Historias de corrupción I

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Hablar de los notarios mexicanos y de las oficinas registrales es remitirse a historias de corrupción; es, también, hablar de fraudes y complicidades; “el que no transa no avanza” parecía la máxima en notarías y en los despachos del Registro Público de la Propiedad.
Había oficinas donde por agilizar un trámite, los burócratas cobraban cuotas en función del precio de los inmuebles: 300, 500, mil pesos o más; quien no pagaba por esos actos de corrupción tenía que esperar los tiempos establecidos por la ley: 10 días. En muchos casos, ante la prisa por realizar operaciones de compra-venta, quienes acudían a esas oficinas no tenían más opción que el soborno a los encargados de brindar un servicio que la ley establece como gratuito.
El tema de los notarios, por otra parte, es un claro ejemplo de la corrupción que ha imperado históricamente en nuestro país: primero, las notarías se asignaban con criterios políticos, incluso de compadrazgos o como un premio a la lealtad hacia el gobernante; por otro lado, para un licenciado en Derecho convertirse en fedatario era algo similar a recibir una patente de corso.
En Veracruz, antes de las reformas a Ley del Notariado del 2004, por ejemplo, era muy fácil ser aspirante y convertirse después en notario adscrito, para una vez lograda la patente, cometer una cadena de irregularidades que nunca serían ni siquiera observadas. Esa ley, la del 2004, representó un avance y volvió más estrictos los requisitos para obtener una notaría pública.
Luego vinieron las reformas del 2009, durante la pasada administración estatal, que permitieron la creación hasta el exceso de más notarías para casi duplicar el número.
Actualmente hay 308 notarios públicos en las 25 demarcaciones en que está dividido el territorio estatal. Lugares como Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica están ya saturados; ni qué decir de Veracruz, que cuenta con 64 despachos de fedatarios; Xalapa tiene más de 50.
Esa saturación en la oferta de los trámites propicia irregularidades como la invasión de demarcaciones: notarios que tienen oficinas y prestan servicios en lugares que no les corresponden; es común, hay quejas pero no acciones por las lagunas legales que prevalecen y por la imposibilidad de acreditar y demostrar esas prácticas.
En el combate a la corrupción de las notarías veracruzanas hay avances, pero hasta ahora han resultado esfuerzos insuficientes: existe un antecedente en Coatzacoalcos en la Notaría Pública Número 14 de Enrique de Jesús Aguilar Urcelay. La Secretaría de Gobierno retiró esa patente, que estaría en depósito, y ordenó la suspensión definitiva por las muchas irregularidades detectadas.
Un caso diferente, pero que también revela actos de corrupción, se desarrolla en Alvarado, justo en la zona conocida como la Riviera Veracruzana, donde se asientan los predios “La Pichancha” y “La Matosa”; son 65 hectáreas en disputa que fueron escrituradas con trampas y asentadas en el Registro Público de la Propiedad de manera ilegal. Ese caso afecta a cientos de propietarios del lugar que iniciaron acciones legales contra el fraude.
La escritura fue bloqueada por orden de la autoridad y luego, de manera indebida, desbloqueada por la propia oficina, cuando ésta tenía como responsable al recientemente cesado Adrián García Díaz. En ese caso, hay acciones legales de los afectados que podrían derivar en órdenes de aprehensión contra los involucrados y se habla de al menos un notario público.
Precisamente, para combatir esos actos de corrupción, dos leyes se cocinan en la entidad: la nueva Ley del Registro Público de la Propiedad y la del Notariado del Estado de Veracruz.
En el primer caso se manejan términos como la digitalización de los sistemas del registro y la modernización del servicio, con la finalidad de agilizar los trámites y combatir la corrupción. Por supuesto, la Ley del Registro Público para Veracruz tendrá que homologarse con la ley federal de la materia que será publicada en unos días.

En el caso de la nueva Ley del Notariado, se espera que establezca candados para la creación de más notarías en la entidad y que prohíba la invasión de demarcaciones, queja que se ha convertido en pan de todos los días. Lo deseable, en todo caso, es que las nuevas disposiciones se conviertan en un blindaje contra la corrupción.