miércoles, 15 de enero de 2014

Fabricar culpables para maquillar inseguridad



Roberto Morales Ayala
Zona Franca

Cada vez que el gobierno de Veracruz anuncia un golpe a la delincuencia, sicarios detenidos, plagiarios en las cárceles y cientos de malvivientes aprehendidos y llevados a juicio, a los veracruzanos les asalta la sospecha de que quienes están tras las rejas son, en realidad, gente inocente.
No se explica de otra forma. El gobernador Javier Duarte de Ochoa pregona que las instituciones le van ganando la guerra al crimen organizado y a los delincuentes comunes, pero las calles siguen siendo campo de batalla donde la violencia, la sangre, el miedo y el terror golpean las estructuras sociales.
La tesis duartista es por demás frágil, cuestionable y sujeta al escrutinio de la sociedad. Si los delincuentes están en prisión, ¿quién diablos sigue secuestrando, extorsionando, matando, levantando jovencitas para luego convertirlas a la prostitución, llevando drogas a las escuelas primarias y secundarias, reclutando migrantes a quienes obligan a ser parte del narco y al que se resiste, lo asesinan, mutilan, sepultan clandestinamente o simplemente lo zambullen en un tambo con ácido hasta que desaparece? ¿Quién hace todo eso si, según Javier Duarte, las bandas delincuenciales están en prisión?
Esa es la paradoja. Duarte ha reconocido que al inicio de su mandato Veracruz se hallaba en manos de los criminales. Luego entregó la seguridad a las fuerzas federales y la respuesta de la delincuencia fue atroz: cuerpos mutilados en la vía pública y un abierto reto a las instituciones, incluso arrojando granadas en zonas turísticas y enfrentando al Ejército y la Marina, o con el atentado, por fortuna fallido, contra el titular de Seguridad Pública estatal, el general Sergio López Esquer, algo inaudito.
Duarte, desde un principio, quedó en manos de las fuerzas federales. La decisión de implementar los operativos Veracruz, Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos Seguro, sólo por advertir algunas de las estrategias, hizo pensar que la criminalidad se abatiría y que la sociedad podría disfrutar de la tranquilidad perdida. Lamentablemente no fue así.
Veracruz Seguro y sus aplicaciones regionales, hicieron evidente que la violencia seguiría su curso. En los hechos, las fuerzas policíacas actuaron con prepotencia y los casos de arbitrariedad se multiplicaron, siendo denunciados en las instancias penales y en los organismos de derechos humanos.
Domicilios allanados, detenciones sin justificación alguna, privación ilegal de la libertad, lesiones y tortura, incluso desapariciones, daño en propiedad ajena, violaciones equiparables, fueron algunas de las quejas que distinguieron el actuar de las fuerzas federales y el agravio a la sociedad veracruzana.
El Coatzacoalcos Seguro, por ejemplo, fue retirado por las constantes quejas de la ciudadanía y porque más que actuar contra los delincuentes, las fuerzas federales eran usadas para aplicar operativos de vialidad y generar una oleada de infracciones a automovilistas, mientras los criminales continuaban haciendo lo que les venía en gana.
Más tarde, Duarte se ciñó a la instrucción presidencial de implementar el Mando Único Policial en Veracruz. En teoría, esta decisión provocaría una mayor efectividad en el combate a la delincuencia y traería la paz a los veracruzanos. Pero la realidad ha demostrado que Veracruz está lejos de despertar de la pesadilla de la violencia.
El gobierno de Javier Duarte está marcado por una constante de agravios a la sociedad en materia de seguridad pública. En los retenes policíacos se detiene arbitrariamente al ciudadano común y en no pocos casos se les somete al abuso y la tortura. En por lo menos un caso, cuatro trabajadores fueron asesinados y luego se les hizo pasar por delincuentes que enfrentaron al Ejército y a elementos de Seguridad Pública. O sea, los asesinaron y luego los difamaron para justificar el crimen.
Pese a que los familiares de las víctimas interpusieron denuncias penales el encubrimiento del aparato judicial es evidente. Seguridad Pública insiste en que los muertos enfrentaron a las fuerzas del orden, tenían en su poder armas de uso exclusivo del Ejército y violaron la ley. Eso fue la mentira oficial. Los testimonios, la relación de hechos y las pruebas practicadas a los muertos, demostraron que todo fue un engaño del gobierno y que hubo exceso de fuerza, abuso de autoridad y asesinato, pero los culpables aún gozan de impunidad.
El caso Regina Martínez es prueba plena de que en Veracruz se encarcela al inocente y se protege al criminal. Regina era corresponsal de la revista Proceso. El 28 de abril de 2012 se le halló en su hogar sin vida, con huellas de haber sido brutalmente golpeada y estrangulada. El hecho provocó una condena generalizada por la conducta intachable de la periodista, por el medio para el que trabajaba y por la intención manifiesta del gobierno de Javier Duarte de desviar las investigaciones para no dar con los autores materiales e intelectuales, que se infiere fueron políticos exhibidos por la crítica de Regina Martínez.
Un año después, la Procuraduría estatal presentó al supuesto criminal. Lo consignó, se le enjuició y fue sentenciado a 38 años de prisión. Meses después, tras interponer una apelación a su condena, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz lo dejó libre bajo el argumento de que se le violaron sus derechos y que la confesión de culpabilidad le fue arrancada mediante tortura. O sea, el gobierno de Javier Duarte inventó un culpable.
Veracruz sigue atrapado en la violencia de los cárteles de la droga. Veracruz, como ya se ha dicho en este espacio, ocupa el quinto lugar nacional en secuestros; sigue siendo territorio Zeta; se ha recrudecido el baño de sangre entre bandas del narcotráfico que mutilan a sus víctimas.
Lo paradójico es que el discurso del gobernador Javier Duarte va en sentido contrario a lo que refleja la realidad. Duarte afirma que la criminalidad va en decremento y no hay día que su aparato propagandístico no difunda textos y fotografías, audios y videos en que se festine la detención de supuestos ladrones, asesinos, extorsionadores o miembros de las bandas del crimen organizado.
Pero mientras las cárceles están atestadas de supuestos criminales, que por supuesto luego quedan en libertad con una apelación o un amparo, la ola de asaltos en carreteras, asesinatos, secuestros, extorsión, robos a domicilios y asaltos, va en aumento.
Lo que dice Javier Duarte no tiene pies ni cabeza. Es falso que haya un real combate a la delincuencia. Lo que está ocurriendo es que se encarcela a gente inocente, mientras a los criminales se les cobija desde la impunidad.
El pueblo, pues, se encuentra entre la espada del crimen organizado y la pared de un gobierno insensible, represor y cómplice.

(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Publicar un comentario