Zona Franca
Su impericia para manejar conflictos sociales, su cuestionada autoridad, la beligerancia de su equipo político para enfrentar la protesta popular y la tentación de reprimir, tienen a Javier Duarte en ascuas, sentado sobre un polvorín a punto de estallar. Su nuevo dilema es el caso “Oaxaco”.
La desaparición del constructor José Manuel Flores Ríos, “El Oaxaco”, tras una reunión con funcionarios del gobierno de Veracruz, en Xalapa, y la radicalización de la postura del Consejo de Gobierno Indígena del Sur de Veracruz, que exigen su presentación “sano y salvo”, han servido para evidenciar que el gobernador Duarte ni puede ni sabe cómo encauzar una solución política ante el reclamo social.
Del “Oaxaco” nada se sabe desde el 28 de febrero. Ese día, la dirigencia del Consejo de Gobierno Indígena acudió a Xalapa. Dialogó con el gobierno para destrabar las demandas de obras públicas en la sierra de Soteapan, suscritas y firmadas, pero que avanzaban a paso lento o simplemente no avanzaban.
El conflicto había hecho crisis el 16 de diciembre de 2012, cuando los pueblos indígenas, encabezados por el ex alcalde de Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández, tomaron carreteras estatales, la autopista federal y bloquearon la presa del Yurivia, incluso rompiendo tramos de tubería, con lo que cortaron el suministro de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Ciertamente radical, la protesta obedecía, sin embargo, la falta de cumplimiento de los acuerdos con el gobierno de Veracruz, que datan de 2010, cuando la tormenta Mateo destrozó los caminos, carreteras y puentes.
Duarte, en dos años, fue omiso con los habitantes de la sierra. Las obras eran anunciadas, pero los recursos no fluían. Uno de los contratistas favorecidos fue José Manuel Flores Ríos, propietario de Constructora del Sureste, quien desde el régimen fidelista venía realizando obra, siempre bajo el manto protector de su padrino político, el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, el súper asesor del gobernador de Veracruz.
Cuando “El Oaxaco” llegó a la sierra de Soteapan fue ampliamente combatido por los campesinos e indígenas. No una sino decenas de veces le secuestraron la maquinaria para obligarlo a darle celeridad a los trabajos de construcción y reparación de carreteras. No les caía y así fue su relación.
“El Oaxaco” terminó por entender el idioma de los serranos. Y los serranos terminaron por entender al “Oaxaco”. Flores Ríos explicaba que el gobierno de Veracruz no pagaba los anticipos de obra ni las estimaciones, pero se comprometió a financiar los trabajos. Y así lo hizo.
Esa mancuerna impidió que otros constructores, duartistas, entraran a Soteapan. Y los que llegaban y por falta de pago retrasaban las obras, sentían la presión del grupo encabezado por Esteban Bautista, y también por Antorcha Campesina, que pese a su afinidad con el Javier Duarte, reclamaban celeridad en los trabajos.
Tras la toma de carreteras y el sabotaje al Yurivia, en diciembre de 2012, el gobierno de Veracruz diseñó un operativo de prensa para linchar públicamente al “Oaxaco”. Lo responsabilizaron de las acciones de los indígenas y de ser el cerebro de las provocaciones.
En ese entonces, el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, con tono amenazante dijo que el régimen estatal no aceptaba chantajes y que los autores de la protesta pagarían con cárcel.
Un mes después, el 16 de enero, el diputado local por Coatzacoalcos, José Manuel Loutfe Hetty, lanzó una iniciativa para castigar con cárcel hasta por 20 años a quienes realizaran protestas tomando carreteras.
El gobierno de Duarte iba diseñando un escenario que hoy se le ha revertido.
El 28 de febrero, en Xalapa, la dirigencia del Consejo de Gobierno Indígena se reunió con funcionarios del gobierno estatal. Horas después, a eso de las 7 de la noche, un grupo de desconocidos levantó al “Oaxaco” y lo desapareció.
Al inicio de esta semana, Esteban Bautista y la dirigencia del Consejo de Pueblos Indígenas exigió que el gobierno de Veracruz revelara el paradero de Flores Ríos. De hecho, acusó al gobierno de Javier Duarte de su desaparición y dio un plazo de 72 horas para entregarlo.
La respuesta fue tan absurda como impolítica. El gobierno estatal hizo circular una ficha técnica del “Oaxaco” que en realidad es una ficha policíaca. Lo acusan de haber llegado a Veracruz como chofer de un camión de volteo hasta convertirse en millonario.
