México Pirata

Arturo Reyes González
Burladero

La semana pasada hacía referencia a que nuestro México es un país de posibilidades. Prácticamente todo se puede si hay un “arreglo” de por medio y enumeraba una lista de acciones de las que muchos incluso llegamos a ser testigos –como la mordida al agente de tránsito, o el pago por obtener un permiso, licencia u otro–, las cuales se dan a plena luz del día en todas partes.
A partir de octubre del 2007 el gobierno de nuestro país a través del Instituto Mexicano de la propiedad intelectual Industrial (IMPI) anunció que México participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación.
Se trata de un pacto destinado a reducir las violaciones de los derechos de autor y las marcas registradas que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI), para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados en tres áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.
En este contexto de desarrollo de la ACTA (por sus siglas en inglés), finalmente se llegó a un acuerdo entre 40 naciones. Los firmantes aseguran que van a exigir a sus funcionarios que cumplan con las disposiciones de combate a la piratería, desde las aduanas hasta las calles. Un dato complementario interesante es el hecho de que China no aceptó ser parte de la ACTA.
De acuerdo con encuestas dadas a conocer por el mismo IMPI, a pesar de que la gente sabe que la piratería es ilegal, en 90 por ciento los mexicanos justifican su existencia en los altos precios de los productos originales. No se trata sólo de discos, películas o ropa, sabemos que la piratería tiene un mercado muy extendido en el cual encontramos también bebidas alcohólicas, perfumes, medicamentos y hasta autopartes, entre otros.
Para nuestro caso, la ley dice que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 100 a diez mil salarios mínimos a quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos objetos que se ostenten como falsificaciones. ¿A quién le corresponde entonces ejecutar y hacer valer la ley que es clara respecto al tema de la piratería? ¿A los gobiernos federal, estatales, municipales? ¿Quién no esta cumpliendo con su parte y su trabajo?
Todos, todos sabemos donde hay en nuestra ciudad, muchos incluso somos parte de ese proceso de venta ilícita, somos el “consumidor final” de los productos apócrifos a los que se refiere la ley. ¿Qué hacemos al respecto, qué nos queda decir? A menos que en la economía de este país surja un milagro financiero sin precedentes que nos permita contar con finanzas sanas y dignas en cada hogar, sin temor a equivocarme, creo que la piratería es y será parte de nosotros; tan arraigada como ya lo son los tacos sudados o de canasta, las tortas, las mascaras de Salinas o de Fox, la música del TRI, las calaveritas de dulce de los días de todos santos o el maratón Guadalupe Reyes.
¿Qué pasaría si nos quitan la posibilidad de acudir a lugares como el Mix Up de plaza clavijero? ¿Dónde compramos los más? Creo que incluso el tema puede dar para más si vemos que se trata del reflejo de la población mexicana y de su firme intensión por estar actualizada, a la moda, por contar con un nivel cultural musical y cinematográfico superior.
¿Y por qué no aceptó China ser parte de la ACTA? Me parece que se trató de un acto de honestidad, al no comprometerse a combatir algo que o no quieren o no pueden, cuando literalmente todo el mundo sabe de cientos, quizá miles de productos que se copian de manera ilegal en ese también poblado país.
¡Ah pero nosotros sí! Esperemos a que nuestro gobierno nos comunique resultados.