Tarifas eléctricas, abuso y resistencia

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

El alto precio cargado en el recibo del servicio de la CFE, bimestralmente es una descarga eléctrica que tortura los bolsillos de millones de familias, quienes enfrentan el dilema de cortar el suministro a sus hogares o de plano sumarse a la resistencia ciudadana para protestar por lo que perciben como un abuso, a todas luces, cometido por el gobierno federal y la paraestatal.
Si la resistencia suma adeptos, es porque los políticos nada hacen por responder al reclamo social.
La demanda de los veracruzanos contra el alto precio de las tarifas por el suministro de energía, cuyo cobro corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, constantemente es incluida en el discurso de los políticos en campaña, pero en los hechos realmente nada han hecho.

Ese discurso hueco es una de las facetas de la demagogia a la que apela el político cuando no tiene mucho qué ofrecer. Y lo vemos sin distingos de partidos. Sean rojos, azules, amarillos o verdes, todos prometen, mienten o engañan, si se trata de conformar una clientela que aporte votos a la causa.
Lo que ocurra después, cuando ya se ha ganado una alcaldía, una diputación, una gubernatura, la senaduría o la Presidencia, les viene guango. Así son los políticos, insensibles al dolor del pueblo, a sus carencias y a sus reclamos.
Quienes han venido luchando por la reclasificación de tarifas de energía eléctrica, la Resistencia Civil de aquí y de allá; la del sur de Veracruz y las del centro y norte de la entidad; las de otros estados o las del DF; todas lo saben y lo asimilan. Su demanda de justicia le ha servido al político pero no ha revertido el alto cobro del servicio.
Grupos ciudadanos en varios municipios, sobre todo personas de la sierra, se organizaron y llevan a cabo protestas públicas, en los que incluso han sido reprimidos, como en el feudo del cacique de Las Choapas. Sin embargo, tampoco ha habido una respuesta aceptable de la CFE, que a cambio han interpuesto denuncias ante la PGR. Ha llevado a los deudores a instancias judiciales; los conmina a pagar y a quienes no lo hacen, hasta les cobra cuantiosas multas.
Nadie quiere la luz gratis. Ellos y nosotros queremos pagar lo justo; ellos y nosotros queremos una reclasificación, un ajuste; ellos y nosotros queremos que se nos cobre lo que podamos pagar, algo razonable, algo que corresponda al nivel socioeconómico en el que nos desarrollamos.
Partamos de un hecho irrefutable: el servicio eléctrico es un servicio público y como tal, debiera regirse por criterios de carácter social. Nadie puede quedar excluido de él y a nadie, moralmente, se la ha dado la potestad de reprimir a quien expresa su desacuerdo con el pago de tarifas elevadas, y menos aún a remitir a una prisión a quien se rebela y protesta.
Es obligación del Estado mexicano garantizar esos servicios públicos y dotarlos al pueblo con calidad y en las mejores condiciones, incluidas las tarifas, que deben ser tarifas populares.
Lo que vemos, sin embargo, es un abuso por parte de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno mismo. Desde la confección de los criterios para determinar las tarifas, hay abuso y se ignoran las condiciones en que ciertos sectores de la población se desarrollan, algunos arrastrando su pobreza, otros en la miseria.
CFE se niega a reclasificar tarifas. Aduce razones de costos de producción. Desdeña el argumento de los niveles de humedad que privan en zonas tropicales. Se cierra a debatir y, peor, a flexibilizar su postura.
CFE tiene un punto flaco: su alto costo de operación. Dice que producir energía eléctrica es caro. Dice también que las tarifas que aplica en México son de las más bajas del mundo. Dice que hasta se da el lujo de subsidiar el costo. Casi, casi nos dice que hasta un favor le hace a los usuarios.
Ese argumento es falso y tramposo. CFE tiene un aparataje administrativo elevado porque paga altos salarios a su personal y nada en un mar de corrupción al que sus ejecutivos no son ajenos. Fomenta el contratismo, del que forman parte superintendentes, gerentes, subdirectores y directores.
A su sindicato le regala la luz. Los trabajadores, por “conquista sindical”, obtienen energía eléctrica subsidiada. Hay hogares en que las luces y los aparatos de aire acondicionados no se apagan nunca. Así ocurre en El Farallón, cerca de Laguna Verde, a la que llaman La Ciudad Luz. Ahí hay derroche. Y lo que derrochan es la energía eléctrica.
