Roberto Morales Ayala
Zona Franca
Se supone que es un bien social, un derecho universal y al que todos debemos tener acceso, en las mejores condiciones y al menor precio. Pero no, no es así. El suministro de la energía eléctrica, por su alto costo, es un artículo de lujo, un privilegio, en los hogares de las familias mexicanas. Y todavía la CFE nos dice que “la luz” casi, casi, nos la da regalada.
En el discurso demagógico, el gobierno asegura que se encuentra en la incesante búsqueda de “garantizar que los mexicanos disfruten del fluido eléctrico como un componente del derecho humano, que postula el derecho a la vida digna”.
Pero en los hechos, la soberbia y negligencia de quienes administran a la paraestatal nada bueno vaticinan para la demanda del pueblo de que se reduzcan las tarifas de la energía eléctrica.
Esas dos visiones, la del que otorga el servicio a precio prohibitivo y la del que lo paga con mil esfuerzos, y si no puede, ve trastocada su vida o su actividad comercial, se da uno de los mayores dilemas de la relación gobierno-sociedad.
Es el caso del sur de Veracruz y del de decenas de regiones de México, que han dado pie a una constante lucha entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios, con facturación fuera de lo razonable, cortes arbitrarios, hostigamiento, denuncias penales, cárcel, y en respuesta, reclamos públicos, movilización y acciones para impedir que el personal de CFE pudiera suspender el servicio.
En ese clima de tensión, sólo unas cuantas mesas de diálogo han abierto la brecha para encontrar soluciones al conflicto.
Casi sin difundirse, como si quisieran que pasara desapercibida, el pasado 12 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo un encuentro con la Red Nacional de Resistencia Civil (antes Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica) —con sus representaciones de los estados de Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas— en la que estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo a la minuta firmada en esa asamblea, establecieron como uno de sus principales objetivos: “procurar las condiciones necesarias para que se avance en la construcción de propuestas e iniciativas relacionadas con el diseño de un nuevo esquema tarifario para ser presentadas ante las instancias responsables”.
En la minuta se puntualiza que la Red Nacional de Resistencia Civil “planteó su inconformidad ante el precio de las tarifas del servicio eléctrico, el cobro reflejado en las facturaciones, los avisos del corte del suministro y el hostigamiento del que dicen ser sometido por parte del personal de la CFE y de las autoridades locales”.
CFE reconoció que en diversas partes del país se dan ese tipo de “expresiones de inconformidad por los cobros y la fijación de tarifas en los años recientes”. Se dijo dispuesta a mantener los espacios de diálogo, incluso como ya viene ocurriendo con los casos de tipo penal, los cuales se tratan en la ciudad de México.
Suena bien. Lo único que preocupa es que CFE ha sido sumamente tramposo cuando se trata de dar cumplimiento a los acuerdos que suscribe.
Resulta incomprensible que la CFE realice este tipo de “acuerdos” cuando se ha negado sistemáticamente a llevar a cabo mesas de discusión con la Comisión de Energía del Congreso, que es la instancia responsable para negociar ese tipo de ajustes. Programan una reunión con diputados y olímpicamente la cancelan.
Es la ambigüedad de prometer aquí y negar allá, para que todo siga igual o peor. O aquí acepto pero en el altiplano desconozco.
Las tarifas eléctricas son un conflicto permanente en la relación con los usuarios. El nivel de quejas es de llamar la atención. Tanto en el servicio doméstico como en el comercial, siempre se acusa a CFE de cobrar de más, de asignar tarifas elevadas a los que menos tienen, a zonas tropicales, a regiones donde se requiere más luz.
El asunto se agravó con la llegada de tendencias neoliberales al gobierno federal, propiciando la liberación de tarifas. Los subsidios se vieron ajustados o recortados, bajo el criterio de que el que consume, que pague. Así, se manipuló el sistema de subsidios y se le fue cargando la mano al usuario.
