Zona Franca
Con la pesada losa de un evidente fraude electoral en sus espaldas, Enrique Peña Nieto recorre espacios internacionales de noticias, frecuenta a los corresponsales extranjeros y habla a quien lo quiera escuchar, para negar, una y otra vez, que su partido, el PRI, haya comprado votos y ganado, así, con un fraude, la Presidencia de México.
Lógico en él, sistemáticamente lo niega, aunque las pruebas del desaseo en la campaña priísta se vean por todos lados, se olfatean y se perciben, pero al ser un crimen de conciencia, muy difícilmente se podría probar, peor aún con el sistema político que no solamente se avala a sí mismo sino que también se protege.
Diría Luis Cabrera, insigne periodista del porfiriato y luego de la Revolución: “Los acuso de corruptos, no de pendejos”.
La tronante declaración derivó del reclamo de “pruebas” que le hiciera un político al que le encontró unos pecadillos muy evidentes para el sentido común, pero legalmente muy difíciles de probar.
Peña Nieto y sus socios del PRI arrastran sobre sí el señalamiento de haber comprado el voto de millones de electores, unos con dinero, en efectivo o con tarjetas prepago en las tiendas de autoservicio Soriana; de haber sobrepasado –violado, pues— los techos financieros fijados por el IFE, a través una triangulación que implica al Grupo Financiero Monex; del pago de cientos de millones del erario público para sufragar el costo de su estructura electoral; del pago de encuestas para mantener posicionado a Peña Nieto en el primer lugar de la intención de voto, y del uso de la burocracia de gobiernos estatales y municipales para operar políticamente.
Dentro de México, el triunfo de Peña Nieto ha sido ampliamente cuestionado, no porque se haya registrado relleno de urnas, o se haya violentado la jornada electoral. Peña Nieto obtuvo más de 19 millones de votos. Eso no está a discusión. El fraude fue un trabajo fino. Lo que le ha merecido repudio es la calidad de esos votos, arrancados mediante la compra de conciencias y, también, por la coacción de votantes, la presión y la amenaza.
Conociendo al PRI, cualquier triunfo electoral es digno de sospecha. El nuevo PRI es tan o más corrupto que el viejo PRI. No existe elección en la que gobernadores o alcaldes priistas, no destinen recursos públicos y usen su burocracia, sus funcionarios, como operadores políticos, e incluso empleen los bienes, oficinas, vehículos, convenios publicitarios con los medios de comunicación, para posicionar a sus candidatos.
Peña Nieto ha sido cuestionado por la prensa extranjera sobre la limpieza de su triunfo. Ahí se ha dado un frentazo. Ha titubeado, expresado frases que no convencen, esgrimido razones sin sustento y ha caído en una peligrosa falta de credibilidad, logrando anidar la idea de que el candidato presidencial miente y que el PRI actuó como pirata del Caribe, robando lo que tuvo a su alcance.
Un reflejo de la operación política desarrollada por los gobernadores priístas, sin ética y sin rubor, lo da el periodista Raymundo Jiménez, en su columna Al Pie de la Letra, en la cual describe dos hechos relevantes: cómo se destinó dinero público para operar campañas priistas y cómo los funcionarios de gobierno engañaron al titular del ejecutivo veracruzano, Javier Duarte de Ochoa.
Raymundo Jiménez es un periodista que se observa estrechamente ligado a las esferas gubernamentales, que sin embargo, revela en qué punto falló la operación electoral y cómo se produjo la derrota de Peña Nieto en tierras veracruzanas.
Entre otros temas, dice:
“Dicen quienes han tenido oportunidad de conversar con él después de los comicios federales del pasado 1 de julio, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no sólo está molesto con algunos colaboradores y alcaldes priistas que no se aplicaron para abonar a favor del virtual candidato electo Enrique Peña Nieto una amplia cuota de votos en la elección presidencial, sino que también estaría decepcionado por la deshonestidad con que operaron y le desinformaron en este proceso electoral.
“Y es que esos funcionarios y ediles fallaron no solamente en sus proyecciones de promoción del voto priista sino que además existe la presunción de que no ejercieron eficaz y totalmente los recursos millonarios que recibieron para acarrear simpatizantes a los mítines que encabezó Peña en varias regiones de Veracruz y, lo más grave aún: que tampoco los usaron para movilizar más votantes el día de la elección.
“Por ejemplo, un caso sería el de un operador que para el evento que el mexiquense presidió a mediados de mayo en Córdoba, la tierra del gobernador Duarte, habría solicitado y recibido recursos para movilizar mil autobuses. Pero según habrían confirmado después los concesionarios del autotransporte de la región, no fue un millar sino sólo 300 las unidades arrendadas.
“En Boca del Río, donde el PRI fue apabullado por el PAN, presuntamente de Xalapa les hicieron llegar antes de la elección 22 millones de pesos a los operadores del alcalde priista Salvador Manzur Díaz para la movilización de votantes. Por el saldo electoral tan desfavorable, ahora en Palacio de Gobierno dudan que esos recursos hayan sido aplicados cabalmente por el equipo del compadre del gobernador".
Peña Nieto puede ir ante la prensa internacional y exaltar la limpieza de su triunfo, pero existe la certeza de que el PRI recurrió al fraude para hacerlo llegar a la Presidencia de México, al grado de que quienes están cerca de los gobiernos priístas, lo cuentan y hasta lo publican. Lo imposible será probarlo en los tribunales.
Y es que como diría don Luis Cabrera: se les acusa de corruptos, no de pendejos.
