domingo, 24 de noviembre de 2013

La inseguridad y los universitarios



Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Místicos y Terrenales 

La encuesta que elaboró la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES) colocó bajo las luces una realidad que ya se percibía, pero que también se había dejado porque eso es lo que ocurre todos los días: la relación de los universitarios con el consumo de drogas y la delincuencia.
Esto se ve ya como normal, pero el que sea lo cotidiano para nada significa que sea lo ideal, vaya ni siquiera lo aceptable.
Arturo Mattiello Canales, presidente de la FUIPES presentó en el Distrito Federal la Primera Encuesta Nacional Universitaria sobre Violencia, Drogas y el Delito 2013, en la que se refleja una realidad terrible, 76.10% de los universitarios ha tenido relación con algún tipo de delito.
Y el porcentaje es factible porque la delincuencia no ha respetado a nadie en este país.
En este panorama está la realidad latente de los jóvenes que han abandonado las aulas para involucrarse directamente con la delincuencia, ante la falta de expectativas.
Lo peor ante este panorama es que los gobiernos, tanto federal como de los estados, han fracasado en el combate a la delincuencia, y ahora ya ni siquiera desean tener cerca a representantes de la sociedad que puedan ver cualquier cosa.
El gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció los grupos ciudadanos que actuaban como consejeros en la PGR, sobre todo, con un alegato banal y con la afirmación de que su gobierno iba a resolver el problema de la delincuencia.
El problema no se resuelve y en cambio existe una gran desconfianza hacia las acciones de los cuerpos de fuerza gubernamental, porque los mismos actúan sin darle cuentas a nadie; los mitos urbanos crecen y relatan historias de soldados, marinos y policías que cambian de bando o que se mantienen en las corporaciones pero en contubernio con los grupos delincuenciales. Las autoridades lo que hacen es solo decir que esto es mentira.
Tal vez sólo sea el mito.
También hay quejas de los jefes policiacos y de los mandos del ejército y la marina encargados del combate a la delincuencia de que el abasto de equipo se les ha disminuido.
Lo que si es real es que el flujo de información hacia la ciudadanía se cerró.
Y está más que comprobado que cuando esto ocurre los mitos crecen hasta tomar visos de credibilidad porque nadie los desmiente con realidades. Y lo primero en ser afectado es la credibilidad de las instituciones.
Una muestra del daño hacia la credibilidad de las instituciones es que el 53.21% de quienes sufrieron algún tipo de delito prefirieron no reportarlo ante las autoridades por miedo y/o desconfianza, principalmente.
Esto es, que si todos los que han sufrido algún delito lo reportasen, las estadísticas se irían al doble de inmediato.
Aunque es probable que los números aumenten más, porque muchos prefieren no revelar que son víctimas de la delincuencia, con énfasis en las violaciones y en los robos preparados.
Por lo pronto a las universidades los alcanzó ya la ola delictiva en toda su extensión, con los secuestros, extorsiones y sobre todo los asaltos .
“Normalmente son los espacios más seguros de las ciudades. No tenemos forma de saber si los hijos de ellos (el crimen organizado) están estudiando con nosotros, tenemos la certeza de que sí pero no podemos saberlo. Entonces son áreas que todos cuidan, hasta los malos”, refirió el también rector de la Universidad de las Naciones en Veracruz.
Y esto es real.
Pero también es cierto que son zonas en las que los narcomenudistas llegan bien abiertamente, o disfrazados de estudiantes, incluso hasta con matrícula de inscripción.
En cambio, la policía no llega ahí por la razón que se quiera.
Arturo Mattiello dijo que ante el problema de inseguridad que se vive en México se debe crear un consejo consultivo ciudadano nacional que de manera multidisciplinaria trabaje con SEGOB, SEDENA, SEMAR, PGR, SEP y SSA, para atajar y disminuir los niveles de violencia y delincuencia que azotan a nuestra nación.
Hace falta, urge, recuperar los espacios de participación ciudadana, sobre todo con una visión integral, que busquen soluciones y la acción contra el consumo, incluso como acción de salud social.
De hecho un cuerpo de este tipo tendría efectos positivos sobre la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y de aplicarse la estrategia de irradiar del centro hacia la periferia, la imagen política sería de búsqueda de control del gobierno federal hacia las acciones de los gobierno de los estados en la lucha contra la delincuencia.
El combate real a la delincuencia siempre ha tenido efectos positivos, mientras que el encubrir y el solapar, aún cuando en el corto plazo genere una imagen de tranquilidad, a la larga siempre provoca crisis.

NEGLIGENCIA EN SALUD. Luciano Enrique Ayil Gamboa, falleció el pasado 20 de noviembre en el Hospital Regional, por una negligencia médica, toda vez que el cirujano Juan Carlos Bravo Soriano le penetró la vena cava mientras le hacia una operación en la vesícula biliar.
María Teresa Rodríguez Durand, ahora viuda de Ayil Gamboa, refirió que sobre las 5 de la tarde le dijeron que su esposo había tenido un paro cardiaco como a las 4 de la tarde porque estaba perdiendo toda la sangre.
El abogado que representa los intereses de María Teresa Rodríguez, refirió que existen inconsistencias entre la causa de muerte referida y lo que realmente ocurrió con el paciente. Igualmente hizo un llamado al Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib para que realice una vigilancia más estrecha de los trabajos que se realizan en el Hospital Regional de Veracruz, porque cualquier error implica la salud de la población que acude por atención médica.
El caso involucra directamente a las autoridades del sector salud en el estado, en todos sentidos.
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