Hoy es un problema nacional. La oposición en la Cámara de Diputados reclama la insensibilidad con que se conduce el gobierno federal, sea panista o priista. Uno de los legisladores que con mayor énfasis enfoca el problema, Benjamín Robles Montoya, del PRD, destaca que es contradictorio que sea en los estados donde se produce la electricidad en los que se aplican las tarifas más altas, caso Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
La mayor traba está en la política energética y en la fijación de tarifas por parte de la Secretaría de Hacienda. El criterio que prevalece es que si se incrementan los subsidios, a fin de que la sociedad pague menos por el servicio eléctrico, se verán afectadas las finanzas del país. Según fuentes oficiales, lo que paga el usuario doméstico no alcanzan a cubrir la generación, transmisión y distribución de energía. Y entonces, que se friegue el pueblo.
Lo que se plantea en los círculos de gobierno, es que la energía eléctrica es cara por naturaleza, que CFE no puede por sí sola con su producción, no es solvente y por ello se requiere de la reforma energética para permitir capitales privados en esa industria, lo que abarataría el precio para el usuario.
Esa falacia tiene otra cara. La expuso Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de las izquierdas en la elección presidencial, cuando en julio pasado denunció que la energía eléctrica es de alto costo porque CFE le está comprando a firmas privadas de origen español y norteamericano, Iberdrola, Repsol y Cempra, el 47 por ciento de lo que requiere suministrar, equivalente a 80 mil millones de pesos del erario público.
Eso explica –señala AMLO- por qué CFE perdió en sólo seis meses 35 millones de pesos. Pero fue más allá. Señaló que la mitad de las hidroeléctricas del país están inactivas para no ser competencia de la industria eléctrica privada que poco a poco se va adueñando de ese sector.
En suma, CFE tiene tarifas caras porque así conviene al proceso de privatización, mientras los usuarios enfrentan la disyuntiva de gozar de energía eléctrica o comer; pagar luz o darle educación a los hijos; pagar luz o vestir.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
Se supone que es un bien social, un derecho universal y al que todos debemos tener acceso, en las mejores condiciones y al menor precio. Pero no, no es así. El suministro de la energía eléctrica, por su alto costo, es un artículo de lujo, un privilegio, en los hogares de las familias mexicanas. Y todavía la CFE nos dice que “la luz” casi, casi, nos la da regalada.
En el discurso demagógico, el gobierno asegura que se encuentra en la incesante búsqueda de “garantizar que los mexicanos disfruten del fluido eléctrico como un componente del derecho humano, que postula el derecho a la vida digna”.
Pero en los hechos, la soberbia y negligencia de quienes administran a la paraestatal nada bueno vaticinan para la demanda del pueblo de que se reduzcan las tarifas de la energía eléctrica.
Esas dos visiones, la del que otorga el servicio a precio prohibitivo y la del que lo paga con mil esfuerzos, y si no puede, ve trastocada su vida o su actividad comercial, se da uno de los mayores dilemas de la relación gobierno-sociedad.
Es el caso del sur de Veracruz y del de decenas de regiones de México, que han dado pie a una constante lucha entre la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios, con facturación fuera de lo razonable, cortes arbitrarios, hostigamiento, denuncias penales, cárcel, y en respuesta, reclamos públicos, movilización y acciones para impedir que el personal de CFE pudiera suspender el servicio.
En ese clima de tensión, sólo unas cuantas mesas de diálogo han abierto la brecha para encontrar soluciones al conflicto.
Casi sin difundirse, como si quisieran que pasara desapercibida, el pasado 12 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo un encuentro con la Red Nacional de Resistencia Civil (antes Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica) —con sus representaciones de los estados de Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas— en la que estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo a la minuta firmada en esa asamblea, establecieron como uno de sus principales objetivos: “procurar las condiciones necesarias para que se avance en la construcción de propuestas e iniciativas relacionadas con el diseño de un nuevo esquema tarifario para ser presentadas ante las instancias responsables”.