Lo responsabilizan de manipular a los indígenas y llevarlos a violar la ley, bloqueando carreteras, y de acaparar obras por 50 millones de pesos. No dice la ficha policíaca que el gobierno de Javier Duarte no paga las obras realizadas, o que firma los contratos pero no da anticipo o no liquida las estimaciones.
La filtración del perfil del “Oaxaco”, aterrizado entre los sicarios de prensa, fue una pifia mayúscula pues provocó la radicalización del movimiento indígena y el amago de toma de carreteras. Javier Duarte se vio obligado a entrevistarse con los dirigentes serranos, en Coatzacoalcos, mientras su fuerza policíaca impedía el paso a decenas de campesinos e indígenas. La ira contenida se liberó cuando corrieron a insultos y patadas al coordinador de la Dirección de Política Regional en la zona sur, José Luis Utrera Alcázar.
Al concluir la reunión, Duarte dijo que la denuncia por la desaparición ya estaba interpuesta ante el Ministerio Público, pero deslindó al gobierno de cualquier responsabilidad en el levantón. Esteban Bautista dijo que “no hay acuerdos, son discursos, son palabras, lo único que tenemos que decir es que en este Veracruz tenemos miedo de llegar al Palacio de Gobierno”. Dijo, también, que no hay secuestro, que el móvil “tiene que ver con otro asunto”. Oficialmente, “El Oaxaco” no está detenido.
Parafraseando a Salinas, el gobernador de Veracruz se hizo bolas. No atina a explicar por qué acusa a un contratista de acaparar millones en obras públicas, pero esas obras las otorga su gobierno; ni cómo “El Oaxaco”, al que su secretario de gobierno, Gerardo Buganza sataniza y acusa de orquestar un chantaje, es protegido del súper asesor Javier Duarte, José Murat Casab, a quien públicamente se señala de ser el verdadero dueño de Constructora del Sureste.
Hoy, el dilema para Duarte no es qué hacer con “El Oaxaco”, sino saber dónde está, quién lo plagió, si fueron las fuerzas de seguridad del gobierno veracruzano, si fue el crimen organizado; si aparece o, en el peor de los escenarios, si aparece muerto. Ese es el dilema del gobernador.
Su impericia para manejar conflictos sociales, su cuestionada autoridad, la beligerancia de su equipo político para enfrentar la protesta popular y la tentación de reprimir, tienen a Javier Duarte en ascuas, sentado sobre un polvorín a punto de estallar. Su nuevo dilema es el caso “Oaxaco”.
La desaparición del constructor José Manuel Flores Ríos, “El Oaxaco”, tras una reunión con funcionarios del gobierno de Veracruz, en Xalapa, y la radicalización de la postura del Consejo de Gobierno Indígena del Sur de Veracruz, que exigen su presentación “sano y salvo”, han servido para evidenciar que el gobernador Duarte ni puede ni sabe cómo encauzar una solución política ante el reclamo social.
Del “Oaxaco” nada se sabe desde el 28 de febrero. Ese día, la dirigencia del Consejo de Gobierno Indígena acudió a Xalapa. Dialogó con el gobierno para destrabar las demandas de obras públicas en la sierra de Soteapan, suscritas y firmadas, pero que avanzaban a paso lento o simplemente no avanzaban.
El conflicto había hecho crisis el 16 de diciembre de 2012, cuando los pueblos indígenas, encabezados por el ex alcalde de Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández, tomaron carreteras estatales, la autopista federal y bloquearon la presa del Yurivia, incluso rompiendo tramos de tubería, con lo que cortaron el suministro de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Ciertamente radical, la protesta obedecía, sin embargo, la falta de cumplimiento de los acuerdos con el gobierno de Veracruz, que datan de 2010, cuando la tormenta Mateo destrozó los caminos, carreteras y puentes.
Duarte, en dos años, fue omiso con los habitantes de la sierra. Las obras eran anunciadas, pero los recursos no fluían. Uno de los contratistas favorecidos fue José Manuel Flores Ríos, propietario de Constructora del Sureste, quien desde el régimen fidelista venía realizando obra, siempre bajo el manto protector de su padrino político, el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, el súper asesor del gobernador de Veracruz.
Cuando “El Oaxaco” llegó a la sierra de Soteapan fue ampliamente combatido por los campesinos e indígenas. No una sino decenas de veces le secuestraron la maquinaria para obligarlo a darle celeridad a los trabajos de construcción y reparación de carreteras. No les caía y así fue su relación.
