Sugerencias

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de Cosas Pequeñas

El desfase entre nuestras instituciones y la realidad cotidiana es de tal magnitud que muchas de nuestras leyes no cumplen la condición básica del derecho positivo –estar vigentes y ser aplicables— y no pasan de ser un conjunto de buenos deseos y a veces ni eso. La consecuencia es francamente lamentable: lejos de regular eficazmente nuestra vida –en lo público y lo privado, en la administración pública y lo mercantil, en la contención de la criminalidad, en la equidad y la protección para los débiles y marginados— el actual sistema normativo de México es considerado por algunos como un freno para el desarrollo nacional y, por otros, como ineficaz para impartir justicia.
Aún con el propósito de cambiar las cosas promoviendo una actualización del sistema político y una adecuación de los procedimientos de ejercicio del poder público, es sumamente difícil concretar una agenda para la llevada y traída reforma del Estado debido a los profundos desacuerdos entre las diferentes fuerzas que intervienen y, lamentablemente, porque el interés general –en México— no pasa de ser un concepto que carece de valor cuando se trata de defender a como dé lugar las parcelas y los intereses particulares, que casi siempre salen ganando y sólo producen parches, insuficiencias, “reformas posibles respecto de las deseables”, verdaderos engendros incompletos y poco o nada útiles.
Aunque sea ingenuo aquí hay una lista de las cosas que por lo menos podrían formar parte de una agenda de análisis, lo que no significa que sean verdades absolutas, soluciones mágicas o mandamientos proféticos.

1.- Reelección. El rechazo a la reelección es parte de nuestra cultura política y constituye un verdadero atavismo, una herencia ideológica. Desde luego no es gratuito: algunos casos de prolongación en el ejercicio del poder público, legales o ilegales, explicables o no, se convirtieron en factores de discordia, abuso y absolutismo. Aunque supuestamente representaran el mejor destino de la Nación, Santa Ana, Juárez, Díaz, Calles, Obregón, cada uno en su momento, se eternizaron en los puestos o fuera de ellos pero ejerciendo poderes meta constitucionales, excluyendo a otros igual o más capaces y provocando discrepancias y altos costos para el País. Distintos hechos históricos explican el rechazo terminante a cualquier intento de prolongar los mandatos más allá de su límite temporal legal.
Comprensible en el caso de la presidencia de la República y quizá las gubernaturas de los estados, este principio se hace extensivo al poder legislativo y a las presidencias municipales, aunque con el matiz de la inmediatez: transcurrido un periodo después del fin de su ejercicio efectivo, senadores, diputados y alcaldes pueden presentarse de nuevo a las elecciones. Esto tiene muchas consecuencias desafortunadas. Por ejemplo, en el caso de los legisladores, están obligados a mantener una actitud disciplinada y sumisa para con sus dirigencias partidistas y sus respectivos gobernadores si es que quieren continuar una carrera exitosa, como quedó demostrado con la aprobación al incremento del IVA que, si hubieran podido, muchos habrían rechazado, pero que les fue impuesta por sus jefes políticos; esto cambiaría dramáticamente si pudieran reelegirse de manera inmediata y se vieran obligados a atender las motivaciones y preferencias de sus electores y no los intereses partidistas o las necesidades de quienes actualmente “los conducen”. Es comprensible que ninguna de las burocracias partidistas –los gobernadores tampoco— apueste por la reelección legislativa.
El caso de los ayuntamientos es aún más conmovedor. La cortedad de su ejercicio impide que emprendan proyectos de largo plazo con visión de futuro; sin seguir planes que permitan continuidad a los esfuerzos, casi todos apuestan a la rentabilidad política inmediata, con obras y servicios muy visibles, a capricho de los ediles, pero de poca o ninguna trascendencia, a cambio de que se diga que trabajan mucho, aunque dejen de lado asuntos críticos que, por no atenderse, serán fuente de mayores problemas futuros; que barra el que sigue, suelen decir. Hay muchos que, también, apuestan a la alta rentabilidad personal, convirtiendo su función en rápido pillaje.

