Zona Franca
Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, bien podría haber sido un destacado personaje de la Historia Universal de la infamia, que escribiera el ilustre escritor argentino, Jorge Luis Borges. No hay acto más cobarde que desprestigiar a una persona que ya no tiene voz para defenderse.
En vida, jamás pudieron comprar la conciencia de Regina; nunca encontraron la manera de descalificarla moralmente. Ahora que yace, pretenden patear su memoria.
Vincular íntimamente a la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, con sus presuntos asesinos, presentados como delincuentes de la más baja estofa, evidencia la infame intención de desprestigiar, sacudir e impactar, urdida la vileza desde la clase política a la que pertenecen los hilos conductores de un crimen que se presume político.
Para nada, como no sean actos infames, sirve que un gobierno promueva comisiones o leyes para protección de la sociedad, si éstas no se respetan y son usadas para proteger delincuentes y fabricar delitos.
Las muertes de periodistas —las de Regina Martínez, Miguel Angel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, entre otros— cimbraron a Veracruz y también a la opinión pública nacional e internacional. Describieron el nivel de riesgo en que se ejerce el periodismo crítico, a menudo amagado por el crimen organizado y por las altas esferas de la política.
Hace tres meses, el 15 de agosto, el gobierno de Veracruz dio por esclarecidos cuatro asesinatos de periodistas, a partir de una cuestionable revelación de un narcomenudista que aseguraba haber sabido que los comunicadores fueron ejecutados por la banda criminal de Los Zetas porque, a su vez, éstos habían ordenado la muerte de otros tres colegas, entre ellos Milo Vela, columnista del diario Notiver.
El “esclarecimiento” se vino abajo porque los presuntos asesinos no fueron consignados por ese delito. O sea, el caso quedó en la impunidad.
La nueva tormenta que azota al gobierno de Javier Duarte, obedece al desaseo con que pretendió darle salida al asesinato de Regina Martínez. Seis meses después del crimen, dice que el móvil fue el robo, que la periodista era amiga de los delincuentes, incluso novia de uno de ellos. Pero la bajeza llegó a más. Descartó que la hubieran matado por su trabajo profesional, obviamente por sus incesantes críticas al gobierno; al PRI; a los caciques; al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y su gobierno de derroche, endeudamiento y crisis financiera, y al mismo gobernador Duarte, que ha derivado en un cómplice de su antecesor.
Javier Duarte está empecinado en que el crimen de Regina nada tiene que ver con su actividad profesional. Lo hace por sobrevivencia política propia. Haber validado esa hipótesis, habría sido colocarse en la mira de la justicia, pues la corresponsal de Proceso no le daba tregua al gobernador. Aún así, aun cuando la familia política hubiera salido raspada en las indagatorias, su obligación era seguir la pista más sólida.
Frente a la falsa salida tomada por el gobernador Duarte, Proceso le dedicó una andanada en un desplegado a la opinión pública. Los fragmentos más significativos son los siguientes:
“Exigimos una investigación seria para esclarecer el crimen y hacer justicia.
“Lamentamos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa haya recurrido a una burda salida para difundir el supuesto esclarecimiento del homicidio de Regina, método que nos deja ver nítidamente su estilo de gobernar, el recurso de la mentira fácil y el acomodo a sus motivaciones políticas.
“Pero el mandatario veracruzano —es nuestra convicción— se pinta solo en su intento por desacreditar la figura de Regina. El comunicado de su procuraduría recurre a la infamia al relacionarla con supuestos “malvivientes” en hechos que no se sostienen y que no corresponden a su forma de vida, como han acreditado sus amigos, sus alumnos, sus compañeros de profesión y sus fuentes.
“Tanto el contenido del expediente como las filtraciones que desde el gobierno de Veracruz se hicieron sobre el móvil de este crimen y sobre la vida personal de Regina han resultado inverosímiles ante una verdad que sí es incuestionable: nuestra compañera era una periodista comprometida, profesional e intachable, que fue incómoda por su perfil profesional en un estado con instituciones podridas y permeadas por la delincuencia organizada.
