De interés público
Sin periodistas no hay periodismo; sin periodismo no hay democracia
Veracruz acapara los reflectores nacionales e internacionales por la violencia criminal que ha cobrado la vida a 8 periodistas en lo que va del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Organizaciones defensoras de los derechos de los comunicadores, gobiernos extranjeros, dirigentes políticos, intelectuales y analistas de todo signo, reporteros locales, nacionales y allende nuestras fronteras y, de manera significativa, amplios sectores de la sociedad, han unido sus voces para exigir que alguien pare esto y se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para que los periodistas desarrollen su trabajo en la entidad. La demanda, desde luego, se extiende a que se haga justicia y la impunidad deje de ser el epitafio de cada nueva muerte.
El problema como lo han señalado múltiples analistas deviene, sin duda, de la cruenta guerra que protagonizan los cárteles de las drogas que se disputan el control del territorio veracruzano y donde los reporteros que cubren la fuente policiaca han sido las primeras víctimas. Y no me refiero solo a quienes han sido asesinados sino también a los que han preferido desertar de la cobertura informativa –si la hay, habida cuenta la censura y autocensura prevaleciente en este delicado tema- y solicitan a los jefes de información de sus medios cambiar de fuente o de plano se van del estado. En los meses recientes, a raíz de la ejecución de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, se dio a conocer que al menos 13 periodistas habían salido de Veracruz ante amenazas de muerte. Tres de ellos pasado el tiempo y ante la falta de oportunidades laborales en otros lares decidieron retornar y les hicieron efectivas las amenazas: sus cuerpos y el de la pareja sentimental de uno de ellos, fueron encontrados desmembrados en un canal de aguas negras en Boca del Río. Macabro hallazgo a cinco días de haberse conocido el aberrante asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez.
Pero a la par del grave riesgo que viven los comunicadores de nota roja, es una realidad que ha existido en la entidad un clima de hostigamiento hacia periodistas y medios reacios a inscribirse al coro que canta la buenaventura de que vamos hacia delante en la construcción de un estado próspero e insisten en mostrar al Veracruz que no se quiere ver: el de la persistencia de la violencia, de las extorsiones, de las complicidades, de la impunidad de los delincuentes organizados o no y de quienes saquearon el erario público el sexenio pasado, de la continuidad de los negocios y el uso patrimonialista de los recursos públicos. Voces discordantes que abordan los temas que oficialmente no existen. ¡Y qué decir del famoso episodio de los tuiteros encarcelados por “terroristas”!
Hay muchos botones del clima adverso hacia comunicadores incómodos. Recuerdo alguno de los más recientes: los desmanes que protagonizó en Xalapa el grupo que lidera César del Ángel Fuentes –que es sabido ha sido utilizado convenientemente para hostigar personas o instituciones de acuerdo a los intereses de coyuntura, especialmente en épocas electorales- cuando bajo el argumento de que se les discriminaba por información manejada en columnas y medios que justamente cuestionaban el carácter mercenario del líder y su organización, agredieron y hostigaron durante un par de días las instalaciones del periódico Veraz propiedad de la columnista Claudia Guerrero Martínez y del semanario Formato Siete, del periodista Manuel Rosete Chávez.
Se pintarrajearon fachadas, se arrojaron huevos a los edificios, se bloquearon vialidades, tolerado todo por las autoridades. Estos hechos y las amenazas que conllevaron al ejercicio periodístico, no merecieron mayor condena oficial y la actuación consistió de parte del Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, solo en canalizar el asunto a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo federal que al final “medió” entre los quejosos, los periodistas y aquellos medios donde publicaron las informaciones adversas a Del Ángel y sus huestes. El mundo al revés.
Ese clima hostil hacia medios y reporteros críticos se ha expresado además en dificultades para dar cobertura a actividades gubernamentales o eventos oficiales, sin contar, desde luego, la imposibilidad de contar con acceso alguno a publicidad oficial. La constante ha sido la visión maniquea del manejo de la comunicación social gubernamental: estás conmigo o estás contra mí.
En ese contexto, la explosión delictiva de los días recientes contra comunicadores y la consiguiente indignación del gremio nacional, el más crítico, encuentra a una administración con poca capacidad de reacción y precaria credibilidad fuera de la entidad. La manera en que se ha gestionado la relación prensa-gobierno, creyendo que basta con uniformar mensajes en la aldea, hoy pasa la factura, y hace agua en este momento.
La magnitud de lo sucedido, las terribles noticias que han sacudido a la opinión pública nacional e internacional, rebasan por mucho esa pretendida capacidad de ocultamiento y control que tienen en la prensa local y la oleada de críticas, condenas y exigencias para garantizar la debida protección a los periodistas para ejercer su trabajo, los toma sin estrategia. La organización internacional de protección a comunicadores Artículo 19 ha referido, por ejemplo, que los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento de que existían amenazas en contra de periodistas, entre ellos los reporteros gráficos victimados, además de que existe una lista de comunicadores bajo riesgo. Y no se hizo nada por protegerlos.
Ante la gravedad del caso el gobernador Javier Duarte anunció que se crearán dos organismos: uno para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales, como “una respuesta a los tiempos inéditos que vivimos, los cuales nos obligan a decisiones y acciones contundentes, eficaces, que incorporen activamente a la sociedad”, dijo el gobernador.
Ojalá este anuncio se traduzca en una atención genuina al flagelo de la violencia y las amenazas contra comunicadores. Pero que la experiencia sirva también para reorientar las políticas y la posición gubernamental hacia sus críticos. Tolerancia y más tolerancia es la receta.
No se trata solo de salir al paso para intentar amortiguar la tormenta sino de trascender el discurso en este delicado tema.
La sociedad veracruzana y quienes ejercen el periodismo tienen miedo y es obligación de los poderes constituidos garantizar su seguridad y propiciar las condiciones necesarias para que los reporteros desarrollen su labor, sean afines o no al mensaje gubernamental. Esa es la cuestión.
jecesco@hotmail.com
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