La Ley de Doña Güicha

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de Cosas Pequeñas

Tenía previsto escribir sobre la influenza y los estragos que causa, no en el aparato respiratorio de los infectados sino en toda la gente, incluso la que se salva del contagio viral, debido a la desinformación colectiva sobre el tema, que por sí misma constituye una pandemia de consecuencias tan funestas o más que las neumonías, con la diferencia de que no hay vacuna que la detenga. Pero doña Luisa Ortega Díaz cambió mis planes; gracias a ella mis apetitos epidemiológicos tendrán que esperar.
Y… ¿quién es doña Güícha? Reconozco que no sabía de su existencia hasta el jueves pasado; antes de conocer sus flamantes propuestas legislativas no estaba yo enterado de su paso por esta atribulada vida como –con toda probabilidad— ella nunca se enterará del mío. Además de otras cosas, nos separan tres mil quinientos kilómetros de distancia en medio de los cuáles se interponen seis países y, sobre todo, una abismal diferencia entre su concepto de libertad y el mío.
A pesar del protagonismo que ha alcanzado en los últimos días, es poca la información disponible sobre la señora; horas de revisión, incluso en “The Fact Book” de la CIA, arrojan escasos datos: nació en Valle de la Pascua; es licenciada en derecho por la Universidad de Carabobo, cursó 2 especialidades jurídicas y una en “dinámica de grupos” y es doctora en derecho constitucional por la Universidad Santa María. Ha dado cátedra en distintas instituciones y tiene larga carrera como fiscal investigadora. Hace años sufrió un intento de secuestro pero logró huir de sus captores arrojándose del vehículo en marcha. Antes de su actual encargo era Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público.
En su calidad de Fiscal General elegida por la Asamblea Nacional en 2007, forma parte del “Poder Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela” ejercido por un Consejo Moral Republicano que a su vez se integra con el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el propio Fiscal General. Formalmente goza de plena autonomía jurídica y política, aunque pocos dudan de sus vínculos y su dependencia respecto del Poder Ejecutivo.
¿Por qué tanto rollo con doña Güícha? El diario español El País explica: “Durante su programa de radio, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia, el pasado 3 de julio, que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas radios, televisiones, diarios y páginas webs que con sus informaciones generaban zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: Luisa Ortega Díaz presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra ‘la estabilidad de las instituciones del Estado’, ‘la paz social, la seguridad e independencia de la nación’, la ‘salud mental o moral pública’ y el ‘orden público’, o que ‘generen sensación de impunidad o de inseguridad’ entre la población.”
La iniciativa presentada por la Fiscal ha causado revuelo debido a sus alcances: “tiene por objeto prevenir y sanciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos… con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos…” Su proyecto no se limita a los medios tradicionales, incluye todo tipo de instrumentos capaces de transmitir textos, sonidos o imágenes, independientemente de la plataforma que se utilice, por lo que incluso un envío postal y un correo electrónico entrarían en la misma categoría de punibilidad. Considera sujetos activos a los propietarios, directivos, productores, locutores, periodistas, conferencistas, artistas “y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.
Su definición de delitos mediáticos establece que son las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz, e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social. La norma incluye nuevas tipificaciones delictivas: divulgación de noticias falsas, manipulación de noticias, negativa a revelar información (datos de quienes escriben con pseudónimo), coacción mediática, omisión voluntaria de suministrar información, instigación y obstaculización de actividades de comunicación. Además de prisión, las sanciones pueden ser cancelación de licencias, obligación de publicar las sentencias sin comentarios en sitios y horarios preferentes e inhabilitación para desempeñar cargos en cualquier medio.
El Colegio de Periodistas le respondió haciendo: “un nuevo llamado de alerta a los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la Ley de Delitos Mediáticos. Colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política. ¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre 2 articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso? Venezuela vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día; con una severa crisis de los servicios públicos y una inflación que se come los ingresos de los venezolanos. La labor de los periodistas responsables, editores, y medios en general, su deber más sagrado, es informarlo y denunciarlo. Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos.”
La Fiscal se defiende diciendo que “no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, contra la salud de las personas, contra la moral pública. Estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra ellos. Se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho”.
Este discurso “liberador” pudo ser de Franco, Pinochet, Trujillo o incluso Mussolini. Pero no, es del gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, el mismo que ha cerrado ya 34 radiodifusoras e iniciado acciones a otras 50, el mismo que encarceló al periodista Gustavo Azócar, el que no renovó su concesión a la televisora crítica RCTV, el que cumple sus amenazas: "Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo [a cerrar un medio]. Pónganse a creer en esos cuentos y se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen, están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio, todos los días. Televisoras, estaciones de radio, prensa escrita, no se equivoquen. Yo sólo les digo, y al pueblo venezolano se lo digo, que eso no va a continuar así".

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