Zona Franca
Algo muy grave está pasando en Veracruz, cuando el gobierno del estado presume constantemente de la captura de bandas de secuestradores y, de manera contradictoria, la incidencia del delito aumenta.
Peor aún, cuando es de sobra conocido y documentado que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa maquilla cifras para evitar ser la nota en hechos tan reprobables como la delincuencia que priva de libertades y vidas.
La línea oficial es ocultar la cruda realidad. Traducido a un idioma común, es el manejo de un récord de secuestros mutilado, cercenado en su esencia para soslayar la responsabilidad de las instituciones en el gravísimo problema de la inseguridad.
Esa postura, la del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, es contraria a la ética política y también a la transparencia con que se deben conducir quienes ostentan cargos públicos y que es, por si el gobernador y su corte simulan negarlo, garantía constitucional, derecho de la sociedad a estar plenamente informados.
El caso Veracruz es alarmante. No hay día que se sepa de un secuestro, de violencia extrema, de ajuste de cuentas o de cuerpos mutilados. Las mafias del crimen organizado vuelven a tomar por su cuenta a Veracruz, aún con la presencia del Ejército y la Marina, y de los operativos seguros o el Mando Policial Único.
Académicos, dirigentes de partidos políticos, empresarios e integrantes de organismos no gubernamentales van llevando puntualmente la estadística de los secuestros y de los crímenes violentos que ocurren cuando las mafias del narcotráfico se disputan el mercado y el territorio. Sus cifras con pavorosas, alarmantes y, sobre todo, dolorosamente permiten advertir que los delitos ocurren por incapacidad de las instituciones o se solapan por corrupción de los servidores públicos.
Lo dice Joaquín Sosa Herrera, líder del Partido de la Revolución Democrática, y Román Malpica Mota, dirigente de Acción Nacional, ambos en el puerto de Veracruz, y la coincidencia termina por dejar un sentimiento de preocupación. Uno y otro coinciden en ese maquillaje oficial perverso y alertan que los operativos de seguridad han dejado de funcionar.
Los asaltos ocurren en la vía pública, en casas-habitación, en las empresas, en estacionamientos de centros comerciales, en restaurantes y hasta en iglesias. La policía, por su parte, es incapaz de atacar la delincuencia de manera preventiva y las corporaciones encargadas de detectar a las bandas criminales para inhibir su acción, no lo hacen, por incapacidad o por complicidad.
Lo asombroso es escuchar o leer las palabras del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien un día oculta cifras, otro justifica la incapacidad policíaca para enfrentar a la delincuencia, y otro más le endosa la responsabilidad a la sociedad.
Bermúdez ha dado la nota por su empeño en maquillar la oleada violenta que azota a Veracruz y se empecina en afirmar que las estrategias están bien diseñadas pero en el algunos sitios hay que corregir las acciones contra la delincuencia. Su otro argumento es que no se puede avanzar porque la población no denuncia, y si no denuncia es porque desconfía del aparato judicial.
Veracruz vive momentos críticos, atrapado en esa espiral de violencia. A nivel nacional, según estadísticas del organismo Alto al Secuestro, ocupa el quinto lugar, sólo detrás del Estado de México, Morelos, Tamaulipas y Distrito Federal.
En 2013, se registró el mayor número de secuestros de que se tenga memoria. Es una industria que va en crecimiento y deja en claro que mientras las bandas del narcotráfico logran pactos, disminuyen sus enfrentamientos, pero de inmediato se incrementa el plagio de personas.
Veracruz, en ese sentido, se ubicó en 2013 en el quinto lugar de secuestros y eso ocurrió cuando la presencia de las fuerzas federales —Ejército, Marina, Policía Federal— ofrecía recuperar el estado para los veracruzanos y sus instituciones.
El 9 de enero pasado, el puerto de Veracruz se cimbró con el hallazgo de tres cabezas halladas en la parte posterior del motel Venus. Los vecinos lo reportaron. Las fuerzas policíacas llegaron y confirmaron el hecho. Se encontró un narcomensaje en el que advertía que eso le sucedería a otros “mugrosos zetas”, lo que presupone una nueva escalada de violencia por el control del territorio veracruzano.
A lo largo del territorio veracruzano, en el norte, centro y sur, la incidencia de casos de violencia va generando la certeza de que el gobierno no sabe cómo, no quiere o no puede combatir la delincuencia. En el puerto de Veracruz, en la zona limítrofe con Oaxaca o en la zona región sur, se mata a placer y se deja la huella del delito: secuestro, tortura y cuerpos descabezados.
