Vivir en riesgo

Octavio Augusto Lara Báez
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Hace unos días el Ayuntamiento de Córdoba dio a conocer su intención de reubicar a 14 familias que viven desde hace muchos años en la orilla del Río San Antonio, debido a que las intensas lluvias han reblandecido el terreno donde se asientan sus viviendas, aumentando el riesgo de un deslave que podría cobrar la vida de esas personas.
El asunto se complica porque, como suele suceder, dichas familias se niegan a abandonar esos predios, pese a que representan un peligro para su integridad física. La razón que esgrimen es no tener otro lugar donde vivir y exigen a las autoridades que les otorguen un lote o una casa en otra parte.
Lo curioso es que hace 30 ó 40 años que se asentaron en esos terrenos, lo hicieron de manera provisional, mientras juntaban dinero para hacerse de un terrenito. Hoy algunas de esas casas ya no son tan provisionales y las habitan los hijos y en algunos casos hasta los nietos.
Los asentamientos en las riberas de los ríos y en zonas de riesgo son un fenómeno asociado a la pobreza. Miles de familias mexicanas de escasos recursos han encontrado a lo largo de décadas acomodo en esos sitios, ante la permisividad y complacencia de las autoridades de todos los niveles, que quizás lo consideraban una especie de impuesto social que debíamos pagar por la falta de oportunidades para todos.
La difícil situación económica y la falta de programas de vivienda de interés social, de reservas territoriales y lotes al alcance de las clases populares, fueron dando lugar a asentamientos irregulares en zonas de propiedad federal, entre otros los derechos de vía del ferrocarril y las márgenes de los ríos.
El precio para quienes optan por esta solución a sus necesidades de un lugar donde vivir, es la zozobra constante de que un descarrilamiento del tren, como los que ocurren con regular frecuencia, o una crecida del río en temporada de lluvias, o un derrumbe, acaben con sus vidas o, por lo menos, les arrebaten sus escasas pertenencias.
Se ha dicho que a los más pobres se les cargan todas las desgracias, por el hecho de que quienes viven en esas zonas sufren frecuentemente accidentes fatales, por tratarse de áreas no aptas para habitar. La creciente presión social demandando lotes para vivienda provoca que no se aprovechen las reservas territoriales para terminar con estos asentamientos irregulares y riesgosos.
Hay inclusive terrenos habilitados como reserva territorial, como en el caso de Crucero Nacional, en la que se extienden varias colonias y que por su ubicación, en las inmediaciones de un cerro, presenta condiciones topográficas con inclinaciones y desniveles importantes, por lo que algunas construcciones levantadas ahí actualmente son una permanente amenaza para la seguridad de los colonos.
Los terribles sismos que devastaron gran parte el Distrito Federal en 1985, nos convencieron a los mexicanos de la necesidad de formar una cultura sobre la prevención de siniestros y desastres. De entonces a la fecha se ha avanzado, contamos ya con leyes en la materia y con organismos de protección civil, pero aún falta mucho más por hacer y la población debe tener una conciencia y participación mayores.
En el caso de Veracruz, la Ley 226 de Protección Civil publicada en febrero de este año, convirtió mediante el decreto 225 lo que era Subsecretaría en Secretaría del ramo, con atribuciones para dictaminar la necesidad de desalojar o reubicar a aquellos ciudadanos cuya ubicación de sus viviendas los ponga en riesgo ante condiciones climatológicas extremas. Sin embargo, la discusión está en si pueden o no obligarlos a desocupar las viviendas, debido a que por ahora no hay terrenos municipales para reubicarlos.
Concretamente, el artículo 7 de la citada Ley señala: “En caso de riesgo inminente, las autoridades estatales o municipales, podrán ejecutar las actividades de auxilio que se requieran a fin de proteger la vida de la población, sus bienes, servicios estratégicos, la planta productiva y el medio ambiente, para evitar o mitigar los efectos del impacto y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
La Secretaría de Protección Civil del Estado tiene ahora la responsabilidad de participar en la planeación regional y el ordenamiento territorial, así como emitir dictámenes sobre la reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para proteger a la población de un desastre provocado por agentes perturbadores.
Parte fundamental de estas políticas, insistimos, es la de educar a los veracruzanos en la autoprotección, a fin de contar con su apoyo y poder así enfrentar adecuadamente cualquier contingencia.
Cuando vidas humanas peligran, no puede postergarse la desocupación de las zonas que representan un riesgo. Para ello el Ayuntamiento y el gobierno estatal deben contar con la colaboración ciudadana, que es a la que finalmente quiere protegerse.
De no existir la voluntad de los vecinos, el Ayuntamiento tendrá que hacer uso de su autoridad para cumplir con la recomendación de Protección Civil, pues existe un dictamen de riesgo de la Secretaría. Temporalmente ha ofrecido brindarles refugio en un albergue, en tanto se obtiene un predio para darles una nueva ubicación, el cual tendrá que adquirirse rápido.
Otro punto importante será no permitir que otras personas se instalen ahí o en otros puntos de la misma peligrosidad y que se repita la historia. Ojalá quepa la responsabilidad y prudencia en los afectados y cooperen con las autoridades para que no tenga que esperarse a que haya pérdida de vidas humanas antes de ponerle remedio a problemas de esta naturaleza.

olarabaez@hotmail.com