Raúl Abraham López Martínez *
Coyuntura Política XXI
En días recientes en la ciudad de Xalapa, se han realizado distintas manifestaciones en contra al aumento del cobro de agua. En su mayoría, habitantes de colonias populares pospusieron por un momento sus actividades cotidianas, para acudir a las instalaciones de CMAS-Xalapa en protesta por el aumento del 40% o más del cobro del agua y por el cobro indebido de uso de drenaje y saneamiento.
Por su parte, las autoridades municipales, evidenciaron la falta de una respuesta clara y objetiva para responder a los señalamientos vertidos por las organizaciones sociales que salieron a las calles a encabezar las protestas.
Al final de este episodio, las autoridades municipales cedieron ante las protestas ciudadanas acordando “el ajuste del cobro por cada recibo para que cada quien pague lo justo”.
Lejos de llegar a un final feliz, este leve enfrentamiento entre los manifestantes y las autoridades municipales, saco a la luz pública la falta de un consenso político y social entorno al manejo y cobro del agua.
Esta falta de consenso en torno al manejo y cobro del agua, debe de encender las luces de alerta por parte de las autoridades correspondientes y de manera especial del presidente municipal de Xalapa David Velasco Chedrahui y del director de CMAS Xalapa.
El asunto es sumamente delicado. No es suficiente que la autoridad realice una serie de cobros amparándose en que “la ley se lo permite”. Tal y como en su momento lo declaro David Velasco. Esta actitud, demuestra el desconocimiento sobre un problema que se puede abordar desde distintos enfoques, que si no es atendido de la manera política y social correcta, se estaría abonando el camino para escenarios de crisis de gobernabilidad en el ámbito municipal.
En el libro “El valor del agua: una visión socioeconómica de un conflicto ambiental” de la doctora Úrsula Oswald Spring investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, de manera sintética enumera las tres posturas prevalecientes en el debate nacional e internacional sobre el manejo y cobro del agua.
La primera postura parte del “hecho que se trata (el agua) de un don de la naturaleza que no se puede cobrar. Está fundamentado en la Constitución mexicana que otorga a todo habitante el derecho humano básico de acceso a agua limpia para beber y desarrollar sus actividades económicas. El agua puede usarse, pero no poseerse, ya que el agua es el más grande sustentador de la vida y por lo mismo es la madre que da la vida y la sostiene”.
La segunda postura, es la que predominó durante casi todo el siglo XX, en donde el Estado “se encarga de la infraestructura, reparte sus ingresos y garantiza mediante inversiones públicas y administración del recurso el abasto de agua de aceptable calidad. La propiedad de las aguas dentro de los limites territoriales nacionales corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de la misma a municipios y estados, pero también a particulares, a partir de la modificación de la Ley de Agua de 1992, efectuado durante al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.”.
La tercera postura es producto del Consenso de Washington y es apoyada por México durante el gobierno panista de Vicente Fox, por medio de la modificación de la Ley de Aguas Nacionales del 2004. Esta postura apunta a la privatización del agua, convirtiendo el agua en una mercancía. Desterrando al Estado en su papel central en la administración del vital liquido.
Regresando al asunto de Xalapa, por la manera en que procedió CMAS-Xalapa, primero en realizar los cobros y después en justificarlos a partir de facultades que le otorgan el marco legal en la materia, se pueden interpretar estos hechos como un burdo y gradual proceso de privatización, que surge a partir de trasladar los costos de producción de los servicio que ofrece CMAS a los beneficiarios.
No es suficiente con argumentar, por parte de la autoridad que “hace falta dinero”, “que hay que pagar deudas contraídas”, y que de manera unilateral, sin mediar previa consulta ciudadana decidan realizar estos cobros.
Si de lo que se trata, es de sanear las finanzas de CMAS-Xalapa, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, se puede optar por una gama de alternativas para aumentar los ingresos financieros de CMAS.
Independientemente de las alternativas que se puedan optar, indiscutiblemente éstas tienen que ser resultado de un amplio consenso político y social, que permita contar con estrategias financieras legitimadas por la población.
Para lograr esto, en primer término, la administración municipal de Xalapa, tiene el reto de hacer uso de las múltiples herramientas metodológicas en procesos de negociación relacionados con el manejo y cobro del agua. Esto implica gobernar con un alto nivel cualitativo, algo que los administradores, contadores e ingenieros que ejercen de asesores o de funcionarios públicos no pueden aportar a la ciudad debido a su propia formación disciplinaria.
*Director de la revista digital Voz Universitaria
www.vozuniversitaria.org.mx
raul@vozuniversitaria.org.mx
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