viernes, 18 de julio de 2014

Albergues, asistencia y abusos

Luis Alberto Romero
Hora Cero

El rescate de 500 menores retenidos en el albergue “La Gran Familia”, de Zamora, Michoacán, donde eran sometidos a maltrato y abusos físicos, psicológicos y sexuales, dio la vuelta al mundo. Los hechos ocurrieron este 15 de julio como parte de un operativo de la Procuraduría General de la República.
Se trata de niños y niñas de entre 3 y 17 años, así como media docena de bebés que estaban al cuidado de un albergue que tenía como responsable a la señora Rosa del Carmen Verduzco, conocida en ese lugar como Mamá Rosa. En esa acción de la Procuraduría fueron detenidas otras nueve personas que trabajaban en el lugar, todas a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte oficial y con las crónicas de la prensa, ese albergue operó durante más de 40 años en la impunidad, ofreciendo condiciones prácticamente inhumanas, castigos excesivos y abusos contra los menores que decía proteger. Durante la revisión de la PGR, por ejemplo, fueron retiradas más de 20 toneladas de basura; entre esos desechos vivían más de 500 menores.
Una vez destapada esa cloaca, el gobernador interino de Michoacán, Salvador Jara, ordenó la inmediata revisión de todos los albergues que operan con supuestos fines asistenciales pero que en realidad son casas de explotación.
El tema debe tomarse como un llamado de atención para las autoridades de otros estados del país, donde funcionan de manera irregular albergues y casas de asistencia para sectores vulnerables, niños, mujeres maltratadas, personas paupérrimas y desamparadas, así como quienes se encuentran en condición de mendicidad.
Recordamos, por ejemplo, una declaración de quien fungiera al inicio del presente sexenio como director del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Juan Antonio Nemi Dib. El funcionario habló de unos 300 albergues, hospicios, casas de asistencia y asilos que operaban de forma irregular; en algunos casos, incluso, obligaban a las personas a la mendicidad.
Más de 3 mil veracruzanos se encontraban en esa condición, por lo que en 2012, el ejecutivo estatal presentó la iniciativa de Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz, misma que entró en vigor el 24 de septiembre de ese año.
Dicha disposición legal obliga a los albergues a registrarse ante la autoridad –el DIF en este caso–; entregar un padrón actualizado de las personas que son beneficiadas; asistir a cursos; y contar con personal calificado en medicina, derecho y nutrición; prohíbe explícitamente que se obligue a los usuarios de estas casas a realizar actividades que atenten contra su dignidad e integridad, como pedir limosna, por ejemplo.
La ley contempla revisiones anuales a los albergues e involucra a prácticamente toda la estructura del gobierno estatal, el gobernador, el DIF, las secretarías de Protección Civil, Educación y Salud, la Contraloría y, por supuesto, la Procuraduría de Justicia.
Lo interesante ahora sería que las autoridades dieran a conocer los avances en cuanto al registro, el padrón, las inspecciones y el estado en que operan las casas de asistencia que existen en Veracruz, a fin de rescatar, si es que hubiera, personas explotadas o víctimas de abusos; y evitar, de paso, un escándalo como el de Michoacán. @luisromero85
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