En la minuta se puntualiza que la Red Nacional de Resistencia Civil “planteó su inconformidad ante el precio de las tarifas del servicio eléctrico, el cobro reflejado en las facturaciones, los avisos del corte del suministro y el hostigamiento del que dicen ser sometido por parte del personal de la CFE y de las autoridades locales”.
CFE reconoció que en diversas partes del país se dan ese tipo de “expresiones de inconformidad por los cobros y la fijación de tarifas en los años recientes”. Se dijo dispuesta a mantener los espacios de diálogo, incluso como ya viene ocurriendo con los casos de tipo penal, los cuales se tratan en la ciudad de México.
Suena bien. Lo único que preocupa es que CFE ha sido sumamente tramposo cuando se trata de dar cumplimiento a los acuerdos que suscribe.
Resulta incomprensible que la CFE realice este tipo de “acuerdos” cuando se ha negado sistemáticamente a llevar a cabo mesas de discusión con la Comisión de Energía del Congreso, que es la instancia responsable para negociar ese tipo de ajustes. Programan una reunión con diputados y olímpicamente la cancelan.
Es la ambigüedad de prometer aquí y negar allá, para que todo siga igual o peor. O aquí acepto pero en el altiplano desconozco.
Las tarifas eléctricas son un conflicto permanente en la relación con los usuarios. El nivel de quejas es de llamar la atención. Tanto en el servicio doméstico como en el comercial, siempre se acusa a CFE de cobrar de más, de asignar tarifas elevadas a los que menos tienen, a zonas tropicales, a regiones donde se requiere más luz.
El asunto se agravó con la llegada de tendencias neoliberales al gobierno federal, propiciando la liberación de tarifas. Los subsidios se vieron ajustados o recortados, bajo el criterio de que el que consume, que pague. Así, se manipuló el sistema de subsidios y se le fue cargando la mano al usuario.
Hoy es un problema nacional. La oposición en la Cámara de Diputados reclama la insensibilidad con que se conduce el gobierno federal, sea panista o priista. Uno de los legisladores que con mayor énfasis enfoca el problema, Benjamín Robles Montoya, del PRD, destaca que es contradictorio que sea en los estados donde se produce la electricidad en los que se aplican las tarifas más altas, caso Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
La mayor traba está en la política energética y en la fijación de tarifas por parte de la Secretaría de Hacienda. El criterio que prevalece es que si se incrementan los subsidios, a fin de que la sociedad pague menos por el servicio eléctrico, se verán afectadas las finanzas del país. Según fuentes oficiales, lo que paga el usuario doméstico no alcanzan a cubrir la generación, transmisión y distribución de energía. Y entonces, que se friegue el pueblo.
Lo que se plantea en los círculos de gobierno, es que la energía eléctrica es cara por naturaleza, que CFE no puede por sí sola con su producción, no es solvente y por ello se requiere de la reforma energética para permitir capitales privados en esa industria, lo que abarataría el precio para el usuario.
Esa falacia tiene otra cara. La expuso Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de las izquierdas en la elección presidencial, cuando en julio pasado denunció que la energía eléctrica es de alto costo porque CFE le está comprando a firmas privadas de origen español y norteamericano, Iberdrola, Repsol y Cempra, el 47 por ciento de lo que requiere suministrar, equivalente a 80 mil millones de pesos del erario público.
Eso explica –señala AMLO- por qué CFE perdió en sólo seis meses 35 millones de pesos. Pero fue más allá. Señaló que la mitad de las hidroeléctricas del país están inactivas para no ser competencia de la industria eléctrica privada que poco a poco se va adueñando de ese sector.
En suma, CFE tiene tarifas caras porque así conviene al proceso de privatización, mientras los usuarios enfrentan la disyuntiva de gozar de energía eléctrica o comer; pagar luz o darle educación a los hijos; pagar luz o vestir.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook: Roberto Morales Ayala)
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