El ahorro y la necesidad de recursos

Luis Alberto Romero

Luego de un periodo de irresponsabilidad y descontrol en el manejo de los recursos públicos, el Gobierno del estado determinó iniciar un programa de austeridad y proponer ante el congreso del estado una reforma financiera que incluye el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, que representa la posibilidad de ampliar la base gravable y, por consiguiente, los ingresos del Gobierno estatal. Ello permitirá generar los recursos que se requieren para la reconstrucción de las zonas afectadas por Karl y Matthew.
Y es que ante la necesidad de obtener los diez mil millones de pesos que se requieren para reactivar la cuenca del Papaloapan y la zona sur de Veracruz, lo sensato era limitar el gasto corriente de Gobierno del estado, sin que ello afecte la capacidad de operación y de respuesta a las necesidades de la gente, así como generar más recursos.
Sin duda, la medida podría ser criticada por el sector empresarial veracruzano; más se debe tener presente que más de la mitad de los municipios del estado fueron impactados por los citados meteoros, por lo que las economías regionales requieren una reactivación que no se puede posponer.
En cuanto al reajuste presupuestal anunciado por el titular de Sefiplan, Tomás Ruiz González, habría que decir que esas medidas de austeridad representarán a Veracruz un ahorro de seis mil millones de pesos, que sumados a los recursos que generará la reforma financiera, unos cuatro mil millones, contribuirán a resolver los problemas de Karl y Matthew, que dejaron severos daños en 157 municipios, donde la infraestructura, las viviendas, los inventarios de empresas y los cultivos quedaron en condiciones lamentables.
De acuerdo con lo manifestado por Tomás Ruiz, la premisa del gobierno de Javier Duarte será gastar menos e invertir más, lo que sentaría las bases para atraer inversiones a Veracruz, generar más empleos y, por consiguiente, generar un mayor nivel de bienestar.
Entre las medidas de austeridad –que representan un ahorro de seis mil millones de pesos– destaca la propuesta de congelar el salario de los funcionarios de primer y segundo nivel, esto es secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores; no crear nuevas plazas administrativas y, por si fuera poco, si alguna quedara vacante, no podrá ser asignada a nuevo personal. Se eliminará la duplicidad de gastos y funciones entre organismos descentralizados y las dependencias del ejecutivo, lo que quiere decir que el Gobierno del estado operará con el personal estrictamente necesario.
Adicionalmente, la propuesta en materia de austeridad incluye la reducción de gastos en combustibles, telefonía y energía eléctrica.
Se acabaron los asesores y las consultorías externas y tampoco habrá pagos para estudios de investigación, congresos, convenciones, donativos, viáticos y alimentos de funcionarios. De carros nuevos mejor ni hablamos.
El caso es que el programa de austeridad de Gobierno del estado iniciará de inmediato, mientras que la reforma financiera esperará su aprobación en el Congreso. De antemano, no se espera una importante oposición, porque son urgentes los recursos para la reconstrucción y, sobre todo, porque los partidos con presencia en la legislatura no tendrían argumentos para objetar el plan presentado.

Pemex y su reacción
En una comunicación breve emitida por Pemex, se informa que una vez concluida la etapa de evaluación de los daños a las viviendas por el accidente en San Martín Texmelucan, Puebla, Petróleos Mexicanos comenzará este día el pago de reparación de daños a los afectados, a través de un fondo emergente inicial de 30 millones de pesos.
Agrega la paraestatal que en materia de seguridad, elabora un mapeo detallado de los drenajes y del sistema de alcantarillado, como parte de los estudios que lleva a cabo para determinar la explosividad de la zona y descartar cualquier riesgo a la población.
Sería mucho mejor, para tranquilidad de todos, que Pemex contara con un mapa de ductos y zonas de riesgo, que incluyera tanto las líneas en uso como aquellas que ya terminaron su vida útil.
Veracruz, no lo olvidemos, tiene una de las redes de ductos más grandes del país. Apenas ayer, Ranulfo Márquez Hernández, exsecretario de protección civil, revelaba que algunos de esos ductos tienen una antigüedad de más de 50 años, por lo que no se pueden descartar riesgos. Lo malo es que ni los ayuntamientos asentados en zonas petroleras, ni el propio Gobierno del estado, tienen una información completa y detallada sobre las tuberías petroleras, su estado y el riesgo que implican para la población.

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