lunes, 18 de febrero de 2008

Buenos Deseos

Constitución Jubilable 3a… ¡y ya!

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de cosas pequeñas

Entre las especialidades del menú se puede elegir el “Andouilette” tradicional de la casa con salsa, crema y papas “Pont Neuf” o el salchichón caliente “Lyonnais” con pistache y lentejas. Si le queda espacio, recomiendan su famoso gazpacho de frutas rojas con albahaca y helado de vainilla. Puede acompañar su comida con alguno de los 1’650 diferentes vinos de todo el mundo que tiene la impresionante cava del restaurante más ‘haute cuisine’ de México, ubicado en un hotel de la avenida Campos Elíseos (la de Polanco, no la calle parisina, por la que pasea la flamante y nueva madame Carla Zarkozy).
El restaurante –sucursal del original francés— seduce por varias cosas: tener el ambiente de mayor refinamiento en la Capital de la República, permanecer abierto las 24 horas y, por supuesto, garantizar exclusividad a sus selectos clientes.
Tristemente, unos 99 millones de mexicanos nunca serán esos clientes, nunca formarán parte del círculo de comensales superiores. No es sólo la imposibilidad que tendrían para cubrir 350 dólares promedio por consumo, sino otra dolorosa realidad más allá de la económica, que nos empeñamos en esconder y de la que preferimos no hablar. Baste con preguntarnos si un obrero, un campesino o un indígena –aún si tuvieran dinero con qué pagarlo— serían admitidos en el mundo glamoroso (“cool”, “nice”, “chic”, “high society”, “privée”) del que el restaurante forma parte, mundo que se reserva para unos pocos y que persiste muy al margen de las penurias, las limitaciones y la escasez cotidiana de la mayoría.
¿Racismo en México? Imposible, la Constitución lo impide. ¿Discriminación por origen étnico o condición cultural? De ninguna manera, la Constitución lo prohíbe.
Se reconocen 4 millones de mexicanos en condición de desempleo absoluto, pero es una cifra engañosa, pues hay millones de subempleados y dependientes de la economía informal, y eso sin contar con otros millones de “empleos precarios”, volátiles, mal pagados, opresivos, explotadores, pero que la estadística registra como “trabajos estables que cotizan al IMSS”. Aunque la Constitución tutela el derecho al empleo.
Sería injusto negar los avances: en 1955 la tasa total de mortalidad en México era del 13.15% y en 2005 fue del 4.45%. Sin embargo, unos 56 millones de mexicanos carecen de la protección de un sistema institucional de salud; con todo y esfuerzos como el seguro popular, este año morirán 18 de cada mil niños mexicanos, antes de cumplir un año de edad; buen número de mexicanos morirán a causa de enfermedades curables. A pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud.
Entre 5 y 7 millones de familias mexicanas carecen de una casa funcional, lo que riñe con el principio constitucional que da derecho a “disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Así dice la Constitución, sin sarcasmos: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” ¿Necesita una notificación, un desahucio, la copia de un expediente o –mejor— la desaparición de éste?, ¿cuánto está dispuesto a pagar por ello?, ¿y por un peritaje?, ¿y por la dispensa de autopsia?, ¿y por una sentencia absolutoria? ¿Cambió el significado de la palabra o debemos considerar “expedito” a un juicio penal que dura –en promedio— 20 meses?, ¿se denomina “pronta” a una resolución judicial sobre temas inmobiliarios que se prolongue al menos por 4 años, si todo “sale bien”?, ¿es realmente “imparcial” un sistema legal que prohíja enorme impunidad?
También dice la “ley fundamental” que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”
La terca realidad es muy otra: en 2006 la masa salarial mexicana representó aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto nacional, mientras que en España, por ejemplo, fue del 54.5% y en Europa del 57.8% para el mismo año. Esta cifra demuestra la insuficiencia de los salarios mexicanos pero también el hecho de que la tendencia estructural de la economía globalizada para acumular riqueza, aquí se nos vuelve salvaje y demoledora: muy pocas personas –cada vez menos personas— con muchísimo dinero –cada vez más dinero— y muchas personas –también en aumento— socializando penurias, cada vez más penurias. Dicen los que saben del asunto: “el problema no reside en la pobreza, sino en la desigualdad”, una desigualdad que de muchas maneras (teóricas) nos prohíbe nuestra llamada “Carta Magna”. Realidad mata propósito constitucional.
Calidad y cantidad de la educación. Prohibición de monopolios. Medio ambiente sano. Igualdad de hombres y mujeres. Reparación del daño a las víctimas. Administración pública eficaz y transparente. Federalismo en los hechos. Municipio libre con recursos. Enunciados verdaderamente poéticos que discurren por los reformados, actualizados, modernizados, corregidos –y vueltos a corregir— artículos constitucionales, preceptos que retratan cada vez menos nuestra realidad. Catálogo de buenos deseos.
Dadas las actuales condiciones de México, con su gran polarización y los enormes intereses económicos en juego, dada la precariedad del equilibrio entre las distintas fuerzas del escenario nacional, parece improbable que se genere el clima propicio para producir un nuevo pacto social; sería una verdadera epopeya titánica que sólo un loco se atrevería a convocar, por lo menos ahora. Sin embargo, es innegable que la Constitución vigente sirve muy poco para vivir en paz y desarrollarnos armónicamente, como individuos y como nación. Reformas del Estado, reformas electorales, reformas fiscales, reformas energéticas, no dejan de ser lo que son: paliativos incompletos, insuficientes, inconexos y hasta contradictorios.
No tengo nada contra la alta gastronomía francesa, al contrario. Me gustaría mucho que todos pudieran disfrutarla, sin exclusiones, sin discriminaciones, sin las modernas formas de esclavitud económica y de injusticia. Quizá al amparo de una nueva constitución, más eficaz, más viable, más cierta.

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