“Por el contrario, el manejo del caso es negligente porque no se han seguido todas las líneas de investigación. A nuestro juicio, una fundamental es la relacionada con su trabajo periodístico. La coadyuvancia de Proceso y de la Procuraduría General de la República tampoco ha sido cumplida, como prometió hacerlo el gobierno de Duarte.
“Todos los trabajadores de Proceso hacemos nuestras las palabras del presidente del Consejo de Administración, Julio Scherer García, dirigidas al gobernador Duarte: no les creemos.
“Como lo hicimos saber horas después del asesinato de Regina, queremos la verdad y, sobre todo, la debida justicia. No el olvido ni la impunidad.
“Seis meses después del crimen, pedimos nuevamente a la Procuraduría General de la República la atracción del caso y le exigimos lo mismo: una investigación íntegra y puntual que lleve ante la justicia a los verdaderos culpables de la muerte de Regina”.
Regina Martínez era una periodista limpia y una mujer intachable, congruente su vida personal con su actividad profesional. Era discreta, reservada, sumamente cuidadosa para escoger a sus amigos. Por ello es inconcebible que la Procuraduría de Veracruz la relacione con un par de malvivientes a quienes ahora les imputa el crimen, llegando al extremo de asegurar que la periodista era novia de uno de sus victimarios.
Al gobernador Javier Duarte le ha ido mal con el burdo montaje. No le cree Proceso y no le cree nadie. Peor cuando uno de los supuestos asesinos compareció en un juzgado y dijo que había sido torturado para que se inculpara.
La respuesta del gobierno duartista fue difundir que algunos de los objetos robados a Regina, hallados por la Procuraduría de Veracruz, fueron identificados por los familiares de Regina Martínez.
Esa prueba es irrelevante y, dirían los juristas, de dudosa procedencia. Las policías veracruzanas son proclives a la fabricación de culpables y a la siembra de evidencia para hacer creíbles los resultados de sus investigaciones.
Así como hacen aparecer objetos robados, también acostumbran sembrarle drogas o armas a ciudadanos inocentes. Ese es el concepto de justicia que distingue al gobierno veracruzano.
Esa infamia contrasta con la actitud samaritana del gobernador Duarte, quien ante la escandalosa avalancha de crímenes de periodistas, ha dispuesto la conformación de una comisión para la defensa y seguridad de los comunicadores, con su respectiva ley.
Se le llama Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, y es mamotreto de 27 artículos que habría de dar las pautas para que los comunicadores puedan desarrollar su actividad profesional con la mayor seguridad.
En papel, contempla que a la mentada comisión puedan acudir aquellos periodistas que se sientan amenazados o enfrenten riesgos a su integridad. Estará integrada por cuatro periodistas, dos propietarios o directivos de medios de comunicación; dos representantes de organizaciones no gubernamentales, y un académico que represente a la comunidad universitaria. Habría que ver quién designa a los periodistas; si son críticos o a sueldo del gobierno; si los dueños de los medios son independientes o industriales de la prensa, pues de otra forma no sería más que un club de amigos para taparle el ojo al macho.
La comisionitis nunca ha sido buena, mucho menos práctica. Resulta irrelevante cuando tiene como misión garantizar la integridad de periodistas críticos, siendo auspiciada por un gobierno que ha sido extremadamente hostil con la prensa que difunde los errores macros del gobernador Duarte; la complicidad con el régimen que encabezó Fidel Herrera Beltrán; la corrupción que llevó a Veracruz a un estado de crisis financiera; el involucramiento de las policías y la Procuraduría estatal con el crimen organizado, señalamientos que terminan por mantener confrontado al gobierno duartista con la prensa de denuncia.
