Reforma al campo

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Manuel Bernardo Aguirre dejó la Secretaría de Agricultura y Ganadería en 1974, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez; en su lugar llegó Oscar Brauer Herrera, xalapeño que había consolidado una carrera importante como académico e investigador en materia agropecuaria.
Durante una gira por el estado de Yucatán, Oscar Brauer lanzó una frase lapidaria con la que resumió los criterios de las políticas públicas para el sector: los campesinos, dijo, “no están organizados para sembrar, sino para votar”; eso, en el marco de un evento de la Liga de Comunidades Agrarias de aquel estado.
En ese gobierno hubo intentos por aumentar la productividad en el sector primario del país y se destinó una fuerte inversión para tecnificar; sin embargo, los estrategas de esas medidas no tomaron en cuenta que al introducir máquinas que mejoraban el rendimiento por hectárea, también desplazaban a la mano de obra de los campesinos, que emigraron a las ciudades y crearon cinturones de miseria.
Han pasado casi 40 años y los problemas del campo mexicano son los mismos, a pesar de los programas instrumentados por los gobiernos en turno, desde Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA, creado en 1991; hasta Procampo, Alianza para el Campo, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y el de Empleo Temporal.
El sector agropecuario nacional está ligado a las áreas rurales donde viven más de 26 millones de personas; de ellas, el 80 por ciento se encuentran en la pobreza.
En cuanto a las llamadas unidades de producción rural, el 72 por ciento son trabajadas por campesinos, indígenas y pequeños productores que cuentan con menos de cinco hectáreas y que sólo producen para el autoconsumo; el 22 por ciento son productores que tienen menos de 20 hectáreas y solo el 6 por ciento son productores y empresarios que destinan la cosecha a los mercados nacional y extranjero.
La tragedia del campo mexicano tiene que ver con el rezago y la falta de competitividad.
De acuerdo con datos que maneja la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ningún país debe importar más del 25 por ciento de los alimentos que su población consume. Sin embargo, en México las importaciones llegan al 43 por ciento, cifra que habla de una grave dependencia agroalimentaria.
En los últimos 30 años, las exportaciones agropecuarias se han triplicado en términos generales, pero hay un decremento importante en las exportaciones de algodón, café y tabaco. En cuanto a las importaciones, la introducción al país de frutas era en 1980 equivalente a 15 millones de dólares; 20 años después, la cifra casi llegaba a los 500 millones.
Los retos del sector agropecuario nacional pasan por la eficiencia y la efectividad del gasto en desarrollo rural; el fomento a la investigación, el crédito para productores, el uso del agua y sistemas de riego y, sobre todo, por aumentar la competitividad.
El seis de enero, en el marco del aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, en el Puerto de Veracruz el presidente Enrique Peña Nieto anunció que este año se concretaría la llamada reforma al campo mexicano, que tendría como metas la justicia social en el medio rural, la productividad, la rentabilidad, la inversión en ciencia y tecnología, y, sobre todo, la seguridad alimentaria, que es condición para la soberanía y la estabilidad social.
Desde tiempos de Luis Echeverría, todos los presidentes de la República han hablado de transformar al sector agropecuario de nuestro país; esperemos que éste no sea uno más y que los recursos que se inyecten al sector contribuyan a resolver los problemas y no a beneficiar a las organizaciones políticas que durante décadas han medrado a costa de los productores. @luisromero85