Claroscuros
(1)
Resultado de una estructura de procuración y aplicación de justicia podrida, la salida de Rafael Caro Quintero del penal estatal de Puente Grande, Jalisco, es –apenas- “una mancha más al tigre”.
Antes de obtener un amparo que hace tres años lo trasladó al penal estatal, Caro Quintero estuvo encerrado por más de dos décadas en la cárcel de alta seguridad de Puente Grande.
Del mismo penal, sólo que sin la complicidad de un Tribunal Federal “celoso” del “estricto cumplimiento de la Ley”, se fugó el 19 de enero del 2001 Joaquín Guzmán Loera.
Desde luego, “El Chapo” también contó con cómplices para su cometido; nomás que éstos fueron funcionarios del gobierno de Vicente Fox.
En 1985, cuando Caro Quintero fue encarcelado por haber cometido el error táctico/criminal de dar muerte al agente de la DEA, Enrique “Quique” Camarena, “El Chapo” Guzmán era un delincuente de poco peso en el Cártel de Guadalajara; formado y encabezado por Miguel Angel Félix Gallardo, tío de los hermanos Arellano Félix y jefe de Rafael Caro Quintero y Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo.
A la caída del “capo de capos” y sus operadores principales, lejos de ver disminuir el poderío, extensión y cáncer social que representa el narcotráfico, México ingresó a una vorágine evolutiva sin precedente en el ámbito del crimen organizado.
Como la cabeza de la hidra, la desaparición del cártel de Guadalajara provocó el surgimiento de muchos cárteles; entre ellos el de Tijuana de los Arellano Félix que tomaron el control de la plaza “heredada” por el tío.
Asimismo, desde la década de los 80s y hasta la fecha México ha observado cómo el sistema económico adoptó la política neoliberal que a tres décadas de aplicación ha generado estadísticas de pobreza e injusticia social comparables con el porfiriato.
También hemos sido testigos de cómo la Revolución de 1910 transformada en ejercicio de gobierno ha fracasado en sus objetivos esenciales de desarrollo económico y humano; lo cual –en concreto- se traduce en un país:
- Dependiente alimentario; pues en medio siglo perdimos la capacidad de producir nuestra propia canasta básica que debemos importar para poder comer.
- Con analfabetismo entre el 15% de la población que rebasa los 113 millones de mexicanos sólo en territorio nacional.
- Polarizado en la distribución de su riqueza: con 80 millones de pobres, 50 millones de pobres extremos y: “con una población de 145 mil millonarios y 2 mil 540 multimillonarios, de acuerdo con la firma de investigación WealthInsight, dedicada al seguimiento de las personas acaudaladas en el mundo. En el informe difundido este martes, WealthInsight precisó que dichos mexicanos poseen una fortuna de 736 mil millones de dólares, lo que equivale a 43 por ciento de la riqueza total individual del país.” (La Jornada, 19 de junio 2013)
- Un Estado cuyos ingresos principales provienen de la renta petrolera. Hablamos de PEMEX, de cuyas aportaciones depende la Hacienda Pública y cuyo producto esencial, el combustible fósil del petróleo se acabará en unas cuantas décadas.
- Una hacienda pública sin base gravable ordenada, eficiente; es decir, sin recursos suficientes –ni manera de obtenerlos- para atender sus obligaciones en materia de salud, educación, seguridad -entre otras- de la población.
- De hecho el subempleo, la economía informal y las divisas de migrantes que por décadas han salido del país como una forma de sobrevivencia y de búsqueda de mejores horizontes en Estados Unidos, representan ingresos mucho más sólidos que la economía formal y los impuestos.
- El campo mexicano –particularmente en el sureste del país- es un zombie; es decir, es un hombre viviente. El ejido ha fracasado. La parcelación de la tierra terminó volviendo improductivo al campo nacional. Inventores del maíz, importamos más del 30 % del que requerimos. Dueños de petróleo, compramos gasolina al extranjero para poder movernos.
- A Elba Esther Gordillo, símbolo inequívoco del corporativismo que nos heredó la Postrevolución, se le encarceló no por corrupta, sino por haber “pateado el pesebre”.
En medio de este panorama –abordado de una manera muy simple y sumamente breve- la salida de Rafael Caro Quintero nos demuestra que los fiscales y jueces de México son producto de un sistema político que nació mal –la Revolución de 1910 se traicionó a sí misma desde que Francisco I. Madero decidió anunciar su inicio- y ha convivido con una estructura económica torpe –operamos una sistema económico mixto, es decir confuso, manipulable-. Nuestros jueces y agentes del ministerio público no son –esencialmente- tarugos, simplemente son hijos y herederos de un sistema judicial corrupto y por tanto son personajes esencialemente corruptos.
(2)
La historia de Caro Quintero deja muchas muertes detrás suyo.
