Las detenciones... un signo

José Emilio Lobato Corrigeux
Comentario Abierto

Es mucho el tiempo que ha pasado y el hartazgo de la sociedad veracruzana ha llegado al límite, durante muchos años el tema recurrente ha sido el mismo, gobiernos estatales y municipales van y vienen y los resultados principalmente de la obra pública son poco evidentes y los que pueden verse, en un tiempo mínimo acusan la pésima calidad con que se hace, mención aparte merecen las acciones que por su naturaleza son intangibles pero aun con esa característica, pueden ser evaluadas como el tema educativo por ejemplo.
No importa el partido político que los haya postulado, pero la coincidencia en la forma en que se han manejado gobernantes y servidores públicos estatales como ediles y funcionarios municipales, se convirtió en tal descaro que en verdad no nos explicamos cómo es que el pueblo veracruzano ha soportado tantas burlas y humillaciones de quienes creen que este pueblo tan generoso carece de sentido común e inteligencia… cuidado.
La degeneración de la actuación política de los últimos años es cuando políticos y empresarios intercambiaron sus perfiles y los políticos se volvieron empresarios y los empresarios se volvieron políticos, pero en ambos casos concibieron el poder público como el escenario más propicio para acumular fortunas a costa de los contribuyentes, sobre quienes históricamente han recaído las políticas públicas de contribuir (por no decir pagar impuestos), para que quienes laboran en la administración publica, reciben remuneraciones lo suficientemente dignas como para evitar “meter la pata” o más bien “meter la mano”.
Hay que recordar que periodo tras periodo, el Orfis se ha preocupado – eso hay que reconocerlo – por orientar y capacitar a ediles electos y a quienes en su momento habrían de ocupar cargos de responsabilidad en el manejo programático –presupuestal de los recursos, sin embargo, más de un alcalde ha padecido el suculento mareo del poder que les aligera el recato y la prudencia, cambiando su conducta de manera radical hasta con sus cercanos y no hay marco normativo que pueda con ellos, ha prevalecido la impunidad y la discrecionalidad, en agravio de los ciudadanos y lo más vergonzoso, hay quienes hasta han sido legisladores y retornan como alcaldes como para demostrar que en sus feudos nada mas sus chicharrones truenan..
Lo anterior desencadenó un desenfrenado deterioro en la credibilidad ciudadana no tan sólo en los políticos sino también en forma lamentable de las instituciones que estos han encabezado, credibilidad que de manera inmediata debe rescatarse para evitar la ingobernabilidad e inmovilidad que sumadas a la psicosis social por el problema de la seguridad, arriesgarían el futuro no solo de Veracruz sino del país entero, por eso es que la detención de ex ediles y ex funcionarios municipales, es bien vista por todos los veracruzanos y prestigia a la inicial administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Por otra parte, así como se aplauden estas acciones y sin que exista un ánimo de aniquilamiento, más de un ciudadano exige que de demostrarse peculados, desvíos o enriquecimientos cuyo origen es por el tráfico de influencias y el tutelaje de algún cargo público, no solo se castigue de manera ejemplar y conforme a derecho a los ex servidores públicos sino que embarguen sus cuentas bancarias y se les expropien las propiedades adquiridas con el dinero mal habido.
Desde luego que también existe el clamor de que se revisen las cuantiosas fortunas y propiedades de más de un funcionario estatal, que antes de la anterior administración no contaban siquiera con una propiedad o un vehículo en que transportarse y hoy exhiben abiertamente el abrupto cambio de vida y nivel económico logrado en tan solo un sexenio, luciendo majestuosas residencias y lujosos vehículos que con sus percepciones difícilmente podrían adquirir, los ejemplos son por demás conocidos y se confía en que el gobernador Duarte de Ochoa, con la discreción y la sencillez que le caracterizan actúe en consecuencia y con toda energía.
Habrá que darle el beneficio de la duda al Orfis y a la Contraloría del estado, instituciones que la verdad sea dicha son reconocidas por su inmovilidad y poca diligencia para sancionar las corruptelas que son por demás evidentes, se les debe recordar a sus titulares y funcionarios que ellos también son servidores públicos y son sujetos de la ley de responsabilidades que con toda claridad manifiesta que las omisiones son sancionables y a propósito de leyes, se hace necesaria una que establezca los mecanismos para expropiar las propiedades mal habidas.
Bien por Duarte, alguien tenía que dar la cara por los veracruzanos.
Usted tiene la mejor opinión.

lo-corrijo@hotmail.com