Auditorías

Luis Alberto Romero
Hora Cero

Cada año encontramos en la prensa noticias sobre el tema de las auditorías y revisiones a las cuentas públicas de los ayuntamientos.
Cada año, unos cuantos alcaldes son señalados, acusados, incluso denunciados por su responsabilidad en el mal manejo de los recursos públicos, por peculado, desvío de recursos o daño patrimonial.
Este año, por ejemplo, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realiza poco más de mil auditorías a la cuenta pública 2012, de acuerdo con el titular de la dependencia, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
El 31 de mayo venció el plazo para que los entes fiscalizables entregaran la cuenta pública al Congreso, que turna al Orfis esos documentos para su revisión y fiscalización.
Eso fue lo correspondiente al ejercicio 2012; antes, en el 2011, el Órgano de Fiscalización realizó mil 315 auditorías que incluyeron a 365 entes públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que la Universidad Veracruzana, Organismos Autónomos, Operadores de Agua, así como los 212 ayuntamientos.
Fueron en total 883 auditorías financieras y 270 técnicas.
De igual manera, la dependencia realizó 78 auditorías financieras y 83 técnicas de seguimiento a la Cuenta Pública 2010.
Todo ello arrojó más de 2 mil 300 observaciones y 5 mil 198 recomendaciones.
En total, 39 ayuntamientos recibieron 239 observaciones que hablaban de un daño patrimonial de más de 253 millones de pesos.
Al final, a los alcaldes y responsables de las finanzas de solo 5 ayuntamientos se les fincó responsabilidad por un monto superior a los 82 millones de pesos.
A los medios informativos, Portilla Vázquez anunció hace un par de meses que la dependencia a su cargo impartió cursos a 7 mil 180 servidores públicos en materia de ramo 033.
Y cada año la capacitación es parte de un programa permanente del Orfis, de la Contraloría General del Estado y de otras dependencias de los gobiernos estatal y federal.
Sin embargo, existen voces críticas, como la del extitular del Orfis, René Mariani Ochoa, quien apuntó recientemente que en Veracruz falta transparencia, rendición de cuentas y evaluación de los servidores públicos que manejan los recursos.
Dijo, asimismo, que no se aplica en todos sus términos la ley de contabilidad gubernamental que tipifica delitos como la destrucción de documentos oficiales, cuando éstos comprometen a las autoridades.
Apenas ayer, al inaugurar las jornadas de capacitación para la entrega-recepción de los ayuntamientos, Lorenzo Antonio Portilla enfatizó que el Orfis no dudará en aplicar la ley a los servidores públicos que se aparten de la legalidad, declaración, por cierto, que resulta innecesaria porque no hacerlo es incurrir en el incumplimiento de una obligación.
El tema, por último, no se debe limitar a la rendición de cuentas, a la fiscalización y a las auditorías a los ayuntamientos; lo deseable es que el control que se ejerce sobre esas instancias impida las irregularidades y los manejos irresponsables de los recursos, para evitar vicios como el endeudamiento excesivo, que tiene en problemas a 205 municipios veracruzanos.