400 empresas no pagan impuestos

Raúl Abraham López Martínez*
Coyuntura Política XXI

Uno de los objetivos que ha definido a la derecha en México y en América Latina ha sido el de mantener y ampliar sus privilegios políticos y económicos a costa de los intereses de la mayorías de las poblaciones que integran la región.
En cada situación histórica en que los pueblos por distintas vías han buscado promover sus reivindicaciones, desde una perspectiva de clase trabajadora, los grandes grupos empresariales se han constituido en factores de presión para obligar a los gobiernos a sostener sus particulares intereses.
Estos grupos de empresarios han demostrado, como lo hicieron en las dictaduras del Cono Sur, que no importa si tienen que llevar a sanguinarios dictadores al poder, de lo que se trata es de aplacar a como dé lugar a las fuerzas sociales que abruptamente amenazan la continuidad de un orden económico fundado en la explotación y en la desigualdad social.
En el caso mexicano, la relación de los empresarios y las elites gobernantes se ha caracterizado por tres momentos centrales. El primer momento hace alusión a la alianza que los empresarios sostuvieron durante el contexto a lo que Mario Vargas Llosa reconoce como la dictadura perfecta, término que hace referencia a un sistema político de corte autoritario. En este periodo de tiempo, las elites empresariales a cambio de reconocer la legitimidad de un régimen autoritario se vieron beneficiadas por distintos tipos de concesiones y prebendas que contribuyeron al fortalecimiento económico de este sector.
El segundo momento se encuentra identificado en la fase de arranque del modelo económico neoliberal. Consecuencia de la relación política y económica entre las elites empresariales y gobernantes, las concesiones de las empresas privatizadas se operaron bajo el criterio de favorecer a los empresarios más allegados a la naciente clase política priísta encabezada por Carlos Salinas de Gortari. Siguiendo esta dinámica, prácticamente se regalaron las paraestatales beneficiando a un selecto grupo de empresarios y a los políticos que intervinieron en los variados procesos de privatización.
El tercer momento se ubica en los acuerdos, implícitos y explícitos, que surgen ante la eminente llegada del PAN a Los Pinos. Estos acuerdos parten de un sentido general en el que la nueva elite gobernante se compromete a mantener los privilegios que este restringido grupo de empresarios había venido gozando en los gobiernos del PRI. En el análisis “El verdadero hoyo fiscal 400 grandes empresas (casi) no pagan impuestos” escrito por Fátima Monterrosa, publicado en la revista “Emeequis” en su edición del 26 de octubre de 2009, nos permite reconocer uno de los principales privilegios de los que han gozado los grandes consorcios del país: el “régimen de consolidación fiscal”.
El análisis de Fátima Monterrosa señala que este régimen de consolidación fiscal fue introducido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta en 1982, y “permite que un grupo de empresas con un mismo accionista mayoritario pueda pagar impuestos como si fuera una sola empresa. Si un grupo tiene varias empresas, se le permite deducir las pérdidas de algunas de las empresas contra las utilidades de las otras, con lo que los consorcios tienen la posibilidad de crear empresas “diseñadas” expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que deberían entregar a las autoridades de Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos.”
Continuando con el análisis de la citada autora nos muestra el caso de la empresa Cementos Mexicanos, cuyo accionista mayoritario es Lorenzo Zambrano. Una empresa que “nació en 1906 con la apertura de la planta Cementos Hidalgo y despuntó con la compra de las paraestatales Cementos Anáhuac y Cementos Tolteca, se ha cobijado en el famoso “régimen de consolidación” para diferir el pago de impuestos: sólo en 2008 dejó de pagar más de 38 mil millones de pesos. Ese adeudo fiscal de Cemex es equiparable al presupuesto del programa Oportunidades para 2010. Y también es mayor al que recibió la Universidad Nacional Autónoma de México el año pasado.
Lo anterior es tan sólo un caso de las 400 empresas que no pagan los impuestos que les corresponden. Dentro de este conjunto de empresas que han recurrido a la figura de “consolidación fiscal” las que “arrastran una deuda fiscal global de 143 mil millones de pesos con Hacienda se encuentran las siguientes: Cemex, Femsa, Bimbo, Televisa, Bachoco, Kimberly Clark, Elecktra, Iusacel, Maseca, Wal–Mart, Comercial Mexicana, Liverpool, Grupo México, Saba, Posadas, Gigante, Herdez, Alfa Sur, Grupo Asur, Aeropuerto del Pacifico y Peñoles, América Móvil, Palacio de Hierro, Autlán, Telmex y AHMSA.”.
Para los que consideren que estos señalamientos se exponen de manera infundada, motivados por cuestiones políticas, es importante señalar que este tipo de análisis se desprenden de la propia información que el Sistema de Administración Tributaria entregó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Diputados en la primera semana de octubre, en un documento que tiene por título “Consolidación / Grandes Contribuyentes”.
Citando una vez más el análisis publicado por la revista “Emeequis” encontramos que el propio SAT reconoce que “ “El régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR de apenas 1.7 por ciento en promedio” ”.
Esta es la parte que los diputados del PRI y del PAN se negaron a modificar en las votaciones del fin de semana. En su lugar, estos diputados recién electos optaron por un alza general del IVA y del ISR que van a afectar de manera directa a la mayoría de la población. Obligando a los asalariados, a los que cobran por honorarios, a las medianas, pequeñas y micro empresas, a pagar más impuestos. Dejando en lo sustancial, de manera intacta el mecanismo legal que permite que los consorcios económicos más poderosos del país sigan gozando del privilegio de contar dentro de sus utilidades lo que socialmente deberían de aportar a la sociedad.

*Director de la revista digital independiente Voz Universitaria
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