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Zona Franca
Javier Duarte tiene un concepto perverso de la prensa. A los periodistas que le aplauden, los premia y los enriquece, pero a sus críticos, los que le marcan sus errores, los que denuncian las corruptelas de su gobierno, los persigue, los discrimina y los asedia inclusive con violencia.
Con Duarte, la prensa veracruzana —las plumas libres, no los periodistas asalariados— ha tenido sus peores momentos, incluidos los asesinatos de nueve periodistas, entre ellos Milo Vela, deNotiver, y Regina Martínez , corresponsal de la revista Proceso, lo que desató un escándalo que puso al gobernador de Veracruz como el villano de los medios.
Coloquialmente hablando, la prensa veracruzana vive entre la sutil amenaza de “plata o plomo”, muy propia en los gobiernos autoritarios que exigen el silencio ante sus tropelías y el aplauso ante el abuso desmedido del poder. O la prensa se deja cooptar a cambio de contratos de publicidad millonarios, negocios auspiciados por quienes gobiernan, obras públicas mediante licitaciones fraudulentas y dinero en efectivo, los llamados “chayotes”, o se enfrenta a la represión, la intimidación, el asedio y la agresión violenta. “Plata o plomo”, pues.
Nada de esto es nuevo, pero sí condenable. La prensa crítica vivió el aislamiento y el condicionamiento de publicidad con Miguel Alemán Velasco, y una auténtica locura con Fidel Herrera Beltrán, quien decidió que la prensa no tenía por qué estar suelta sino sujeta al presupuesto, ya fuera con gacetillas pagadas o negocios de escándalo, y al que no se sometía, lo apretaba hasta doblegarlo.
Ahora, con Javier Duarte, es peor. El concepto de prensa libre se traduce como prensa enemiga. Y como en toda guerra, al enemigo hay que aniquilarlo.
Desde que Duarte de Ochoa llegó al gobierno estatal, la prensa crítica vio acentuada la presión para bajar el tono de sus señalamientos, a menudo condicionando los contratos de publicidad y, si no, a base de una actitud hostil en la que participan funcionarios mayores o menores, alcaldes y hasta jefes policíacos.
En la prensa pagada se destinan amplios espacios para increpar y denostar a quienes vienen señalando y documentando la cadena de desatinos de Javier Duarte. En las redes se usan usuarios con nombres ficticios, cuyos ataques son replicados mediante cuentas creadas para difundir los infundios. El fin es causar descrédito.
Afortunadamente, hoy en día, las redes sociales y las organizaciones no gubernamentales que son defensoras de los derechos humanos, de los periodistas, como es el caso de Artículo 19, Periodistas de a Pie y muchas otras más, han obligado al gobierno a tomar nota de las agresiones y de los riesgos que corren muchos periodistas, sobre todo en provincia donde los caciques son jefes de organizaciones criminales que operan con absoluta impunidad.
Durante el duartismo, por ejemplo, se ha registrado el asesinato de periodistas y también la desaparición de algunos de ellos, de quienes no se volvió a saber. También hay una constante de agresiones, vigilancia personal, robo a sus domicilios, llamadas intimidatorias y algunos, como Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada y columnista de Notiver, tuvo que exiliarse temiendo por su vida.
Otros casos son el de Noé Zavaleta, corresponsal de la revista Proceso, quien relevó a la extinta Regina Martínez en ese encargo, y Jorge Morales, el único que tiene voz crítica en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz.
A Noé Zavaleta se le ataca en las redes sociales con infundios, que no son mas que la reacción del gobierno duartista a las notas y reportajes publicados en Proceso que desnudan la triste realidad del gobierno de Javier Duarte.
Jorge Morales mantiene una postura de auténtica defensa de gremio, contrario a la línea con que se conduce la comisión para la protección de la prensa. Morales ha denunciado tanto el despilfarro del presupuesto asignado por el gobierno estatal en salarios excesivos y escandalosos para quienes la presiden, limitando recursos para salvaguardar la integridad de quienes sufren el acoso oficial, y ha sido el único que de manera abierta ha salido en defensa de sus colegas contra los abusos que se cometen desde las esferas de gobierno.
En la pasada comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el Congreso de Veracruz, Jorge Morales participó activamente con los periodistas manifestantes que reclamaban cesar la arbitrariedad y agresiones policíacas a la prensa, y que llevó a diputados de oposición a proponer un análisis e investigación legislativa para salvaguardar el trabajo de los comunicadores.