Con la pesada losa de un evidente fraude electoral en sus espaldas, Enrique Peña Nieto recorre espacios internacionales de noticias, frecuenta a los corresponsales extranjeros y habla a quien lo quiera escuchar, para negar, una y otra vez, que su partido, el PRI, haya comprado votos y ganado, así, con un fraude, la Presidencia de México.
Lógico en él, sistemáticamente lo niega, aunque las pruebas del desaseo en la campaña priísta se vean por todos lados, se olfatean y se perciben, pero al ser un crimen de conciencia, muy difícilmente se podría probar, peor aún con el sistema político que no solamente se avala a sí mismo sino que también se protege.
Diría Luis Cabrera, insigne periodista del porfiriato y luego de la Revolución: “Los acuso de corruptos, no de pendejos”.
La tronante declaración derivó del reclamo de “pruebas” que le hiciera un político al que le encontró unos pecadillos muy evidentes para el sentido común, pero legalmente muy difíciles de probar.
Peña Nieto y sus socios del PRI arrastran sobre sí el señalamiento de haber comprado el voto de millones de electores, unos con dinero, en efectivo o con tarjetas prepago en las tiendas de autoservicio Soriana; de haber sobrepasado –violado, pues— los techos financieros fijados por el IFE, a través una triangulación que implica al Grupo Financiero Monex; del pago de cientos de millones del erario público para sufragar el costo de su estructura electoral; del pago de encuestas para mantener posicionado a Peña Nieto en el primer lugar de la intención de voto, y del uso de la burocracia de gobiernos estatales y municipales para operar políticamente.
Dentro de México, el triunfo de Peña Nieto ha sido ampliamente cuestionado, no porque se haya registrado relleno de urnas, o se haya violentado la jornada electoral. Peña Nieto obtuvo más de 19 millones de votos. Eso no está a discusión. El fraude fue un trabajo fino. Lo que le ha merecido repudio es la calidad de esos votos, arrancados mediante la compra de conciencias y, también, por la coacción de votantes, la presión y la amenaza.
Conociendo al PRI, cualquier triunfo electoral es digno de sospecha. El nuevo PRI es tan o más corrupto que el viejo PRI. No existe elección en la que gobernadores o alcaldes priistas, no destinen recursos públicos y usen su burocracia, sus funcionarios, como operadores políticos, e incluso empleen los bienes, oficinas, vehículos, convenios publicitarios con los medios de comunicación, para posicionar a sus candidatos.
Peña Nieto ha sido cuestionado por la prensa extranjera sobre la limpieza de su triunfo. Ahí se ha dado un frentazo. Ha titubeado, expresado frases que no convencen, esgrimido razones sin sustento y ha caído en una peligrosa falta de credibilidad, logrando anidar la idea de que el candidato presidencial miente y que el PRI actuó como pirata del Caribe, robando lo que tuvo a su alcance.
Un reflejo de la operación política desarrollada por los gobernadores priístas, sin ética y sin rubor, lo da el periodista Raymundo Jiménez, en su columna Al Pie de la Letra, en la cual describe dos hechos relevantes: cómo se destinó dinero público para operar campañas priistas y cómo los funcionarios de gobierno engañaron al titular del ejecutivo veracruzano, Javier Duarte de Ochoa.
Raymundo Jiménez es un periodista que se observa estrechamente ligado a las esferas gubernamentales, que sin embargo, revela en qué punto falló la operación electoral y cómo se produjo la derrota de Peña Nieto en tierras veracruzanas.
Entre otros temas, dice:
“Dicen quienes han tenido oportunidad de conversar con él después de los comicios federales del pasado 1 de julio, que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no sólo está molesto con algunos colaboradores y alcaldes priistas que no se aplicaron para abonar a favor del virtual candidato electo Enrique Peña Nieto una amplia cuota de votos en la elección presidencial, sino que también estaría decepcionado por la deshonestidad con que operaron y le desinformaron en este proceso electoral.
“Y es que esos funcionarios y ediles fallaron no solamente en sus proyecciones de promoción del voto priista sino que además existe la presunción de que no ejercieron eficaz y totalmente los recursos millonarios que recibieron para acarrear simpatizantes a los mítines que encabezó Peña en varias regiones de Veracruz y, lo más grave aún: que tampoco los usaron para movilizar más votantes el día de la elección.
“Por ejemplo, un caso sería el de un operador que para el evento que el mexiquense presidió a mediados de mayo en Córdoba, la tierra del gobernador Duarte, habría solicitado y recibido recursos para movilizar mil autobuses. Pero según habrían confirmado después los concesionarios del autotransporte de la región, no fue un millar sino sólo 300 las unidades arrendadas.
“En Boca del Río, donde el PRI fue apabullado por el PAN, presuntamente de Xalapa les hicieron llegar antes de la elección 22 millones de pesos a los operadores del alcalde priista Salvador Manzur Díaz para la movilización de votantes. Por el saldo electoral tan desfavorable, ahora en Palacio de Gobierno dudan que esos recursos hayan sido aplicados cabalmente por el equipo del compadre del gobernador".
Peña Nieto puede ir ante la prensa internacional y exaltar la limpieza de su triunfo, pero existe la certeza de que el PRI recurrió al fraude para hacerlo llegar a la Presidencia de México, al grado de que quienes están cerca de los gobiernos priístas, lo cuentan y hasta lo publican. Lo imposible será probarlo en los tribunales.
Y es que como diría don Luis Cabrera: se les acusa de corruptos, no de pendejos.
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