En el Poder Judicial, sigue la mata dando

Manuel del Ángel Rocha
Acontracorriente

La presente administración estatal, mejor dicho, la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno de Veracruz, ha iniciado un programa de retiro voluntario, con la intención de adelgazar el obeso aparato burocrático, que aumenta indiscriminadamente sexenio tras sexenio, sin considerar que tal incremento afecta la asignación presupuestal, e impacta seriamente las finanzas publicas, y por ende el desarrollo de los programas de mayor beneficio social para el pueblo veracruzano.
En general, la mala medida no es mala si se respetan los derechos de los trabajadores, y sin entrar a otro acto de simulación, a los que ya nos tenia acostumbrado la anterior administración, que aunque la acción es de sopesarse (el despido), los trabajadores de confianza o sindicalizados, no deben perder la capacidad para defender su derecho laboral, esto es, su antigüedad, ya sea por acogerse al programa propuesto por don Tomas Ruiz González, o porque su jefe de reciente incorporación, le esta solicitando la renuncia. En ambos casos se tiene que cumplir con el estado de derecho, tomando en cuenta que el empleo es sagrado, al margen de proyectos novedosos o innovadores de los recién llegados, o ajustes casi explicables desde la óptica financiera. Pero lo que no se vale, es que los recién desempacados, traten como delincuentes a quienes han contribuido para fortalecer la estructura administrativa, incorporando sistemas y métodos que han eficientado y hecho transparente el trabajo cotidiano. Además, tratándose de funcionarios del mismo partido político (porque la elección no la gano ni el PAN, o el PRD), o en su caso, con el agravante de encontrar supuestos faltantes o desviaciones de los recursos, para ello están las contralorías internas y la propia Contraloría General, para denunciar el ilícito ante la instancia pertinente, o aplicar la sanción administrativa correspondiente. O ya ni eso puede hacer Iván López Fernández, Contralor del estado.
Tal es el caso del ex Director General de Administración del Consejo de la Judicatura don Gerardo García Ricardo, que con muchos años en el puesto, contribuyo a vigorizar administrativamente al Tribunal Superior de Justicia. Pero que si habláramos de justicia seca y llanamente, el propio Presidente Alberto Sosa Hernández, le estaría preparando no solo una liquidación justa, acorde a la ley, sino también un reconocimiento publico, por su aportación y compromiso con ese poder. Pero todo lo contrario. Según nuestra constitución, existe el principio republicano de la división de poderes, donde el poder Judicial es el garante para el cumplimiento de las leyes en Veracruz, que desgraciadamente, aquí no aplica.
De noviembre del 2010 a la fecha, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del Consejo de la Judicatura, ha despedido a 36 profesionistas con una preparación académica de vanguardia. Con maestrías y doctorados financiados con el presupuesto anual del Poder Judicial. Esto es, con el dinero de los contribuyentes, pero sencillamente este recurso humano, altamente especializado es echado a la calle con toda su experiencia y excelencia académica, demoliendo años de inversión en su preparación, base del desarrollo y despegue de este poder, que en el ultimo decenio ha tenido un evidente progreso.
Pero tocó el turno al ex Director General de Administración, Doctorante en Contaduría Pública, Gerardo García Ricardo, a quien no obstante degradara el magistrado presidente, pasándolo de Director General, a Subdirector de área (el último día de mayo), fue despedido, sin respetar sus derechos, esfuerzo y dedicación al Poder Judicial, al que sirvió por muchos años. También le toco la guadaña al C P Camarena, quien se venía desempeñando como Subdirector de Recursos Financieros de la Dirección de Administración, con gran eficiencia, pero lo más importante, con gran honradez. ¿Será que por eso fue despedido?. Pero lo más lamentable es que todo esto ocurre con la complacencia de los señores Consejeros de la Judicatura, incluyendo a los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo, que parodiando al filósofo de Nopaltepec, será que todo lo que tiene precio, es barato.
Si el despido de los ex empleados fuera para reducir el aparato burocrático del Poder Judicial, podría entenderse. Pero solo basta en que usted amable lector, se de una vuelta a cualquier juzgado del interior del estado, para darse cuenta de que aun falta mucho personal para administrar justicia pronta y expedita. Sin contar a los pasantes meritorios que son muchos. Pero distinguido amigo, los espacios laborales que han quedado vacíos, por las renuncias voluntarias, obtenidas con amenazas y falsas promesas, han sido ocupadas por personajes de muy bajo perfil, algunos inclusive cuestionados por tener cuentas pendientes con la justicia. Por ello, al inicio de la actual administración del Tribunal Superior de Justicia, en su columna Al Pie de la Letra del 8 de diciembre del 2010 el amigo Raymundo Jiménez, bautizó al grupo entrante como la “sosa nostra”, por la incorporación de Alejandro Dávila Vera, como Director general de Administración, con un cuestionadísimo historial como servidor público, y otros personajes sinuosos. A ello se agrega el infaltable nepotismo del presidente magistrado que recientemente nombró Director de Auditoria de la Contraloría del Poder Judicial, al esposo de una sobrina muy querida.
Por lo pronto, a los trabajadores despedidos solo les queda esperar, y tener confianza en que los magistrados federales resuelvan sus casos apegados a derecho, porque al verse violentados sus potestades elementales, han acudido a la protección federal, para que con resolutivos justos, puedan resarcir sus derechos constreñidos (también ante la evidente complacencia de los magistrados), pues nadie ha tenido el valor de decirle al magistrado presidente, que con la actitud que ha adoptado de “puédelo todo”, terminara más temprano que tarde, revirtiendo lo mucho que han sembrado quienes le antecedieron en el puesto, eso sin contar que los integrantes inmediatos de su equipo, están preparando un otro golpe, pero eso, parafraseando a la mama Goya, es otra historia, que contaremos en su momento.


Remache. Con respecto a la columna que escribiera sobra el mega fraude del Arturo Hervís Reyes, varios correos me han llegado para precisar la información vertida en aquella “acontracorriente”. Señalé que el fraude ascendía a 20 millones de pesos, son cálculos obtenidos directamente de un grupo de personas defraudadas con residencia en Xalapa. Otro robado me corrige y amplia la información, para señalar que el total de defraudados es de 13000 personas, solo que ha 5000 les devolvieron parte de lo aportado, por lo que existen aun alrededor de 8000 personas sin recibir ni quinto de lo suministrado a Hervís, Limón y compañía. Ojo, esta es la vanguardia de avanzada que lucha por los que menos tienen. Servidos.

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