Trata de personas

Luis Alberto Romero
Hora Cero

En el ámbito internacional, la trata de personas es la tercera actividad ilícita más rentable para las bandas delincuenciales. Encabezan la lista el narcotráfico y la venta ilegal de armas.
Se estima que la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral genera ganancias por 32 mil millones de dólares anuales al crimen organizado.
Es un delito que crece de manera exponencial en varias regiones del planeta –América Latina es un ejemplo–. Su incidencia aumenta, sobre todo, porque para los delincuentes no representa el mismo grado de riesgo que otras actividades, como el tráfico de drogas o la venta ilegal de armas.
Para la Organización de las Naciones Unidas, se trata de una actividad ilícita que podría triplicarse en los próximos años, especialmente en Centroamérica y el Caribe.
Cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite un reporte sobre el problema de la trata de personas, que evalúa el problema en 198 países, México entre ellos.
Dicho informe, que se puede consultar en la página de la Embajada de Estados Unidos en México, ubica a nuestro país en la media tabla internacional y lo define como punto de tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso. Considera, asimismo, que los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades físicas y mentales y los migrantes indocumentados.
Las mujeres y los niños son explotados con fines sexuales tanto dentro como fuera del país, en tanto que hombres, mujeres y niños son sometidos a trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción, así como a la mendicidad.
El gobierno de Norteamérica recomendó a México fortalecer las estrategias de prevención, protección a víctimas, investigación y castigo para quienes cometan este delito, que está tipificado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, un ordenamiento federal promulgado en 2007 que establece que comete el citado delito quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba… a una persona, por medio de violencia física o moral, engaño o abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre, o a extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Es un delito grave que por sí solo representa penas de hasta 30 años de prisión.
En el caso de Veracruz, le entidad no enfrenta los problemas que registran otros estados; sin embargo, durante la instalación de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, efectuada el pasado viernes 8 de agosto, se informó que seis municipios veracruzanos concentran la actividad de extracción de niños y jóvenes con fines de trata, entre ellos, Acayucan, Misantla, Xalapa, Córdoba.
Debido a esa problemática, el gobernador Javier Duarte anunció la presentación en los próximos días, ante la Legislatura del Estado, de una iniciativa para regular los giros negros, porque está demostrado –dijo–, que en muchos casos registran actividades delincuenciales que se relacionan con la trata de personas.
Vale la pena comentar, por cierto, que en noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 25 Artículos de la Ley número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Veracruz, que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 21 de Marzo de 2013, pero que un día después, el 22, la Procuraduría General de la República interpuso un recurso de inconstitucionalidad por considerar que esa ley invadía las facultades del Congreso de la Unión, al establecer sanciones penales. Ese fue un revés para la pasada legislatura del estado. @luisromero85