Resulta, pues, hipócrita exaltar preocupación por la oleada violenta contra la prensa crítica y simultáneamente enlodar con una infamia a una de sus principales figuras, Regina Martínez.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, bien podría haber sido un destacado personaje de la Historia Universal de la infamia, que escribiera el ilustre escritor argentino, Jorge Luis Borges. No hay acto más cobarde que desprestigiar a una persona que ya no tiene voz para defenderse.
En vida, jamás pudieron comprar la conciencia de Regina; nunca encontraron la manera de descalificarla moralmente. Ahora que yace, pretenden patear su memoria.
Vincular íntimamente a la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, con sus presuntos asesinos, presentados como delincuentes de la más baja estofa, evidencia la infame intención de desprestigiar, sacudir e impactar, urdida la vileza desde la clase política a la que pertenecen los hilos conductores de un crimen que se presume político.
Para nada, como no sean actos infames, sirve que un gobierno promueva comisiones o leyes para protección de la sociedad, si éstas no se respetan y son usadas para proteger delincuentes y fabricar delitos.
Las muertes de periodistas —las de Regina Martínez, Miguel Angel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, entre otros— cimbraron a Veracruz y también a la opinión pública nacional e internacional. Describieron el nivel de riesgo en que se ejerce el periodismo crítico, a menudo amagado por el crimen organizado y por las altas esferas de la política.
Hace tres meses, el 15 de agosto, el gobierno de Veracruz dio por esclarecidos cuatro asesinatos de periodistas, a partir de una cuestionable revelación de un narcomenudista que aseguraba haber sabido que los comunicadores fueron ejecutados por la banda criminal de Los Zetas porque, a su vez, éstos habían ordenado la muerte de otros tres colegas, entre ellos Milo Vela, columnista del diario Notiver.
El “esclarecimiento” se vino abajo porque los presuntos asesinos no fueron consignados por ese delito. O sea, el caso quedó en la impunidad.
La nueva tormenta que azota al gobierno de Javier Duarte, obedece al desaseo con que pretendió darle salida al asesinato de Regina Martínez. Seis meses después del crimen, dice que el móvil fue el robo, que la periodista era amiga de los delincuentes, incluso novia de uno de ellos. Pero la bajeza llegó a más. Descartó que la hubieran matado por su trabajo profesional, obviamente por sus incesantes críticas al gobierno; al PRI; a los caciques; al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y su gobierno de derroche, endeudamiento y crisis financiera, y al mismo gobernador Duarte, que ha derivado en un cómplice de su antecesor.
Javier Duarte está empecinado en que el crimen de Regina nada tiene que ver con su actividad profesional. Lo hace por sobrevivencia política propia. Haber validado esa hipótesis, habría sido colocarse en la mira de la justicia, pues la corresponsal de Proceso no le daba tregua al gobernador. Aún así, aun cuando la familia política hubiera salido raspada en las indagatorias, su obligación era seguir la pista más sólida.
Frente a la falsa salida tomada por el gobernador Duarte, Proceso le dedicó una andanada en un desplegado a la opinión pública. Los fragmentos más significativos son los siguientes:
“Exigimos una investigación seria para esclarecer el crimen y hacer justicia.
“Lamentamos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa haya recurrido a una burda salida para difundir el supuesto esclarecimiento del homicidio de Regina, método que nos deja ver nítidamente su estilo de gobernar, el recurso de la mentira fácil y el acomodo a sus motivaciones políticas.
“Pero el mandatario veracruzano —es nuestra convicción— se pinta solo en su intento por desacreditar la figura de Regina. El comunicado de su procuraduría recurre a la infamia al relacionarla con supuestos “malvivientes” en hechos que no se sostienen y que no corresponden a su forma de vida, como han acreditado sus amigos, sus alumnos, sus compañeros de profesión y sus fuentes.
“Tanto el contenido del expediente como las filtraciones que desde el gobierno de Veracruz se hicieron sobre el móvil de este crimen y sobre la vida personal de Regina han resultado inverosímiles ante una verdad que sí es incuestionable: nuestra compañera era una periodista comprometida, profesional e intachable, que fue incómoda por su perfil profesional en un estado con instituciones podridas y permeadas por la delincuencia organizada.
