Tiempo de Unidad

Octavio Augusto Lara Báez
Contornos

La lucha contra la inseguridad y el crimen organizado que se libra en todo el territorio nacional sufrió un giro inesperado la noche del “grito” de independencia, la fiesta nacional más importante, cuando manos criminales arrojaron granadas de fragmentación a ciudadanos de Morelia que habían acudido a presenciar la tradicional ceremonia en la capital michoacana, ocasionando la muerte de 7 personas y más de 100 heridos, muchos de gravedad.
El hecho, de la más despiadada violencia y cobardía, al haber sido dirigido a civiles, ha sido interpretado como un claro desafío al gobierno en todos sus ámbitos y niveles, como represalia por las acciones del ejército y corporaciones policíacas en contra de la delincuencia.
Se trata de un claro intento del hampa por desestabilizar al país, pues los ataques a la población tienen la intención específica de generar terror, inmovilizar a la sociedad mexicana y debilitar a la autoridad.
Se presume que el grupo criminal podría haber perpetrado el atentado por diversas motivaciones: como medida de presión hacia los gobiernos del estado y federal para que permitan su operación en la entidad; en reclamo por algún acuerdo incumplido por autoridades políticas o policiacas locales o en venganza por acciones oficiales en su contra.
El hecho de que ahora dirijan su violencia hacia civiles podría ser indicativo de que los operativos conjuntos están dando resultado y que esos grupos intentan recuperar su poder amenazando la integridad de los ciudadanos.
Su apuesta es sembrar el miedo entre los mexicanos para debilitar al gobierno y hacer que disminuya sus acciones de combate a las actividades ilícitas. En este escenario, la unidad de todo el Estado Mexicano será fundamental para salir airosos de esta crisis de seguridad y violencia. Las siguientes medidas que emprenda el gobierno y el respaldo popular serán decisivos para el triunfo de la legalidad y la restauración de la seguridad que hemos perdido.
El reto lanzado por la delincuencia debe ser respondido con la colaboración y coordinación de cada gobierno estatal con el ejército y el gobierno federal.
Veracruz, a través de su Gobernador Fidel Herrera lo ha hecho desde que inició la lucha frontal contra la narcoviolencia. Los operativos que de manera conjunta llevan a cabo el ejército y la policía estatal ha permitido, en general, mantener la tranquilidad del territorio veracruzano. No hemos estado exentos de hechos de violencia, sin embargo, afortunadamente hasta ahora, no han llegado a otros extremos ni debemos permitir que se llegue a ellos.
El llamado es para todos los órdenes de gobierno, sin distinguir si es federal, estatal o municipal ni de qué siglas o colores partidistas provenga.
Y es que últimamente hemos escuchado o leído declaraciones de representantes del Partido Acción Nacional muy preocupados por distribuir la responsabilidad de los últimos acontecimientos violentos en Michoacán, destacando que ocurrieron en una entidad gobernada por el PRD, como si eso pudiera disminuir el nivel de responsabilidad que tiene el gobierno federal para haber prevenido estos lamentables hechos. En este asunto no se debe inculpar o exculpar a nadie, pues es un tema que atañe a la colectividad. El momento que vive México demanda el compromiso de todos los niveles de gobierno, sin excepción, pues está en juego la viabilidad del Estado Mexicano. Pero hay conductas de algunos actores políticos que no abonan al espíritu de conjunto necesario en estos casos.
Ante la percepción popular de indefensión, que compromete primordialmente la imagen del Ejecutivo, el panismo se está esforzando en distribuir los costos pendientes de la inseguridad, minimizando o ignorando los esfuerzos de los estados en materia de seguridad. Tratándose de los problemas, el PAN comparte la responsabilidad, y “concede” la hegemonía espacial de la República al PRI, destacando que, proporcionalmente, el PRI gobierna la mayoría de la población del país, con la obvia intención de cargarle el aumento de la inseguridad a las administraciones priístas. También se han apresurado a predicar que el secuestro y la extorsión son delitos del fuero común, “que no corresponde perseguir al gobierno federal, sino a los estatales”. Debe ser un gran alivio para los ciudadanos saberlo.
Posiciones como esa, son incompatibles con el llamado a la unidad nacional que ha lanzado el Presidente y al que el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, se ha sumado de inmediato con toda decisión.
Si se considera que se está enfrentando al crimen organizado, a grupos delincuenciales que lamentablemente ha sentado sus reales en varias zonas del territorio nacional, con redes que trascienden las fronteras del país, es claro que existe una responsabilidad ineludible del gobierno federal. Pero de ninguna manera eso libera de responsabilidad a los gobiernos de los estados y municipios, que también están vinculados con este combate al delito y tienen que coadyuvar con la autoridad federal en lo necesario con ese fin. Está claro que cada quien en su ámbito tiene su tarea y está obligado a cumplirla por el bien de la Nación.
No deberían ignorar los panistas que, al margen de las competencias legales de las entidades y la federación para combatir los delitos, cada vez se comprueba más que las actividades de las organizaciones delictivas están relacionadas con crímenes del fuero común, por lo que es erróneo y hasta inútil tratar de deslindar a algún orden de gobierno de la obligación de perseguir y castigar la comisión de cualquier tipo de ilícitos.
No se trata pues, de andar repartiendo partes proporcionales de un problema que nos afecta a todos los mexicanos con la intención de disculpar a la Federación. Un Estado sólido, unido en una lucha común por la legalidad tendrá la fuerza necesaria para vencer al flagelo de la inseguridad que nos está afectando y no caer en la desesperanza ni en el miedo, como pretenden los criminales. En la medida en que exista colaboración absoluta entre los tres niveles de gobierno y coordinación en el trabajo anticrimen, podrán lograrse los resultados favorables que todos deseamos como mexicanos y regenerarse la confianza social en el gobierno.
Las pugnas políticas y los intereses electorales no pueden ser lo que determine el rumbo de esta lucha por recuperar la tranquilidad social de México. Es un interés superior el que debe inspirarlo. Ojalá todos podamos comprenderlo.
olarabaez@hotmail.com