Antes y después de ese episodio, Jorge Morales ha sido objeto de una sistemática campaña difamatoria a través de las redes y pseudocolumnas políticas, que obviamente tienen la intención de aniquilar su credibilidad. Se trata de la chamba sucia de un gobierno igualmente sucio, que a falta de argumentos para confrontar a la crítica, opta por el ataque cobarde.
El episodio del Congreso, con el secretario de Seguridad Pública en medio de protestas como nunca se había visto, dio la medida de la repulsa del gobierno duartista a la prensa, pero también de su negativa a otorgar garantías para realizar su labor periodística.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, propuso un punto de acuerdo para integrar una comisión que diera seguimiento a las agresiones que han venido sufriendo los comunicadores a manos de las corporaciones policíacas. En dicha comisión se había propuesto a los legisladores RicardoAhued Bardahuil, del PRI; Cuauhtémoc Pola, de MC, y Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo.
Obviamente el grupo duartista maniobró para que no fuera así. Se designó a Norma Gibb Guerrero, Eduardo Sánchez Macías y Eduardo Robles Castellanos, afines todos ellos al gobierno de Javier Duarte, para que encabezaran la comisión.
El punto de acuerdo también proponía darle garantías a la reportera Norma Trujillo Báez, quien asegura ser víctima de hostigamiento por parte de la organización priista Antorcha Campesina. Éste fue desechado.
En cambio, los legisladores estaban otra línea. Le dieron más relevancia al otorgamiento de la medalla Adolfo Ruiz Cortines al director del semanario Punto y Aparte, Froylán Flores Cancela, por su trayectoria y “crítica constructiva”, cuando es sabido su sometimiento al gobierno en turno y su condición de aliado del PRI, del cual se han valido familiares cercanos para ocupar cargos públicos durante el régimen fidelista.
Desde el gobierno estatal hay agresión contra la prensa crítica. En el Congreso de Veracruz hay disimulo y complicidad, salvo los diputados de oposición y uno que otro priista que son renuentes a servirle de comparsa al gobernador Duarte.
Y en ese clima de hostilidad, el discurso de Duarte es de respeto a la libertad de expresión, aunque en lo hechos se difame y agreda a los periodistas que hablan con la verdad.
Javier Duarte tiene un concepto perverso de la prensa. A los periodistas que le aplauden, los premia y los enriquece, pero a sus críticos, los que le marcan sus errores, los que denuncian las corruptelas de su gobierno, los persigue, los discrimina y los asedia inclusive con violencia.
Con Duarte, la prensa veracruzana —las plumas libres, no los periodistas asalariados— ha tenido sus peores momentos, incluidos los asesinatos de nueve periodistas, entre ellos Milo Vela, deNotiver, y Regina Martínez , corresponsal de la revista Proceso, lo que desató un escándalo que puso al gobernador de Veracruz como el villano de los medios.
Coloquialmente hablando, la prensa veracruzana vive entre la sutil amenaza de “plata o plomo”, muy propia en los gobiernos autoritarios que exigen el silencio ante sus tropelías y el aplauso ante el abuso desmedido del poder. O la prensa se deja cooptar a cambio de contratos de publicidad millonarios, negocios auspiciados por quienes gobiernan, obras públicas mediante licitaciones fraudulentas y dinero en efectivo, los llamados “chayotes”, o se enfrenta a la represión, la intimidación, el asedio y la agresión violenta. “Plata o plomo”, pues.
Nada de esto es nuevo, pero sí condenable. La prensa crítica vivió el aislamiento y el condicionamiento de publicidad con Miguel Alemán Velasco, y una auténtica locura con Fidel Herrera Beltrán, quien decidió que la prensa no tenía por qué estar suelta sino sujeta al presupuesto, ya fuera con gacetillas pagadas o negocios de escándalo, y al que no se sometía, lo apretaba hasta doblegarlo.
Ahora, con Javier Duarte, es peor. El concepto de prensa libre se traduce como prensa enemiga. Y como en toda guerra, al enemigo hay que aniquilarlo.
Desde que Duarte de Ochoa llegó al gobierno estatal, la prensa crítica vio acentuada la presión para bajar el tono de sus señalamientos, a menudo condicionando los contratos de publicidad y, si no, a base de una actitud hostil en la que participan funcionarios mayores o menores, alcaldes y hasta jefes policíacos.
