De 800 millones, daño patrimonial

José Ortiz Medina
En Corto... sin Cortes

EL PASADO 25 de este mes y año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-30/2012, confirmó la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, relativa al Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promoviera Víctor Jiménez Jiménez, en contra del acuerdo emitido por el Congreso Local, que negó al inconforme otorgar la Regiduría Sexta del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, al quedar vacante en forma definitiva ante la renuncia a la misma tanto del titular, como del suplente.
El ponente que en este caso lo fue el Magistrado Flavio Galván Rivera, señala en el texto de su resolución, no se puede aplicar supletoriamente lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución General de la República, por cuanto a que éste regula lo relativo a senadores y diputados; mientras que la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, en su artículo 63, señala de manera expresa el procedimiento para cubrir las vacantes que se presenten en los ayuntamientos del Estado, al precisar que el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, según competa, debe designar entre los demás ediles (Presidente, Síndico y Regidores) quien debe cubrir esa ausencia, se está refiriendo a aquellos funcionarios que integran el correspondiente Ayuntamiento y no como lo pretende el actor, en el sentido de que sea el siguiente en la lista aprobada por el Instituto Electoral Veracruzano en el sistema de representación proporcional, porque el aquí quejoso, no tiene el carácter de edil, tratándose de un simple aspirante, pero cuyas aspiraciones expiraron al asignarse todas las regidurías que conforman el Ayuntamiento cordobés. Con esta resolución queda finiquitada la controversia en mención y corresponderá al Congreso del Estado o a su Comisión Permanente realizar la designación en cuestión, pero en los términos antes citados.

LOS AJUSTICIAMIENTOS por parte del crimen organizado no paran. Ayer tres jóvenes fueron asesinados en Culiacán, Sinaloa, en tanto ocho hombres fueron acribillados en céntricas calles de la ciudad de Monterrey. En este último caso llama mucho la atención el “modus operandi” de los criminales, puesto que, de acuerdo con los reportes de las autoridades judiciales, las víctimas fueron acribilladas a balazos frente a una barda del lugar, es decir, fueron fusiladas. Estos fusilamientos se empiezan a registrar cada vez con mayor frecuencia entre los diferentes cárteles de las drogas, como método similar al empleado en las guerras, guerrillas o como se utilizó durante la Revolución mexicana. Bien sabemos, y padecemos, que los narcotraficantes mantienen entre ellos una guerra personal desde hace años (y otra con el presidente Felipe Calderón desde que éste asumió el poder), con el fin de apropiarse de las diferentes plazas -pueblos, ciudades, estados- del país, y en ese contexto tal vez estos fusilamientos correspondan a una “lógica militar”, en una guerra donde no caben los prisioneros ni el intercambio de éstos, sino únicamente los muertos, que por cierto ya suman alrededor de 50 mil sólo en este sexenio calderonista. Los mexicanos seguramente nunca acabaremos por acostumbrarnos a tanta violencia en las calles, pero tememos que aún nos queda mucho por ver.

EL PROBLEMA de la sequía en nuestro país se torna grave. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicasde la UNAM, si no se aplican medidas para contrarrestar la pérdida de productos agrícolas y de ganadería derivada de esta sequía más de ¡dos millones de mexicanos! se encontrarían en riesgo de padecer hambruna. Como era de suponerse, el cambio climático ha sido determinante en esta complicada situación, pues se calcula que 1.4 millones de hectáreas sufrieron daños provocados por las condiciones climáticas adversas, y se reporta que 50 por ciento de los municipios ya han sido afectados. A todo esto debemos añadir que el año pasado se perdieron 3.2 millones de toneladas de maíz, 600 mil de frijol y 60 mil cabezas de ganado.

TRASCENDIÓ QUE no son 600 millones de pesos como se pensó en un principio sino que serían ¡800 millones de pesos! el daño patrimonial de los ex alcaldes en lo que compete a la Cuenta Pública 2010.