¡NO! (Pemex 4... en conclusión)

Juan Antonio Nemi Dib
Historia de Cosas Pequeñas

Por lo menos en una cosa dijo la verdad la multimillonaria campaña publicitaria para justificar la reforma de PEMEX: es totalmente cierto que no proponen privatizarlo, al contrario. De aprobarse las iniciativas que se discuten en el Senado, Petróleos Mexicanos tendrá menos actividades que las actuales, compartirá el mercado –y la renta— con las grandes corporaciones y verá mucho más comprometidos que ahora sus ingresos por los nuevos yacimientos (si los hubiera) ya que una parte de dichos ingresos se transferiría directamente a las empresas privadas durante todo el tiempo de las explotaciones.
En México no hay una sola empresa con la capacidad para prestar los servicios de exploración que proponen “compartir”, de modo que si la reforma propuesta tuviera un beneficiario, yo no veo por dónde sería nuestro país o al menos una empresa mexicana.
Ya prácticamente nadie objeta con argumentos creíbles que la propuesta de reforma es claramente anticonstitucional. Ojalá que estuvieran equivocados decenas de respetables juristas que lo han demostrado con facilidad, pero en realidad no se requiere ser abogado para saberlo, dado que el mandato es claro, preciso y contundente: nuestra manida Constitución no permite contratos en materia petrolera; se les olvidó eliminar ese precepto cuando pudieron.
Los exégetas, y particularmente la dirigencia del partido presidencial, han utilizado de nuevo las expresiones de mercadotecnia electoral que tanto les sirvieron en el pasado reciente para descalificar a quienes no comparten su propuesta (“nacionalismo trasnochado”, “radicalismo utópico”, “desinformación y desconocimiento”, etc.), colocando a todos en el mismo rasero y asumiéndolos como enemigos del progreso. Lo prueba la historia: cuando los calificativos sustituyen a las razones, hay que preocuparse, el siguiente paso sería la imposición.
En su mayoría, los presupuestos que utilizan para justificar la reforma parecen poco sólidos, incompletos, manipulados e incluso, ideológicos, que es precisamente lo que se critica a los críticos de la Reforma. ¿Todo este rollote para extraer petróleo de las profundidades?
Evidentemente no es una reforma energética sino una modificación a la legislación petrolera de México para permitir que grandes corporaciones se involucren en la renta petrolera del País. En cambio y, a pesar de su importancia, se excluyen de la misma propuesta temas de fondo como el inevitable agotamiento de los hidrocarburos, las energías renovables, la racionalización del consumo o los graves problemas de la industria eléctrica, sólo como muestra.
Los gobiernos recientes han saqueado a PEMEX por la vía fiscal, Vicente Fox incluso lo llevó al absurdo de contratar deuda para pagar impuestos; de hecho, en los últimos años le han aplicado contribuciones superiores al 100% de sus ingresos para seguir sosteniendo los niveles de gasto público (incluyendo, por supuesto, las campañas publicitarias). Dicen que está totalmente descapitalizado y que no tiene recursos para renovarse y menos para hacer nuevas exploraciones, pero en 7 años le sangraron a PEMEX casi 300 mil millones de dólares.
A pesar de que los costos de operación de PEMEX son menores al 50% ­­–lo que la convierte en una empresa altamente rentable— dicen que es improductiva e ineficaz y que por ello hay que cederle paso a las grandes corporaciones multinacionales, que seguramente sí son productivas, provechosas, eficientes, muy responsables, limpias y honorables como ENRON, como UNION CARBIDE, como EXXON y, ¿por qué no?, como Halliburton.
No se trata sólo de que los privados exploren en “aguas profundas”. La propuesta de reforma permitiría que la refinación de hidrocarburos pasara al sector privado, a pesar de que expresamente lo prohíbe la Constitución; lo mismo ocurriría con su almacenamiento y transporte. Como este, hay muchos otros “asegunes” escondidos bajo la manga de redacciones voluminosas, farragosas y distractoras que contienen las iniciativas de ley. No llaman por su nombre a los contratos de riesgo –también prohibidos— pero allí están, también ocultos en las propuestas enviadas al Congreso y disfrazados de “contratos de servicio”.
Habiendo asuntos críticos en la agenda nacional, como el de la seguridad pública –que no es el único—, intriga por qué el Gobierno apuesta su capital político a un tema polémico, que divide y hasta confronta a la Nación y que puede resultar de muchos mayores costos que beneficios para el País. Intrigan también la magnitud de la publicidad y el apremio para que la reforma se apruebe. ¿Presiones?, ¿compromisos?, ¿cuál es la prisa?, ¿cuáles son las verdaderas razones?
Sin duda México requiere de una reforma profunda que garantice las provisiones de energía para el futuro, que permita aprovechar los recursos energéticos como instrumento del desarrollo, que contribuya a financiar el crecimiento de la economía nacional y que favorezca el avance tecnológico y la creación de infraestructura, que combata la desigualdad y que fomente el equilibrio fiscal, que respalde a los mexicanos productivos y emprendedores, que sea realmente amigable con el medio ambiente y que favorezca el aprovechamiento racional de la riqueza colectiva. Necesitamos, en suma, una reforma energética que consolide en los hechos el pacto federal, que propicie el incremento de los recursos públicos de los gobiernos locales y que compense los riesgos, los daños y las afectaciones que sufren quienes viven en los entornos petroleros.
Hasta ahora, nadie ha demostrado que la propuesta del Gobierno Federal responda a esos propósitos. Y hay otros vicios, como el hecho de que la información sobre los “bonos petroleros” estuviera en manos de privilegiados agentes financieros, mucho antes de que las iniciativas de reforma se enviaran al Congreso. Por eso nos invade el sospechosismo. Por eso las dudas empiezan a convertirse en rechazo.

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