible, porque francamente me punzan, por ejemplo:
¿Es cierto que la Constitución General de la República prohíbe expresamente el otorgamiento de contratos para la explotación –“y desarrollo”— de los hidrocarburos? Consecuentemente, ¿por qué las iniciativas presidenciales no incluyen una propuesta de reforma constitucional? Y… ¿por qué no reformar la Constitución si es algo que en este país suele hacerse con fruición y entusiasmo por “quítame estas pajas”?, ¿acaso por sabida falta de mayoría para conseguir ese cambio a la Constitución?
Independientemente de que sea necesaria o no la reforma, beneficiosa o perjudicial, en caso de que se apruebe la fórmula de contrataciones en PEMEX mediante simples leyes reglamentarias, ¿no sería éste un golpe de Estado legislativo?
¿Es cierto que entre 1998 y 2005 PEMEX tuvo ingresos por 471 mil millones de dólares? ¿Es cierto que al restar 215 mil millones de dólares de sus costos de operación le habría resultado una utilidad de 256 mil millones de dólares? ¿Es cierto que en ese mismo periodo los impuestos que PEMEX pagó fueron de 284 mil millones de dólares, por lo que terminó perdiendo 28 mil millones?
¿Es cierto que durante el Gobierno de Vicente Fox, PEMEX contrató deuda para pagar 22 mil millones de dólares de impuestos que no pudo cubrir con sus propios ingresos? ¿Es cierto que PEMEX paga impuestos en una tasa superior al 110% (más del triple que una empresa privada)? ¿Es cierto que el gasto público nacional asciende a 18 % del PIB pero los mexicanos sólo aportamos el 11%?, ¿es cierto que PEMEX paga la diferencia? ¿Es cierto que por esos préstamos, los pasivos de PEMEX cuestan más que sus activos? ¿Es cierto que se trata de una estrategia deliberada?
¿Es cierto que el Presidente del Grupo CARSO declaró que “es deseable que PEMEX siga manteniendo su actual rol fiscal”, es decir, aportando los recursos públicos adicionales a los impuestos? En consecuencia, ¿es cierto que con todo y la reciente reformita fiscal, los mexicanos no pagamos impuestos suficientes?
¿Es cierto que si permitieran a PEMEX disponer de un poco de los recursos que genera para renovarse y modernizar sus fierros, para hacer prospección y exploración, para invertir en más plantas, para actualizar sus tecnologías, no habría razones para esta discusión?
Y me temo que mi insípido cuestionario apenas comienza… las dudas corroen y no dejan que uno se pronuncie.

antonionemi@gmail.com