Regreso a clases

Luis Alberto Romero
Hora Cero

En el ámbito nacional, el tema del conflicto magisterial se complicó a partir de las marchas, manifestaciones y bloqueos efectuados por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos afiliados literalmente desquiciaron a la capital del país.
Finalmente, la coordinadora terminó por pactar con la Secretaría de Gobernación y regresó a su entidad de origen, Oaxaca, donde ahora enfrenta un movimiento de padres de familia de algunas instituciones educativas, que no aceptan que los maestros que abandonaron sus aulas, escuelas y alumnos regresen a los planteles.
En Veracruz, la situación es muy parecida aunque aquí no se alcanzaron los niveles de agresividad que caracterizaron al movimiento de la Sección 22 de la coordinadora, agrupación sindical que aprovechó la molestia del magisterio veracruzano y también la desinformación entorno a la reforma educativa para ganar presencia y, de paso, iniciar un movimiento contra las más importantes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la 32 y la 56, cuyas instalaciones siguen tomadas por los maestros inconformes y sus dirigentes, Juan Nicolás Callejas Roldán y Manuel Arellano Méndez, están debilitados y desconocidos.
El asunto es que en Veracruz, ese movimiento creció más de lo esperado, sobre todo por la incapacidad y el descrédito de los dirigentes oficiales del sindicato, que fueron totalmente rebasados.
Así, las exigencias de los disidentes fueron subiendo de tono y también sus medidas de presión, desde el bloqueo de las principales avenidas de Xalapa hasta la toma de casetas de peaje y la obstrucción de las carreteras. Todas estas acciones representaron enormes pérdidas para empresarios, transportistas y prestadores de servicios.
Por si fuera poco, el cierre de escuelas no solo generó un atraso considerable, dos meses, en el ciclo escolar, sino también la molestia de los padres de familia que en muchos casos pidieron que la Secretaría de Educación contratara a nuevos maestros.
Hace dos días, el titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, lanzó un ultimátum al magisterio disidente: regresan a clases o comienzan los descuentos y advirtió también que las sanciones contemplan la destitución de los docentes que se ausenten por tres días a sus labores.
En síntesis, lo que anunció el secretario fue la aplicación de las leyes laborales que rigen las relaciones obrero-patronales en este país, nada nuevo.
Lo nuevo, en todo caso, no es el anuncio, sino la aplicación de la ley.
En ese sentido, las acciones de supervisión de escuelas por parte de la Contraloría, con el fin de identificar a los maestros incumplidos y proceder a las sanciones es una parte de la estrategia del gobierno estatal, para evitar que se pierdan más días de clases en las escuelas públicas.
La Secretaría de Educación, por cierto, capacita ya a egresados de las escuelas normales para que entren como nuevos maestros que sustituyan a los actuales docentes que se nieguen a laborar.
Así, el movimiento del magisterio disidente comenzó a perder fuerza y se reduce cada vez más.