“El Oaxaco” terminó por entender el idioma de los serranos. Y los serranos terminaron por entender al “Oaxaco”. Flores Ríos explicaba que el gobierno de Veracruz no pagaba los anticipos de obra ni las estimaciones, pero se comprometió a financiar los trabajos. Y así lo hizo.
Esa mancuerna impidió que otros constructores, duartistas, entraran a Soteapan. Y los que llegaban y por falta de pago retrasaban las obras, sentían la presión del grupo encabezado por Esteban Bautista, y también por Antorcha Campesina, que pese a su afinidad con el Javier Duarte, reclamaban celeridad en los trabajos.
Tras la toma de carreteras y el sabotaje al Yurivia, en diciembre de 2012, el gobierno de Veracruz diseñó un operativo de prensa para linchar públicamente al “Oaxaco”. Lo responsabilizaron de las acciones de los indígenas y de ser el cerebro de las provocaciones.
En ese entonces, el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, con tono amenazante dijo que el régimen estatal no aceptaba chantajes y que los autores de la protesta pagarían con cárcel.
Un mes después, el 16 de enero, el diputado local por Coatzacoalcos, José Manuel Loutfe Hetty, lanzó una iniciativa para castigar con cárcel hasta por 20 años a quienes realizaran protestas tomando carreteras.
El gobierno de Duarte iba diseñando un escenario que hoy se le ha revertido.
El 28 de febrero, en Xalapa, la dirigencia del Consejo de Gobierno Indígena se reunió con funcionarios del gobierno estatal. Horas después, a eso de las 7 de la noche, un grupo de desconocidos levantó al “Oaxaco” y lo desapareció.
Al inicio de esta semana, Esteban Bautista y la dirigencia del Consejo de Pueblos Indígenas exigió que el gobierno de Veracruz revelara el paradero de Flores Ríos. De hecho, acusó al gobierno de Javier Duarte de su desaparición y dio un plazo de 72 horas para entregarlo.
La respuesta fue tan absurda como impolítica. El gobierno estatal hizo circular una ficha técnica del “Oaxaco” que en realidad es una ficha policíaca. Lo acusan de haber llegado a Veracruz como chofer de un camión de volteo hasta convertirse en millonario.
Lo responsabilizan de manipular a los indígenas y llevarlos a violar la ley, bloqueando carreteras, y de acaparar obras por 50 millones de pesos. No dice la ficha policíaca que el gobierno de Javier Duarte no paga las obras realizadas, o que firma los contratos pero no da anticipo o no liquida las estimaciones.
La filtración del perfil del “Oaxaco”, aterrizado entre los sicarios de prensa, fue una pifia mayúscula pues provocó la radicalización del movimiento indígena y el amago de toma de carreteras. Javier Duarte se vio obligado a entrevistarse con los dirigentes serranos, en Coatzacoalcos, mientras su fuerza policíaca impedía el paso a decenas de campesinos e indígenas. La ira contenida se liberó cuando corrieron a insultos y patadas al coordinador de la Dirección de Política Regional en la zona sur, José Luis Utrera Alcázar.
Al concluir la reunión, Duarte dijo que la denuncia por la desaparición ya estaba interpuesta ante el Ministerio Público, pero deslindó al gobierno de cualquier responsabilidad en el levantón. Esteban Bautista dijo que “no hay acuerdos, son discursos, son palabras, lo único que tenemos que decir es que en este Veracruz tenemos miedo de llegar al Palacio de Gobierno”. Dijo, también, que no hay secuestro, que el móvil “tiene que ver con otro asunto”. Oficialmente, “El Oaxaco” no está detenido.
Parafraseando a Salinas, el gobernador de Veracruz se hizo bolas. No atina a explicar por qué acusa a un contratista de acaparar millones en obras públicas, pero esas obras las otorga su gobierno; ni cómo “El Oaxaco”, al que su secretario de gobierno, Gerardo Buganza sataniza y acusa de orquestar un chantaje, es protegido del súper asesor Javier Duarte, José Murat Casab, a quien públicamente se señala de ser el verdadero dueño de Constructora del Sureste.
Hoy, el dilema para Duarte no es qué hacer con “El Oaxaco”, sino saber dónde está, quién lo plagió, si fueron las fuerzas de seguridad del gobierno veracruzano, si fue el crimen organizado; si aparece o, en el peor de los escenarios, si aparece muerto. Ese es el dilema del gobernador.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
2 comentarios:
muy buen analisis politico
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