En la prensa pagada se destinan amplios espacios para increpar y denostar a quienes vienen señalando y documentando la cadena de desatinos de Javier Duarte. En las redes se usan usuarios con nombres ficticios, cuyos ataques son replicados mediante cuentas creadas para difundir los infundios. El fin es causar descrédito.
Afortunadamente, hoy en día, las redes sociales y las organizaciones no gubernamentales que son defensoras de los derechos humanos, de los periodistas, como es el caso de Artículo 19, Periodistas de a Pie y muchas otras más, han obligado al gobierno a tomar nota de las agresiones y de los riesgos que corren muchos periodistas, sobre todo en provincia donde los caciques son jefes de organizaciones criminales que operan con absoluta impunidad.
Durante el duartismo, por ejemplo, se ha registrado el asesinato de periodistas y también la desaparición de algunos de ellos, de quienes no se volvió a saber. También hay una constante de agresiones, vigilancia personal, robo a sus domicilios, llamadas intimidatorias y algunos, como Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada y columnista de Notiver, tuvo que exiliarse temiendo por su vida.
Otros casos son el de Noé Zavaleta, corresponsal de la revista Proceso, quien relevó a la extinta Regina Martínez en ese encargo, y Jorge Morales, el único que tiene voz crítica en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz.
A Noé Zavaleta se le ataca en las redes sociales con infundios, que no son mas que la reacción del gobierno duartista a las notas y reportajes publicados en Proceso que desnudan la triste realidad del gobierno de Javier Duarte.
Jorge Morales mantiene una postura de auténtica defensa de gremio, contrario a la línea con que se conduce la comisión para la protección de la prensa. Morales ha denunciado tanto el despilfarro del presupuesto asignado por el gobierno estatal en salarios excesivos y escandalosos para quienes la presiden, limitando recursos para salvaguardar la integridad de quienes sufren el acoso oficial, y ha sido el único que de manera abierta ha salido en defensa de sus colegas contra los abusos que se cometen desde las esferas de gobierno.
En la pasada comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el Congreso de Veracruz, Jorge Morales participó activamente con los periodistas manifestantes que reclamaban cesar la arbitrariedad y agresiones policíacas a la prensa, y que llevó a diputados de oposición a proponer un análisis e investigación legislativa para salvaguardar el trabajo de los comunicadores.
Antes y después de ese episodio, Jorge Morales ha sido objeto de una sistemática campaña difamatoria a través de las redes y pseudocolumnas políticas, que obviamente tienen la intención de aniquilar su credibilidad. Se trata de la chamba sucia de un gobierno igualmente sucio, que a falta de argumentos para confrontar a la crítica, opta por el ataque cobarde.
El episodio del Congreso, con el secretario de Seguridad Pública en medio de protestas como nunca se había visto, dio la medida de la repulsa del gobierno duartista a la prensa, pero también de su negativa a otorgar garantías para realizar su labor periodística.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, propuso un punto de acuerdo para integrar una comisión que diera seguimiento a las agresiones que han venido sufriendo los comunicadores a manos de las corporaciones policíacas. En dicha comisión se había propuesto a los legisladores RicardoAhued Bardahuil, del PRI; Cuauhtémoc Pola, de MC, y Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo.
Obviamente el grupo duartista maniobró para que no fuera así. Se designó a Norma Gibb Guerrero, Eduardo Sánchez Macías y Eduardo Robles Castellanos, afines todos ellos al gobierno de Javier Duarte, para que encabezaran la comisión.
El punto de acuerdo también proponía darle garantías a la reportera Norma Trujillo Báez, quien asegura ser víctima de hostigamiento por parte de la organización priista Antorcha Campesina. Éste fue desechado.
En cambio, los legisladores estaban otra línea. Le dieron más relevancia al otorgamiento de la medalla Adolfo Ruiz Cortines al director del semanario Punto y Aparte, Froylán Flores Cancela, por su trayectoria y “crítica constructiva”, cuando es sabido su sometimiento al gobierno en turno y su condición de aliado del PRI, del cual se han valido familiares cercanos para ocupar cargos públicos durante el régimen fidelista.
Desde el gobierno estatal hay agresión contra la prensa crítica. En el Congreso de Veracruz hay disimulo y complicidad, salvo los diputados de oposición y uno que otro priista que son renuentes a servirle de comparsa al gobernador Duarte.
Y en ese clima de hostilidad, el discurso de Duarte es de respeto a la libertad de expresión, aunque en lo hechos se difame y agreda a los periodistas que hablan con la verdad.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)(Facebook Roberto Morales Ayala)
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