lunes, 15 de abril de 2013

Veracruz: cero en transparencia

Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Sostenida con propaganda, la inexistente transparencia en la administración del gobierno de Javier Duarte, es evidenciada por organizaciones independientes, de esas que no reciben sus embutes, y ubicada en su verdadera dimensión.
En este espacio se han puesto sobre la mesa de la discusión pública las muchas aristas del gobierno duartista para simular la prosperidad del estado, que a leguas se sabe es falsa, a través de la compra de conciencias y la creación de medios de todo tipo para engañarse a sí mismo y desviar cientos de millones de pesos para su peculio personal.
Las cifras de hoy para Veracruz son alarmantes. El duartismo es reacio a transparentar su gasto publicitario y derrocha cientos si no es que miles de millones de pesos en la mediapropaganda.
Nada de esto, sin embargo, es casual. La opacidad en el manejo de la información pública, fue una política pública de Fidel Herrera y ahora de su sucesor Javier Duarte. Y es que durante el fidelismo se tuvo la audacia de legislar para consolidar la opacidad y el duartismo lo aplica al pie de la letra.
Un acuerdo de la Secretaría de Gobierno de Veracruz bastó para que la información sobre el dispendio en prensa, radio y televisión, se mantuviera bajo resguardo durante 15 años, tiempo en el que no se sabría cuánto le pagó el gobierno de Fidel Herrera a Televisa, TV Azteca, Milenio, a otros medios nacionales y a la prensa estatal.
Eso hizo merecedor a Fidel Herrera de dos acres críticas de Reforma y El Universal, que ubicaron al gobierno fidelista como uno de los menos avanzados en transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, la organización Artículo 19, especializada en defensa de periodistas y libertad de expresión, formuló un análisis devastador sobre la falta de transparencia con que se conduce el gobierno de Javier Duarte.
“El caso de Veracruz es excepcional. En ningún otro estado nos negaron la información bajo el argumento de confidencialidad. Ante la veda de la entidad para otorgar la información, recurrimos al litigio, con lo que probamos, además, que presentar recursos contra la negativa de entregar información no es un proceso accesible al común de la ciudadanía, amén de que obstaculiza y limita el acceso a la documentación”, dijo la organización.
Artículo 19 se mostró asombrado de que sólo Veracruz, entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, haya justificado su negativa a aportar información sobre su gasto publicitario sobre la base de la “confidencialidad” cuando se trata de recursos públicos. El gobierno de Duarte esgrimió que la información tenía carácter de “reservada” y que “su difusión ponía en peligro la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal; mientras que por el otro, podía generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero, de acuerdo con los principios económicos que rigen la oferta y la demanda”.
Obviamente, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se prestó a esa jugarreta. Artículo 19 interpuso un recurso de revisión, que fue declarado improcedente. Acudió al Poder Judicial de Veracruz donde le dieron la razón, pero el trámite se volvió tortuoso. Finalmente, fue desechado. Artículo 19 debió solicitar un amparo para hacer efectiva la transparencia. Su esfuerzo inició a finales de abril de 2010. Tres años después, aún no concluye.
La semana anterior, el 12 de abril, Fundar, una de las organizaciones que con mayor insistencia abundan en el tema de la transparencia y libertad de expresión, emitió su evaluación bajo la denominación “El costo de la legitimidad: el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”. Su directivo, Miguel Pulido, destacó el mutuo chantaje entre gobierno y medios, unos acusando a los otros de usarse, y la tendencia de que “sale caro un buen gobierno, sale más barato comprar a los medios”. Vivimos, dice, en la república del spot, los políticos invierten en su imagen personal grandes recursos públicos y los medios pueden ser su mayor, aunque no necesariamente su mejor inversión.
Y en cuanto a Veracruz, de acuerdo con el reporte de Fundar, el gobierno de Duarte figura entre las 18 entidades que no aportan información sobre sus gastos publicitarios, y es una de las ocho que no respondieron a ninguno de los cuestionamientos que se le hicieron sobre su inversión en medios. Figura así en la “lista negra de opacos”.
Sólo el 6 por ciento de los estados alcanzaron las cinco estrellas, o sea, respuesta total a las preguntas que se les plantearon, con un alto margen de credibilidad. Veracruz no respondió a ninguna de las cinco preguntas planteadas por Fundar.
Ellas eran: presupuesto aprobado y asignado para 2010; presupuesto aprobado y asignado para 2011; gasto de publicidad oficial realizado por proveedor (prensa, radio, televisión, etcétera); por tipo de medios, y por campaña o concepto.
La cerrazón del gobierno veracruzano fue total y de ahí que hubiera quedado entre los ocho más renuentes a ofrecer información al respecto, junto con Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tamaulipas.
Veracruz aparece, también, entre las cinco entidades que empeoraron su calificación entre 2011 y 2012, pues quedó con un -2 por su negativa a aportar información sobre su gasto publicitario.
También figura entre las entidades con mayor número de recursos de revisión interpuestos por Fundar para obtener información, sin lograrla del todo.
Fundar le halló a Veracruz inconsistencias de varios millones de pesos entre la información aportada en 2011 y 2012 y una reiterada negativa a exhibir los “contratos que sustentan las negociaciones con los distintos medios de comunicación”.
Para Fundar es “indebida e ilegal” la reserva de información esgrimida por los gobiernos de Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y Oaxaca, así como la respuestas aportadas fuera del tiempo legal.
Veracruz es una de las tres entidades que reportaron cero gasto publicitario en 2010 y en 2011. Increíble.
Miguel Pulido, de Fundar, refiere que previo a las campañas políticas federales y estatales existe un incremento en la difusión de la imagen de los gobiernos y que hay pagos mediante “subsidio privado”, o sea pagos en efectivo con portafolios, desde luego con dinero ilegal, pues aunque sale de las arcas públicas, no deja registro y carece de un fin social.
Por otra parte, algunos de los funcionarios entrevistados justifican ese gasto excesivo en medios de comunicación sobre la base de la gobernabilidad. Un gobernante con mala imagen, argumentan, carece de fuerza para desempeñar un buen gobierno.
Veracruz, pues, está en esa dinámica. Apela a la “confidencialidad”, a la “reserva de información”, al blindaje de datos, y por ello termina ubicado en la “lista negra de los opacos” por su negativa a transparentar cuánto gasta, cuánto y a quiénes les paga por difundir una imagen a todas luces falsa de un gobierno que no resuelve los asuntos de interés público, que debiera ser su prioridad.
La clave es ocultar cuánto se gasta en los medios de comunicación. Incluso cuántos de esos recursos los recibe el proveedor y los comparte con el funcionario que autoriza el derroche, una forma sutil de enriquecerse.

(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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