Ley del IPE: Incremento de cuotas

Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Místicos y Terrenales 

La nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz que este viernes será votada en la Cámara de Diputados local trae implícito el reconocimiento de la bancarrota a que el gobierno de Javier Duarte lo llevó, deteniendo y reteniendo el pago de las participaciones del gobierno del estado e incluso de las cuotas de los trabajadores. ¿Cuánto es lo que el gobierno del estado de Veracruz tiene pendiente de entrega al IPE en estos momentos?
Rosario Quirasco, que fue dirigente magisterial y que ahora coordina al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, cuestionó la puntualidad de la entrega de las cuotas y aportaciones del gobierno del estado al IPE y la impunidad con que esto ocurre: “pregúntenle a todos los patrones lo que les hace el IMSS cuando durante un mes no pagan su cuota”, puntualizó
De hecho alertó que esta nueva Ley busca eliminar las partidas pendientes de entrega que tiene el gobierno del estado con el IPE al apuntar en su articulo 14 transitorio que “El Instituto de Pensiones del Estado en el ámbito de la armonización contable, únicamente podrá registrar en su contabilidad los adeudos adquiridos mediante convenios suscritos bajo la vigencia de esta ley”.
Esto quiere decir, detalló Rosario Quirasco, que cualquier adeudo del Gobierno del Estado anterior a la vigencia de esta ley desaparece, “y por eso me pregunto: ¿los fondos de la Reserva Técnica Específica están completos? ¿O el señor Gobernador se está dando permiso a sí mismo de que no lo estén?”
También trae consigo dos medidas que en lo inmediato afectan a todos los derechohabientes de ese Instituto:
Incremento de las cuotas, del 12 al 20 % del salario
Incremento en la edad mínima jubilatoria, al pasarla a 65 años
El incremento de cuotas es también para cubrir el fuerte desfalco que tiene el Instituto y que no lo provocaron los trabajadores, si no la terrible administración que los gobiernos estatales han hecho del Instituto.
El aumentar la edad jubilatoria a 65 años la justifican con el incremento del promedio de vida real y útil, pero más que nada es para alargar el momento de la jubilación y disminuir el tiempo que los trabajadores cobrarán la pensión.
En cambio lo que es injustificable es que mientras se pretende cobrarle al trabajador el 20% del total de lo que se le paga, se pretende jubilarlo con el sueldo nominal, es decir sin las prestaciones por las que también le descontaran.
Y de paso muestra el servilismo y hasta la corrupción de los dirigentes sindicales. Un ejemplo, Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, donde se aprobará la Ley del IPE es un destacado dirigente del SNTE, de la sección 32, y dejará pasar la propuesta sin siquiera intentar moverle una coma. De hecho, en la fotografía oficial de la entrega de propuesta de ley que hizo Javier Duarte se le ve como uno de los más fuertes aplaudidores.
El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz debería “dar servicio” a todos los trabajadores que tienen relación con el gobierno del estado, entre ellos el sector más fuerte, el magisterial, que incluye casi 140 mil plazas en la entidad, pero también entran ahí los trabajadores del gobierno del estado, los de los ayuntamientos, los del Instituto Electoral Veracruzano, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de la Legislatura del estado, y los trabajadores y académicos de la Universidad Veracruzana, y los policías, a los que también les paga el gobierno del estado
Sin embargo, nadie, absolutamente ningún representante de estos sindicatos o grupos participó en la elaboración de la Ley, la cual fue armada por un notario que ha estado inmerso en las modificaciones de las leyes de los institutos de pensiones y por el Director Jurídico del gobierno del estado, Eduardo Andrade Sánchez.
Vaya, ni siquiera el director actual del IPE, Armando Adriano Fabre (que también es notario público) opinó sobre la redacción del texto, si no que nada más le toco conocerlo, asumirlo y defenderlo medianamente ante los diputados locales, quienes tampoco lo criticaron mucho porque ya están más que puestos para aprobarlo.
De hecho Armando Adriano tampoco tuvo gran participación para planchar a los dirigentes sindicales, porque los magisteriales le tocaron a Adolfo Mota, como Secretario de Educación.
En lo legislativo no hay problema, porque la Ley del IPE pasará sin más gracias a la sobrerrepresentación que tiene el PRI, a la bancada panista pintada de rojo, al PRD que es más priista que muchos diputados de ese partido y a los legisladores del PVEM, que están en la misma línea, por lo menos.
Javier Duarte está aplicando esta propuesta por una situación muy sencilla: busca ahorrarse unos cuantos millones de pesos, para que la quiebra real en que tiene a las finanzas del gobierno del estado ya no le sea tan pesada.
La Ley tiene muchas inequidades y muchos contrasentidos que irán brincando poco a poco.
Por lo pronto el presentar la propuesta de Ley en esta época fue para evitar precisamente mayores manifestaciones en contra, al estar los trabajadores de la educación en periodo vacacional y prácticamente desmovilizados.
El IPE será con esta nueva Ley una terrible sanguijuela de recursos a los trabajadores, pero continuará siendo un pésimo prestador de servicios sociales para los mismos, porque en la prisa ni siquiera pusieron alguna contraprestación que incentivará el aceptar los incrementos y el corrimiento de edad.
Todo a favor del gobierno del estado y sus místicos, todo en contra para los terrenales trabajadores.
Y la única verdad es que se pretende tapar un poquito el gran hueco financiero que el gobierno de Javier Duarte le hizo a las finanzas de Veracruz.

CARLOS LUNA Y ARCA

Carlos Luna Escudero, en su calidad de presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA) sostuvo varias reuniones de trabajo en República Dominicana y Cuba, en concreción de un proyecto de educación universitaria internacional que vincule a instituciones de educación superior de estos países y de varios más de América Latina y el Caribe.
La mejora de los planes y programas de estudio, con énfasis en la formación social y el desarrollo de la educación virtual, fue parte de los temas tratados.
También se anunció que República Dominicana concedió becas para que alumnos de Latinoamérica lleguen a sus universidades.
Una de las intenciones más ambiciosas de ARCA es la homologación de los diplomas universitarios, para que tengan reconocimiento y validez en toda la región.
Por el bien de la educación superior, que todo salga mejor.