Uno de los últimos hallazgos, aunque seguramente no será el último, sucedió en Coatzacoalcos. En la playa, entre los fraccionamientos Puerto Esmeralda y las Gaviotas, fue hallado un cuerpo entre la arena mientras la maquinaria de una empresa inmobiliaria realizaba trabajos de remoción. Una de las maniobras puso a flote el cuerpo, pero de inmediato se vio que la cabeza había sido cercenada. Metros adelante, los trabajadores de la compañía la hallaron.
En el sur, la lista de secuestros va en aumento. En 2012 las cifras eran las siguientes: Minatitlán, siete; Acayucan, cinco, Cosoleacaque, cuatro; Coatzacoalcos, tres; Agua Dulce, dos, y Las Choapas, uno. En total, 22 secuestros.
Para 2013, el récord es este: Minatitlán, ocho secuestros; Acayucan, siete; Cosoleacaque, seis; Coatzacoalcos, cuatro; Jáltipan, tres; Las Choapas, tres; Agua Dulce, dos; Nanchital, uno, y Jesús Carranza, uno. En suma, 35 secuestros.
Sin embargo, esas son las cifras oficiales. Las extraoficiales son peores. Muchos secuestrados optan por no denunciar por temor a las represalias que pudieran sufrir por parte de sus captores, quienes durante el cautiverio les infunden ese temor. Y en algunos casos, los familiares del plagiado prefieren negociar sin enterar a las autoridades para no poner en riesgo al secuestrado.
Así ocurre en Las Choapas, en Coatzacoalcos, en Veracruz, en Xalapa, en Poza Rica, en Pánuco. Es violencia incontenible. Pero lo más grave es no sólo el avance de la delincuencia, sino la incapacidad del gobierno de Javier Duarte para enfrentar la violencia, y todavía peor, ese afán suicida de maquillar cifras para sacar a Veracruz de su deshonroso quinto lugar nacional entre las entidades con mayor número de secuestros.
Quizá con algo de polvo y barniz, el gobernador Duarte pueda simular que Veracruz no está atrapado en la violencia del crimen organizado. Pero eso no es la realidad. Es sólo barniz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Algo muy grave está pasando en Veracruz, cuando el gobierno del estado presume constantemente de la captura de bandas de secuestradores y, de manera contradictoria, la incidencia del delito aumenta.
Peor aún, cuando es de sobra conocido y documentado que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa maquilla cifras para evitar ser la nota en hechos tan reprobables como la delincuencia que priva de libertades y vidas.
La línea oficial es ocultar la cruda realidad. Traducido a un idioma común, es el manejo de un récord de secuestros mutilado, cercenado en su esencia para soslayar la responsabilidad de las instituciones en el gravísimo problema de la inseguridad.
Esa postura, la del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, es contraria a la ética política y también a la transparencia con que se deben conducir quienes ostentan cargos públicos y que es, por si el gobernador y su corte simulan negarlo, garantía constitucional, derecho de la sociedad a estar plenamente informados.
El caso Veracruz es alarmante. No hay día que se sepa de un secuestro, de violencia extrema, de ajuste de cuentas o de cuerpos mutilados. Las mafias del crimen organizado vuelven a tomar por su cuenta a Veracruz, aún con la presencia del Ejército y la Marina, y de los operativos seguros o el Mando Policial Único.
Académicos, dirigentes de partidos políticos, empresarios e integrantes de organismos no gubernamentales van llevando puntualmente la estadística de los secuestros y de los crímenes violentos que ocurren cuando las mafias del narcotráfico se disputan el mercado y el territorio. Sus cifras con pavorosas, alarmantes y, sobre todo, dolorosamente permiten advertir que los delitos ocurren por incapacidad de las instituciones o se solapan por corrupción de los servidores públicos.
Lo dice Joaquín Sosa Herrera, líder del Partido de la Revolución Democrática, y Román Malpica Mota, dirigente de Acción Nacional, ambos en el puerto de Veracruz, y la coincidencia termina por dejar un sentimiento de preocupación. Uno y otro coinciden en ese maquillaje oficial perverso y alertan que los operativos de seguridad han dejado de funcionar.
Los asaltos ocurren en la vía pública, en casas-habitación, en las empresas, en estacionamientos de centros comerciales, en restaurantes y hasta en iglesias. La policía, por su parte, es incapaz de atacar la delincuencia de manera preventiva y las corporaciones encargadas de detectar a las bandas criminales para inhibir su acción, no lo hacen, por incapacidad o por complicidad.