“Por el contrario, el manejo del caso es negligente porque no se han seguido todas las líneas de investigación. A nuestro juicio, una fundamental es la relacionada con su trabajo periodístico. La coadyuvancia de Proceso y de la Procuraduría General de la República tampoco ha sido cumplida, como prometió hacerlo el gobierno de Duarte.
“Todos los trabajadores de Proceso hacemos nuestras las palabras del presidente del Consejo de Administración, Julio Scherer García, dirigidas al gobernador Duarte: no les creemos.
“Como lo hicimos saber horas después del asesinato de Regina, queremos la verdad y, sobre todo, la debida justicia. No el olvido ni la impunidad.
“Seis meses después del crimen, pedimos nuevamente a la Procuraduría General de la República la atracción del caso y le exigimos lo mismo: una investigación íntegra y puntual que lleve ante la justicia a los verdaderos culpables de la muerte de Regina”.
Regina Martínez era una periodista limpia y una mujer intachable, congruente su vida personal con su actividad profesional. Era discreta, reservada, sumamente cuidadosa para escoger a sus amigos. Por ello es inconcebible que la Procuraduría de Veracruz la relacione con un par de malvivientes a quienes ahora les imputa el crimen, llegando al extremo de asegurar que la periodista era novia de uno de sus victimarios.
Al gobernador Javier Duarte le ha ido mal con el burdo montaje. No le cree Proceso y no le cree nadie. Peor cuando uno de los supuestos asesinos compareció en un juzgado y dijo que había sido torturado para que se inculpara.
La respuesta del gobierno duartista fue difundir que algunos de los objetos robados a Regina, hallados por la Procuraduría de Veracruz, fueron identificados por los familiares de Regina Martínez.
Esa prueba es irrelevante y, dirían los juristas, de dudosa procedencia. Las policías veracruzanas son proclives a la fabricación de culpables y a la siembra de evidencia para hacer creíbles los resultados de sus investigaciones.
Así como hacen aparecer objetos robados, también acostumbran sembrarle drogas o armas a ciudadanos inocentes. Ese es el concepto de justicia que distingue al gobierno veracruzano.
Esa infamia contrasta con la actitud samaritana del gobernador Duarte, quien ante la escandalosa avalancha de crímenes de periodistas, ha dispuesto la conformación de una comisión para la defensa y seguridad de los comunicadores, con su respectiva ley.
Se le llama Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, y es mamotreto de 27 artículos que habría de dar las pautas para que los comunicadores puedan desarrollar su actividad profesional con la mayor seguridad.
En papel, contempla que a la mentada comisión puedan acudir aquellos periodistas que se sientan amenazados o enfrenten riesgos a su integridad. Estará integrada por cuatro periodistas, dos propietarios o directivos de medios de comunicación; dos representantes de organizaciones no gubernamentales, y un académico que represente a la comunidad universitaria. Habría que ver quién designa a los periodistas; si son críticos o a sueldo del gobierno; si los dueños de los medios son independientes o industriales de la prensa, pues de otra forma no sería más que un club de amigos para taparle el ojo al macho.
La comisionitis nunca ha sido buena, mucho menos práctica. Resulta irrelevante cuando tiene como misión garantizar la integridad de periodistas críticos, siendo auspiciada por un gobierno que ha sido extremadamente hostil con la prensa que difunde los errores macros del gobernador Duarte; la complicidad con el régimen que encabezó Fidel Herrera Beltrán; la corrupción que llevó a Veracruz a un estado de crisis financiera; el involucramiento de las policías y la Procuraduría estatal con el crimen organizado, señalamientos que terminan por mantener confrontado al gobierno duartista con la prensa de denuncia.
Resulta, pues, hipócrita exaltar preocupación por la oleada violenta contra la prensa crítica y simultáneamente enlodar con una infamia a una de sus principales figuras, Regina Martínez.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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