O sea, las prebendas de los trabajadores de CFE, sean de confianza o sindicalizados, las pagamos nosotros, el pueblo, los que debemos enfrentar un dilema cada vez que llega el recibo de luz.
Ellos, los trabajadores de CFE, de confianza o sindicalizados, no pagan la energía eléctrica que consumen, porque esa se la pagamos los usuarios.
Sus ejecutivos, que de por sí ganan una millonada al mes, a menudo andan inmiscuidos en negocios sucios al amparo de la CFE. Se les sabe adinerados y, peor aún, embarrados en transas y porquerías, contratos de obra y compra de equipo con sobreprecio, que les permiten amasar fortunas, mansiones, edificios, autos, yates, amantes y una vida de jeque que resulta insultante para las buenas conciencias.
A cambio, CFE se niega a reclasificar tarifas, a cumplir con el sentido social de un bien público como es la energía eléctrica, porque, dice, el costo de producción no les permite reducir sus ingresos.
La negativa a reclasificar no obedece a criterios administrativos sino al factor corrupción. Dicho en mexicano, a que unos, los jodidos, sostengan la vida de placer de otros.
Quienes demandan esa reclasificación de las tarifas eléctricas, lamentablemente se han convertido en carne de cañón. Han llevado su protesta a las calles; se han enfrentado al aparato de poder; cuando se han negado a pagar la luz, porque no les da el salario que ganan, han sufrido cortes del suministro; cuando se han opuesto y enfrentan al personal e CFE, terminan en la cárcel.
Eso ha radicalizado la protesta. Aquí, en Las Choapas, el Movimiento de Resistencia Civil se ha expresado en las calles. A cambio, dos veces ha sido reprimido.
Una vez, sus integrantes llegaron al palacio municipal. Demandaban que el alcalde Renato Tronco Gómez mediara y conminara al gobierno de Veracruz a intervenir ante la Comisión Federal de Electricidad para que cesara el hostigamiento y se lograra la reclasificación de las tarifas. La respuesta fue insólita: la policía municipal los reprimió; golpeó a mujeres, ancianos y niños; los gaseó y muchos pararon en los hospitales en una de las más reprobables muestras de intolerancia y abuso policíaco de que se tenga memoria.
Un segundo caso ocurrió hace apenas un mes. Se realizó el encuentro de organizaciones de Resistencia Civil, que aglutinó a representantes de todo el país. Cuando terminaba el evento, marcharon por las calles. En tres ocasiones los reprimió la policía de Renato Tronco y en respuesta los de la Resistencia se les fueron encima, tan sólo para que el alcalde entendiera que debía amarrar a sus perros.
La disputa por la reclasificación de tarifas se desarrolla en un escenario de injusticia social. La CFE, que debiera estar al servicio del pueblo, le hinca el diente al pueblo. El gobierno, que debiera ver por la sociedad, envía a la policía a reprimir a la sociedad.
El tercer ingrediente lo aportan los políticos. Llegan las campañas y ofrecen intervenir y si alcanzan a una diputación federal, gestionar no sólo la reclasificación de tarifas sino que los pobres ni siquiera paguen la luz.
La oferta de los políticos es tramposa y demagoga. Los políticos usan a los demandantes de la reclasificación para tener adeptos y para ganar credibilidad. Prometer no empobrece, dice el refrán, pero cumplir es imposible en el espectro de los políticos a la mexicana.
Esa fue la tónica no sólo de los candidatos sino de los partidos políticos en la pasada contienda. El PRI atacó ese nicho de mercado que son las tarifas eléctricas. Lo ofreció Enrique Peña Nieto y sus 300 candidatos a diputados federales. Lo ofreció el PRD, López Obrador y su corte de candidatos amarillos. No lo hizo el PAN porque es ese partido el que ha enarbolado una política de desigualdad y que la carga se monte sobre los hombros de los pobres y que los ricos permanezcan en cúspide de la pirámide social.
Difícilmente el panorama cambiará. Los políticos se miden por el oportunismo. Antes, hoy y siempre se acercan al conflicto, ofrecen arreglarlo, usan al necesitado y luego emigran.
Así ha ocurrido con las tarifas eléctricas. Todos prometieron la reclasificación y al final todo quedará igual. Del discurso no pasaron.

(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)