Impunidad e inseguridad

Octavio Augusto Lara Báez
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Un nuevo secuestro y homicidio ha consternado a la opinión pública mexicana. La muerte del jovencito Fernando Martí, de apenas 14 años en la Ciudad de México el pasado 5 de agosto, luego de 50 días de mantenerlo cautivo, vuelve a mostrarnos una vez más el horror de la inseguridad que vive el país.
Hace poco más de un mes en Orizaba, fue secuestrada y asesinada la joven Karina Reyes. Su muerte se produjo por asfixia, según la necropsia, al igual que la de Fernando. De nada valió en ambos casos, que se haya pagado el rescate exigido por los plagiarios, éstos privaron de la vida a sus víctimas. Se trata de la saña llevada al extremo.
El caso ha puesto una vez más en la mesa de discusión la urgente necesidad de una verdadera depuración de los cuerpos policíacos del país, pues de acuerdo a la averiguación iniciada se ha podido saber que por lo menos un policía en activo, el comandante de la Policía judicial en la delegación Venustiano Carranza, José Luis Romero Ángel, participó en el crimen. De hecho la Procuraduría del Distrito Federal investiga a 14 policías judiciales por su probable participación en el secuestro y muerte de este joven.
En una parte del texto que el padre de Fernando leyó en su funeral, dijo: “…en el camino por donde pasaba mi hijo se cruzaron unos hombres desalmados, personas que no podrían ser descritas con un adjetivo porque no los hay para poderlos describir. Me avisaron que mi hijo acababa de ser secuestrado, ¿cómo podía ser aquello?..., iba acompañado de un chofer y también se lo habían llevado. Al parecer, los plagiarios eran o se hacían pasar por policías... “.
Se ha venido insistiendo desde hace tiempo en que para mejorar la Seguridad Pública se tiene que empezar por una limpieza a fondo de los cuerpos policíacos, deshaciéndose de los malos elementos y dignificando la actividad, mejorando los sueldos de la policía, dándoles seguridad social y garantizando el futuro de sus familiares en caso de muerte en el cumplimiento de su deber.
Quienes deciden dedicarse a preservar el orden y proteger a los ciudadanos deben tener perfectamente claro que adquieren un compromiso con la sociedad y que están al servicio del bien; que no hay medias tintas, se está o no se está del lado de la ley.
Y es que en México, delincuentes y policías se mezclan y se confunden. Es más, para un amplísimo sector de la sociedad son la misma cosa. Es común que para hacerse de información, la policía de todos los niveles, consiga informantes y cuente con “madrinas“, para conocer los movimientos de los criminales y sus cómplices.
Esta convivencia tan cercana entre malos y buenos propicia que con facilidad ambos bandos salten de un lado al otro como si nada. Se han dado muchos casos de policías con todo un negro historial de fechorías y, por otro lado, de hampones que “colaboran” con la policía, que busca así información que no puede obtener mediante servicios de inteligencia.
Al crearse la Policía Federal Preventiva en 1999, con atribuciones para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos federales, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, se pretendía contar una corporación de élite, mejor preparada para cumplir la elevada misión de brindar seguridad.
Sin embargo, el avance del crimen organizado en las modalidades del secuestro y la extorsión, el narcotráfico, la prostitución infantil y el tráfico de órganos, muestran que es insuficiente el esfuerzo policíaco por controlarlos y de todo nuestro sistema de impartición de justicia. El ejemplo más claro del rotundo fracaso de las políticas de Seguridad Pública y de Justicia del país es el caso del secuestro y homicidio de Hugo Wallace, cuya madre, Isabel Miranda de Wallace, cansada de la ineptitud y corrupción policiaca inició por su cuenta la investigación del crimen de su hijo, ocurrido en 2005, ofreció recompensas a través de anuncios espectaculares a quien le diera datos, lo esclareció, denunció a los culpables y es la hora que el principal responsable no ha sido castigado.
Está también la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad pública de las diferentes instancias de gobierno, lo que facilita que los criminales evadan la acción de la justicia. En pleno siglo XXI, en la Era de la Tecnología, las telecomunicaciones y la Globalidad, las demarcaciones territoriales de las entidades federativas e incluso las de los municipios, impiden la cooperación entre las policías para presentar un frente unido y sólido contra la delincuencia, todo porque las disputas políticas marcan diferencias, rivalidades y competencias que ponen el riesgo la vida de los mexicanos.
He leído y escuchado declaraciones de familiares de secuestrados que piden a las autoridades que haya coordinación de las diferentes policías, lo que quiere decir que los ciudadanos perciben que no se trabaja de manera conjunta para atacar frontalmente a la inseguridad, algo elemental, quizás por estar más preocupados en promocionar políticamente sus acciones, aisladas y por tanto poco eficaces, en materia de Seguridad Pública.
Ha sido público y notorio el enfrentamiento del Presidente Calderón y el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard a raíz del caso Martí, acusándose mutuamente de querer sacar “raja” política y de falta de colaboración de la policía del D.F.
Otra tema que ha vuelto a cobrar fuerza tras estos espantosos hechos, es que se reinstale la pena de muerte en nuestro país. Respetando las opiniones de quienes están a favor, lo que hace falta realmente es que se apliquen las leyes para castigar a los culpables de los delitos, en especial a los que violan, secuestran y asesinan niños. Si en México los delincuentes no gozaran de impunidad, seguramente tendríamos menores índices delictivos. Si temieran ser capturados, procesados y encarcelados por el resto de su vida, tal vez lo pensarían mejor antes de delinquir.
A propósito del tema, el Ejecutivo federal ha propuesto la cadena perpetua a secuestradores. En Veracruz, a iniciativa de los diputados locales Alba Leonila Méndez Herrera y Francisco Portilla Bonlla, el Congreso del Estado aprobó en sesión del pasado 31 de julio, reformar el artículo 220 del Código Penal y adicionar el artículo 220 bis, aumentando las penas de cárcel contra extorsionadores, aún en el caso de tentativa. Se busca así desalentar la comisión de ese delito, vinculado con otros como el secuestro.
En un momento en que la inseguridad y la violencia campean, las instituciones de seguridad y justicia tienen el enorme compromiso de retomar el control y brindar garantías a los ciudadanos.
La delincuencia organizada le ha tomado la medida a nuestro sistema de justicia y por lo tanto no le teme. Es preciso revertir este orden de cosas. Es necesario garantizar que quien la hace la pague, pues de otra forma, de nada servirá tener las leyes más avanzadas, las penas más severas, si no se aplican a los infractores.
Esta es una exigencia que une a todos los mexicanos y que debe ser atendida de inmediato si queremos que se sigan cumpliendo en el país las condiciones de eficacia y legitimidad, indispensables para garantizar la gobernabilidad nacional. olarabaez@hotmail.com