Marisela y los muertos

Miguel Ángel Gómez Polanco
Vía Crítica

Atenco y Ernestina Ascencio son tan sólo dos referentes de las cuestionables y por demás truculentas acciones que se ejercen en temas de connotación nacional en los que, ya sea represión, violación o cobardes asesinatos sin esclarecer, la realidad en general no dista de ser un asunto que cuenta con las conveniencias que implica un asunto como el de la seguridad en México, afianzado por la intervención del narcotráfico, la violencia y por supuesto, los agravios a los derechos humanos.
Lo que sí parece increíble –e indignante, ni se diga- son las conclusiones a las que en la mayoría de las ocasiones se llegan, irónicamente “orilladas” por el control mediático de las conciencias y las percepciones que impera en el país.
Por ejemplo, el penoso caso de un procurador como Arturo Chávez Chávez, de quien importó muy poco su pobre labor en los casos de feminicidios de Ciudad Juárez, fungiendo como procurador del estado chihuahuense, para después darle el puesto que hoy ocupa Marisela Morales. En el caso del también conocido como “soldado de a pie”, apareció el señor Asange y sus Wikileaks, que mediante un bochornoso cable indicó que la embajada de Estados Unidos en México consideró como “totalmente inesperada y políticamente inexplicable” la designación de don Arturo. La conclusión: “una decisión personal e impostergable” de acuerdo con el comunicado oficial, para darle “muerte” política a este individuo.
Otra anécdota inverosímil: la niña Paulette, quien en un principio fungiría –lastimosamente- como un distractor político apoyado por los medios de comunicación, pero que al final terminó siendo, aparte de una argumento que ni el cineasta y maestro del suspenso Wes Craven habría imaginado; un dolor de cabeza para el hoy conocido como deficiente articulador de discursos improvisados, Enrique Peña Nieto, con la participación de otro Arturo, pero de apellido Bazbaz (y sonzo, sonzo, como el otro).
Pero lo que en últimos días ha sido un golpe definitivo a la vulnerable sociedad mexicana, es lo acontecido con Marisela Escobedo; aquella activista que luchó hasta donde la impunidad la dejó, buscando esclarecer el asesinato de su hija, Rubí Frayre Escobedo.
Pero para no desentonar, apliquemos la de Jack el Destripador y vayamos por partes. Primero, la manera en que se desarrolló el proceso contra el principal indiciado en el crímen, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, a quien en una primera instancia se le había dictado sentencia absolutoria, y después, en un segundo juicio, condenado a purgar 50 años de prisión por el asesinato de Rubí.
El detalle está, como diría el cómico de los pantaloncillos flojos, en que posterior a esta segunda eterminación, la Procuraduría General de la República, así como la del estado de Chihuahua, contaban con 200 días para hallar a Sergio, cosa que no sucedió. En ese lapso, Marisela acudió pidiendo audiencia ante varios niveles, desde la propia PGR, hasta con el mismo Felipe Calderón Hinojosa; todos haciendo caso omiso de las solicitudes de la mujer y, además, valiéndoles las recomendaciones que la Corte interamericana de los Derechos Humanos emitió, debido al riesgo que corría por las constantes amenazas.
Pero tendría que llegar el fatídico 16 de Diciembre del 2010, cuando Marisela Escobedo cae sobre la acera frente a su campamento, baleada.
Para muchos, un crimen de Estado que se hundía en la impunidad en el que tuvo que pasar un año tuvo para que surgieran noticias al respecto -y sinceramente, poco alentadoras- , en una muestra más de la deprimente situación que guarda el sistema de justicia mexicano: la Fiscalía General de Chihuahua da a conocer que cuenta con pruebas suficientes para determinar que Héctor Miguel
Flores Morán, alias “el Payaso”, es el asesino de Marisela Escobedo. Sólo hay un detalle: el tipo hizo su payasada y… ya está muerto desde septiembre pasado.

SUI GENERIS
La Fiscalía ha declarado que “el payaso” es el presunto autor material de la muerte, pero la búsqueda continúa para dar con el paradero de quien se considera el autor intelectual: Sergio Rafael Barraza. La pregunta es si en 200 días que había posteriores a la sentencia dictada para apresarlo, tiempo durante el cual murió la activista, ya sin ella ¿será más fácil encontrarlo?