Entre ellas las de periodistas Manuel Buendía Tellezgirón y Javier Juárez Vázquez; ocurrida el 30 de mayo de 1984.
La matanza de 22 agentes federales en “Sánchez Taboada” -1/2 de Noviembre de 1985- en la región del Uxpanapa, también está vinculada a la historia negra del hoy ex huésped de “Puente Grande”.
Empero, tratándose del rubro de la procuración y la aplicación de justicia la repugnancia no termina en los patéticos y vergonzosos ejemplos de la fuga del “Chapo” y la exoneración de Caro Quintero.
Desde Veracruz, hoy, se hace una puntual aportación a la impunidad histórica que prevalece en nuestro sistema judicial y en la sociedad mexicana toda.
La memoria de Regina Martínez -periodista emblemática del México que agoniza: el de los honestos, el de los convencidos de la verdad como ejercicio de vida- luce lacerada y acaba de recibir un escupitajo oficial; una agresión lacerante de jueces y fiscales; una prueba terrible de que todo aquello contra lo cual ella luchó, sobrevive y se impone.
La falla de la fiscalía que justificó al Tribunal de Justicia de Veracruz para la salida de “El Silva” –único asesino detenido en torno al crimen de la corresponsal de Proceso- está lejos de constituir una defensa proba de la aplicación estricta de la Ley.
Se trata de un tema que encierra –desde luego- los mismos lastres y lagunas que caracterizan a la procuración de justicia del país: corrupta e ineficaz per se; pero más allá, estamos ante una maniobra política en la que un grupo de poder ataca a otro grupo de poder, pisando lo que haya que pisar –en este caso la justicia que demandan la memoria de Regina, su familia, el gremio periodístico y la sociedad- para propiciar golpes efectivos al rival en turno.
Si hubiese jueces justos y éticos, sobre la base de los errores de la fiscalía que se demostrasen habría que reconocer el trabajo de los impartidores de justicia.
Pero tras la investigación del asesinato de Regina Martínez –hecho monstruoso- no hay fiscales eficientes, no hay magistrados honestos, no hay bases de procuración de justicia eficaz, no hay determinaciones judiciales éticas.
Lo que hay en este caso es lo mismo que aflora por doquier en el México contemporáneo: la miasma irremediable de nuestra agonía social; el olor inefable de nuestro estiércol institucional y colectivo.
(2)
La historia de Caro Quintero deja muchas muertes detrás suyo.
Entre ellas las de periodistas Manuel Buendía Tellezgirón y Javier Juárez Vázquez; ocurrida el 30 de mayo de 1984.
La matanza de 22 agentes federales en “Sánchez Taboada” -1/2 de Noviembre de 1985- en la región del Uxpanapa, también está vinculada a la historia negra del hoy ex huésped de “Puente Grande”.
Empero, tratándose del rubro de la procuración y la aplicación de justicia la repugnancia no termina en los patéticos y vergonzosos ejemplos de la fuga del “Chapo” y la exoneración de Caro Quintero.
Desde Veracruz, hoy, se hace una puntual aportación a la impunidad histórica que prevalece en nuestro sistema judicial y en la sociedad mexicana toda.
La memoria de Regina Martínez -periodista emblemática del México que agoniza: el de los honestos, el de los convencidos de la verdad como ejercicio de vida- luce lacerada y acaba de recibir un escupitajo oficial; una agresión lacerante de jueces y fiscales; una prueba terrible de que todo aquello contra lo cual ella luchó, sobrevive y se impone.
La falla de la fiscalía que justificó al Tribunal de Justicia de Veracruz para la salida de “El Silva” –único asesino detenido en torno al crimen de la corresponsal de Proceso- está lejos de constituir una defensa proba de la aplicación estricta de la Ley.
Se trata de un tema que encierra –desde luego- los mismos lastres y lagunas que caracterizan a la procuración de justicia del país: corrupta e ineficaz per se; pero más allá, estamos ante una maniobra política en la que un grupo de poder ataca a otro grupo de poder, pisando lo que haya que pisar –en este caso la justicia que demandan la memoria de Regina, su familia, el gremio periodístico y la sociedad- para propiciar golpes efectivos al rival en turno.
Si hubiese jueces justos y éticos, sobre la base de los errores de la fiscalía que se demostrasen habría que reconocer el trabajo de los impartidores de justicia.
Pero tras la investigación del asesinato de Regina Martínez –hecho monstruoso- no hay fiscales eficientes, no hay magistrados honestos, no hay bases de procuración de justicia eficaz, no hay determinaciones judiciales éticas.
Lo que hay en este caso es lo mismo que aflora por doquier en el México contemporáneo: la miasma irremediable de nuestra agonía social; el olor inefable de nuestro estiércol institucional y colectivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario