COFISUR: La mano de los políticos

Roberto Morales Ayala

Zona Franca

COFISUR no es un tema meramente financiero sino la punta de un iceberg de corrupción en el que los políticos metieron las manos hasta el fondo de la poza de lodo.
Como en el gran fraude de la Bolsa de Valores, inflaron la burbuja, atrajeron socios, generaron millonarios rendimientos y en un chasquear de dedos, sacaron sus capitales y la desplomaron.
A lo largo del camino, dejaron tendidas a miles de víctimas, en su mayoría pensionados y personas agobiadas por la tristeza; enfermas, algunas de ellas en fase terminal, o agravadas por el desencanto y atrapadas en la desesperación, quienes hoy no encuentran consuelo a su agravio ni justicia en los tribunales.
En dos años, tras advertirse los primeros indicios de insolvencia, en aquel ominoso diciembre de 2010, cuando asomaba el rostro de la perversidad y les negaban el producto de los intereses generados o el retiro de sus capitales, los socios defraudados de la Cooperativa Financiera del Sur (COFISUR) sólo han hallado excusas de agentes del Ministerio Público, a cuyos buenos oficios se encomendó dilatar la acción de la justicia y empantanar los casos.
Como es de suponerse, en el origen del caso COFISUR están los políticos y en el culmen del problema, también están los políticos.
Fueron los políticos quienes dieron manga ancha a la instalación de financieras, concretamente cuando Fidel Herrera Beltrán desplegaba campañas fantasiosas en que se exaltaba a un Veracruz irreal, el cuerno de la abundancia, y lo mostraba como el paraíso de las inversiones. Fidel era el Rey Midas de las COFISUR, COFISTMO, COFIVER, LA LLAVE DEL SURESTE, COFIMEX, COOFIA, y bajo su amparo fluyeron créditos millonarios precisamente para políticos, antes y durante los tiempos electorales.
La principal sospecha, y así se ha publicado, es que COFISUR sirvió para financiar las campañas del PRI y más que eso, para operar entre grupos marginados, adquiriendo y ofreciéndoles despensas, material de construcción, arena para relleno y las consabidas gorras y playeras, que son como prendas de vestir para quienes difícilmente pueden comprarse una camisa a lo largo de un año, a causa de su bajo poder adquisitivo.
De COFISUR se ha dicho, por ejemplo, que el principal inversionista fue el ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel Montiel, hoy secretario de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz, quien de la mano de empresarios, contratistas, comerciantes y otros políticos, hizo suponer que la financiera poseía solvencia y quienes la manejaban eran personas honestas.
No hay que ir lejos para reflexionar sobre ello. En reseñas periodísticas, se muestra el historial gráfico de los eventos en que los directivos de COFISUR eran agasajados por Marcelo Montiel, aval directo o indirecto, justo cuando se preparaba la elección de 2010, crucial para el PRI, para Fidel Herrera y para Javier Duarte de Ochoa, en su afán por perpetuarse en el poder por seis años más. Y para ello había que sacar dinero de donde fuera, así tuvieran que echar mano de los recursos invertidos por los ahorradores de COFISUR.
El problema, pues, es político. Lo iniciaron los políticos, atrayendo incautos que deseaban obtener grandes ganancias mediante el cobro de altos intereses, que ningún banco les darían, y así se formó e infló la burbuja que tarde o temprano habría de explotar, y lo han proseguido los políticos frustrando las acciones legales para evitar esclarecer el fraude.
Tres meses después de consumarse la “victoria” de Fidel Herrera, imponiendo a Javier Duarte en la gubernatura de Veracruz, Marcelo Montiel retiró sus ahorros y COFISUR entró en crisis. La versión, conocida por muchos y publicada por otros, nunca fue desmentida.
No terminaría el 2010 cuando COFISUR se fue a pique. ¿Coincidencia? En noviembre, los ahorradores se encontraron con que no había dinero correspondiente a los intereses generados y mucho menos para retirar capital.
En enero de 2011, varios de los socios directivos de COFISUR pegaron la graciosa huida, entre ellos Pedro Martínez Escudero, mientras el clásico tonto de la película, el gerente Carlo Alberto García Vidal, fue arraigado, se le liberó y minutos después se le aprehendió. A Martínez Escudero se le encarceló un año después, en febrero de 2012, sólo para matizar la efervescencia y el malestar, ya que a la fecha no hay cómo recuperar el dinero defraudado.
En las diligencias judiciales se advierte una red de prestanombres usados para encubrir las propiedades de COFISUR. De esa forma, COFISUR se aparenta que la financiera carece de bienes y por lo tanto, lo que tiene a la vista, no es embargable.
Dos años después, la justicia no llega. La agente 4ª. del MP en Coatzacoalcos, Janeth Vidal Morales, dice que aún estudia si consigna el caso a un juez; si carece de elementos, lo que la obligaría a enviar el expediente a reserva, o si no hay acción penal que ejercitar. En el colmo del absurdo, la fiscal tiene la ocurrencia de decir que una vez que traslade el caso a un juez, éste podría “consignar” el caso para que se libre la orden de aprehensión correspondiente.
¿A dónde podría un juez consignar un caso, si es él quien tiene las facultades para llevar adelante un juicio o determinar que el sujeto o sujetos señalados no son objeto de acción penal? Así de mal anda la justicia en Veracruz.
Desde su inicio, el caso COFISUR ha sido manoseado por los políticos. La Procuraduría de Veracruz, en manos de Reynaldo Escobar Pérez, ex secretario de Gobierno de Fidel Herrera, aplicó estrategias para dejar en la indefensión total a los ahorradores defraudados. Lo primero fue integrar una denuncia que no tendría efecto alguno en el juicio contra COFISUR.
Para ello encargó al agente del MP, Félix Jácome, la integración del expediente. Jácome, un experto en empantanar casos y armar telenovelas judiciales.
Cuando expertos de la Procuraduría General de la República conocieron el caso, su primer comentario fue que la denuncia elaborada por el fiscal Félix Jácome sólo serviría para exonerar a los directivos de COFISUR. La segunda opinión fue en el sentido de que debía retirarse de las manos de la Procuraduría de Veracruz el caso de los defraudados, pues se percibía un evidente encubrimiento.
Mientras ello ha ocurrido, los ahorradores han recurrido a la protesta. Se manifestaron a las puertas del Servicio de Administración Tributaria, reclamando que el gobierno federal sea tan laxo para dejar operar a cooperativas financieras que defraudan y luego no se hace responsable por los ilícitos en que incurren; en las calles de Coatzacoalcos, y frente a palacio de gobierno de Veracruz, exigiendo al gobernador Javier Duarte que cumpla su promesa de hallar una solución al problema legal propiciado por el fraude de COFISUR.
El caso COFISTMO es similar. Cuando ocurrió la debacle de COFISUR, lo menos que presumía su propietaria, Ivonne Murillo, fue que su financiera contaba con todos los permisos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; que los recursos de los ahorradores estaban protegidos, y que contaba con liquidez para enfrentar el pago a los socios.
No tardó mucho en caer en la insolvencia, como le ocurrió a COFISUR. Por las mismas razones, por la acción de los políticos, COFISTMO dejó de pagar a sus clientes.
Ante la falta de recursos, COFISTMO cerró sucursales y concentró sus actividades en unas cuantas oficinas. Su propietaria, Ivonne Murillo, informaba que se realizarían asambleas para explicar a los socios ahorradores los problemas que la agobiaban y dónde estaba el origen de la insolvencia. Fue denunciada y ahí anda, entrampada sin lograr atenuar su desgracia.
Finalmente reveló que cuatro de sus principales clientes, que pidieron créditos millonarios, no pagaron lo que adeudaban y eso repercutía en la falta de recursos para enfrentar sus obligaciones. Y, ¡sorpresa!, volvieron a aparecer los políticos.
Entre los nombres mencionados están los de Gonzalo Guízar Valladares, ex candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Coatzacoalcos, ex diputado federal, ex diputado local, ex líder del PRI, ex regidor municipal y ex contralor de la Procuraduría de Veracruz; su hermano José Gertrudis Guízar Valladares, acusado penalmente por despojo de terrenos, destrucción de médanos, lo que constituye un delito ambiental, y despojo inmobiliario; Luis Fernando Guízar Valladares, también hermano de Gonzalo, ex director del penal de Coatzacoalcos, a quien se le fugaron varios reos, ex delegado de Tránsito, ex regidor municipal y ex directivo del PRI; Irma Oseguera, cuñada de Gonzalo, y Daniel izquierdo Pineda, ex secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos, ex líder de la juventud priísta, ex regidor municipal y ahora pastor evangélico. Todos ellos accionistas de la constructora GUIOSE, a la cual se le extendieron los créditos.
Otros personajes señalados de no haber liquidado sus créditos con COFISTMO, son el alcalde de Las Choapas, Renato Tronco Gómez, primero panista y luego transfigurado al priísmo por obra y gracia de Fidel Herrera Beltrán, poseedor de la compañía constructora Unión de Ejidos 25 de Abril y quien acaba de estrenar una mansión con costo estimado de varios millones de pesos en lo que ya se le conoce como La Colina del Ratón; Rafael García Bringas, ex diputado federal, ex alcalde de Coatzacoalcos, antes priísta y después convertido al PAN, y Alfredo Jaén García, director del Instituto Tecnológico de Las Choapas.
Sea COFISUR o COFISTMO, o cualquiera de las financieras que proliferaron en tiempos de Fidel Herrera, todas sirvieron para que los políticos se hicieran de créditos que no pagaron o ahorros que retiraron luego de inflar la burbuja, generar millonarios intereses, y dejar a otros ahorradores a su suerte.
De ahí que los procesos judiciales contra los defraudadores, no caminen. La mano de los políticos, beneficiarios del millonario fraude, no lo permite.

(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)