Lo asombroso es escuchar o leer las palabras del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien un día oculta cifras, otro justifica la incapacidad policíaca para enfrentar a la delincuencia, y otro más le endosa la responsabilidad a la sociedad.
Bermúdez ha dado la nota por su empeño en maquillar la oleada violenta que azota a Veracruz y se empecina en afirmar que las estrategias están bien diseñadas pero en el algunos sitios hay que corregir las acciones contra la delincuencia. Su otro argumento es que no se puede avanzar porque la población no denuncia, y si no denuncia es porque desconfía del aparato judicial.
Veracruz vive momentos críticos, atrapado en esa espiral de violencia. A nivel nacional, según estadísticas del organismo Alto al Secuestro, ocupa el quinto lugar, sólo detrás del Estado de México, Morelos, Tamaulipas y Distrito Federal.
En 2013, se registró el mayor número de secuestros de que se tenga memoria. Es una industria que va en crecimiento y deja en claro que mientras las bandas del narcotráfico logran pactos, disminuyen sus enfrentamientos, pero de inmediato se incrementa el plagio de personas.
Veracruz, en ese sentido, se ubicó en 2013 en el quinto lugar de secuestros y eso ocurrió cuando la presencia de las fuerzas federales —Ejército, Marina, Policía Federal— ofrecía recuperar el estado para los veracruzanos y sus instituciones.
El 9 de enero pasado, el puerto de Veracruz se cimbró con el hallazgo de tres cabezas halladas en la parte posterior del motel Venus. Los vecinos lo reportaron. Las fuerzas policíacas llegaron y confirmaron el hecho. Se encontró un narcomensaje en el que advertía que eso le sucedería a otros “mugrosos zetas”, lo que presupone una nueva escalada de violencia por el control del territorio veracruzano.
A lo largo del territorio veracruzano, en el norte, centro y sur, la incidencia de casos de violencia va generando la certeza de que el gobierno no sabe cómo, no quiere o no puede combatir la delincuencia. En el puerto de Veracruz, en la zona limítrofe con Oaxaca o en la zona región sur, se mata a placer y se deja la huella del delito: secuestro, tortura y cuerpos descabezados.
Uno de los últimos hallazgos, aunque seguramente no será el último, sucedió en Coatzacoalcos. En la playa, entre los fraccionamientos Puerto Esmeralda y las Gaviotas, fue hallado un cuerpo entre la arena mientras la maquinaria de una empresa inmobiliaria realizaba trabajos de remoción. Una de las maniobras puso a flote el cuerpo, pero de inmediato se vio que la cabeza había sido cercenada. Metros adelante, los trabajadores de la compañía la hallaron.
En el sur, la lista de secuestros va en aumento. En 2012 las cifras eran las siguientes: Minatitlán, siete; Acayucan, cinco, Cosoleacaque, cuatro; Coatzacoalcos, tres; Agua Dulce, dos, y Las Choapas, uno. En total, 22 secuestros.
Para 2013, el récord es este: Minatitlán, ocho secuestros; Acayucan, siete; Cosoleacaque, seis; Coatzacoalcos, cuatro; Jáltipan, tres; Las Choapas, tres; Agua Dulce, dos; Nanchital, uno, y Jesús Carranza, uno. En suma, 35 secuestros.
Sin embargo, esas son las cifras oficiales. Las extraoficiales son peores. Muchos secuestrados optan por no denunciar por temor a las represalias que pudieran sufrir por parte de sus captores, quienes durante el cautiverio les infunden ese temor. Y en algunos casos, los familiares del plagiado prefieren negociar sin enterar a las autoridades para no poner en riesgo al secuestrado.
Así ocurre en Las Choapas, en Coatzacoalcos, en Veracruz, en Xalapa, en Poza Rica, en Pánuco. Es violencia incontenible. Pero lo más grave es no sólo el avance de la delincuencia, sino la incapacidad del gobierno de Javier Duarte para enfrentar la violencia, y todavía peor, ese afán suicida de maquillar cifras para sacar a Veracruz de su deshonroso quinto lugar nacional entre las entidades con mayor número de secuestros.
Quizá con algo de polvo y barniz, el gobernador Duarte pueda simular que Veracruz no está atrapado en la violencia del crimen organizado. Pero eso no es la realidad. Es sólo barniz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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