Hora Cero
Durante los últimos meses, con el argumento del aumento en los precios de las refacciones y los combustibles, los concesionarios del transporte han planteado la necesidad de que el Gobierno de Veracruz autorice un incremento en las tarifas, solicitud que les ha sido negada.
Algunos propietarios de taxis y autobuses del servicio urbano de diferentes zonas de la entidad han optado por dos caminos: negar los descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad o aumentar, aun sin la autorización, las tarifas correspondientes, ante la inconformidad de los usuarios.
El Gobierno estatal, debido a ello, inició la aplicación de sanciones a los concesionarios del autotransporte local que han violado las tarifas establecidas. Ayer, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, expuso que 380 autobuses fueron retenidos, al ser sorprendidos violando las disposiciones oficiales en esa materia.
De hecho, el gobernador Javier Duarte amagó con el retiro de las concesiones a quienes abusen de los usuarios, violando las tarifas que fijó el Gobierno del estado.
Se trata de medidas que tienden a proteger a los usuarios del transporte público de los abusos de los empresarios del ramo.
Sin embargo, el tema del transporte no se limita al cumplimiento de las tarifas; pasa también por la modernización del parque vehicular, dado que las unidades que actualmente prestan el servicio, en muchos casos, están convertidas en verdaderas chatarras rodantes.
A pesar de que la ley lo prohíbe, hay camiones que tienen más de 30 años en el servicio público y siguen rodando.
Y es ahí donde surge la pregunta, ¿cómo pasan la revista vehicular anual esas cafeteras?
Lamentablemente, las respuestas posibles van desde la ineficiencia, la desatención y la desidia hasta la complicidad y la corrupción de los responsables de las revisiones a las unidades.
Muchos usuarios del transporte público pagarían un poco más por el servicio si este fuera eficiente, limpio y digno; en cambio, lo que tenemos son unidades viejas, obsoletas, sucias y descuidadas, cuyos propietarios insisten hasta el cansancio en cobrar más por el mismo pésimo servicio.
Por otra parte, hay unidades del servicio público, taxis y urbanos, que prestan el servicio al margen de la ley. En la zona del Totonacapan, al norte veracruzano, por ejemplo, son pocas las concesiones y muchas las unidades piratas, que operan sin permisos ni concesiones del Gobierno y, lo que es peor, sin seguridad alguna para los usuarios, que están desprotegidos en el caso de un accidente.
Hace algunos años, por ejemplo, un delegado de la Dirección de Tránsito del Estado en Coyutla y Espinal, en la sierra totonaca, comentaba que más de la mitad de los taxis eran ilegales pero que debido al potencial problema social que representaba meterlos en orden, era más fácil ignorar el tema; y en efecto, es más fácil, pero también es propiciar el incumplimiento de la ley.
Son esos, en resumen, los temas que deben atender los concesionarios, en el caso de la modernización de las unidades, y el Gobierno veracruzano, en el tema de la piratería y las tarifas del transporte.
@luisromero85
http://luisromero85.blogspot.mx/
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