Reelección y segunda vuelta

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Prácticamente todos los días, los medios dan cuenta del avance y las posiciones de los diferentes partidos y grupos de poder sobre dos temas que han ocupado amplios espacios en el debate nacional: las reformas hacendaria y energética impulsadas desde el gobierno federal y que ya se discuten en el Congreso de la Unión.
La reforma hacendaria se volvió un tema polémico que ha provocado rechazo del sector empresarial, y de los contribuyentes medios en general, porque le carga la mano a los de siempre y se olvida de la economía informal.
Esa reforma fue presentada hace casi un mes, el 8 de septiembre, que es el último día que contempla la ley para que el poder ejecutivo turne al Congreso las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los Criterios Generales de Política Económica.
Las cámaras, entonces, tienen hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 noviembre para sacar el Presupuesto de Egresos.
Hasta ahora, sin embargo, no hay acuerdos entre los diferentes grupos políticos, debido a las presiones que ejercen los representantes del sector empresarial.
En otra pista está la reforma energética, en la que tampoco se ponen de acuerdo: la propuesta presidencial, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, implica la inversión extranjera y los contratos de riesgo, entre otros temas, como la inversión para la exploración y perforación petrolera en aguas profundas. Acción Nacional plantea la liberación del sector en todas sus áreas, mientras que la izquierda, PRD y Morena fundamentalmente, ha emprendido un movimiento de resistencia por considerar que los planteamientos de PAN y PRI ponen en riesgo la participación del estado mexicano en el sector energético.
El problema, sin embargo, no radica en los debates ni en los acuerdos entre las fuerzas políticas, sino en que éstas condicionen la discusión de esos temas a la reforma política.

El pasado lunes 23 de septiembre, por ejemplo, las dos principales fuerzas opositoras, PAN y PRD, se pronunciaron sobre la agenda legislativa y coincidieron en señalar que primero se debe discutir la reforma político-electoral para luego, una vez negociados sus términos, se avance en la hacendaria y la energética; y apelaron a los acuerdos del Pacto por México.
PAN y PRD coinciden en algunas propuestas, como la creación de un Instituto Nacional Electoral que se encargue de la organización de todas las elecciones y sustituya al IFE y a todos los organismos estatales.
De igual manera, ambos partidos plantean la posible reelección de legisladores, la figura de gobiernos de coalición y la ratificación del gabinete presidencial por parte del Congreso.
El PAN busca implementar la segunda vuelta en la elección para presidente de la República, para gobernadores y para jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando el ganador de la contienda no alcance el 40 por ciento de los votos o logre una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.
Mientras, el PRD ha propuesto una ley de salarios máximos para funcionarios públicos, así como límites concretos a la propaganda gubernamental, a fin de que ningún gobierno invierta más del 0.05 por ciento de su presupuesto en ese ramo.
La reforma político-electoral es el tema central de la agenda legislativa en estos momentos y de ella dependen tanto la hacendaria, como la energética.


Por cierto, es lamentable pero por obvias razones, la desaparición de la figura del diputado por representación proporcional, de los plurinominales, no es un tema que pongan sobre la mesa los partidos políticos.