2.- Revocación. Los electores pueden equivocarse o ser engañados. El ejercicio del poder transmuta a las personas o, a veces, simplemente muestra su verdadera personalidad, sus apetitos. En todos los ámbitos del a vida pero especialmente en el gobierno y la administración pública, hay casos en los que la magnitud de los problemas supera las capacidades de las personas responsables de enfrentarlos. A veces, las circunstancias políticas, las redes de complicidad o simplemente la complejidad de los sistemas de control (los famosos pesos y contrapesos) impiden que se ponga alto a los abusos, a los excesos y hasta los delitos de funcionarios electos.

Con reglas claras que impidan abusos y que no conviertan al recurso en una fuente de ingobernabilidad, debiera legislarse para permitir a los ciudadanos revocar mediante la decisión mayoritaria el mandato de los servidores públicos electos o designados –secretarios, procuradores, magistrados, jueces, embajadores, contralores y auditores— que no estén a la altura de sus deberes o que atenten contra el interés público, desde el presidente de la República hasta el regidor del más pequeño ayuntamiento.

3.- Justicia. Se ha escrito mucho y se ha dicho más sobre un hecho indiscutible de la realidad mexicana: nuestro sistema de administración de justicia es ineficaz, lento, selectivo, politizado, a veces parcial y mil veces corruptible. Está demostrado que los niveles de impunidad respecto de los delitos cometidos superan el 90%, es decir, que nueve o más de cada diez delitos no se castigan y que los ocupantes de las cárceles –culpables o inocentes— casi siempre son personas sin los medios para pagar por su libertad. Nuestros abogados más exitosos no son los más honorables ni formados en lo jurídico, sino en las habilidades para torcer el espíritu de la ley. “Una consignación deficiente y por ende fallida no se le niega a nadie” parece el nuevo axioma de la procuración de justicia en México. Cuando los policías llegan a hacer su trabajo y aprehenden a los delincuentes, sólo incrementan las posibilidades de ingreso ilícito de fiscales y juzgadores. Prohibidas por la Constitución, las costas judiciales son un hecho indiscutible, con el disfraz de gratificaciones “p’al chesco” y en los juzgados hace mucho calor, siempre hay sed.
¿Tiene viabilidad un país sin justicia? Salvo la indiscutible mejora del Poder Judicial de la Federación, que sigue siendo limitada y no es por sí misma garante de verdadera justicia, hasta ahora, los intentos de cambiar esta dolorosa realidad, incluso los más vanguardistas como los juicios orales, no pasan de ser buenas intenciones, a veces decorativas, a veces ocurrencias.

4.- Federalismo. El respeto a las regiones, la autonomía y la libertad de estados y municipios sigue siendo el gran discurso de México, pero sólo eso: discurso. Sencillamente no existe en los hechos cuando la federación recauda y gasta más del 70% de los recursos públicos y los ayuntamientos limosnean de los gobernadores que les controlan y, en ocasiones, avasallan. Se suponía que con la llegada al poder del Partido Acción Nacional este penoso legado cambiaría pero, por el contrario, la práctica se ha exacerbado. Si por tradición, historia, geografía y cultura alguien cree que debemos ser una república centralista y controladora, asumámoslo ya, pero al menos hagamos congruente el discurso con los hechos. O asumamos, por el contrario, una verdadera federalización.

La botica.- Bueno, ya consiguieron un poco de recursos –con altísimo costo— para enfrentar el déficit fiscal y evitar la quiebra del gobierno. ¿Qué vamos a hacer ahora para recuperar los empleos destruidos, los capitales pulverizados con el cierre de miles de micro empresas y la ruta del crecimiento? No se ven soluciones, ni siquiera propuestas, de nadie.

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