Zona Franca
Ellos no son Goyo. Ellos no son periodistas. Son ciudadanos, quizá no famosos, pero seres cuya ausencia, cuya suerte incierta, ha liberado el dolor y la ira de sus familiares desde el día que un grupo de policías los plagió y no se les volvió a ver.
Son los “levantados” de Las Choapas, desaparecidos durante las razzias de la policía del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para encontrar el paradero del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y aprehender a quienes lo privaron de la vida.
De estos cinco choapenses no se supo más, desde el 11 de febrero, cuando la policía del gobernador Javier Duarte cercó Las Choapas, instaló retenes, revisó a cada ciudadano con “pinta de sospechoso”, detuvo a muchos, se metió a las casas sin exhibir orden de cateo y sembró pánico entre la población.
Algunos volvieron a sus casas, pero cinco de ellos no. Uno más pudo evitar el castigo, y ya liberado, cuenta que los mantuvieron en un predio cercano a Coatzacoalcos, en un terreno aledaño al basurero municipal. Dice haber escuchado cómo eran torturados los otros “levantados”, inclusive con toques eléctricos y cuestionados sobre el paradero del periodista Gregorio Jiménez y sobre los que lo mataron.
Hoy, esos cinco choapenses que no aparecen están a punto de desatar un nuevo escándalo sobre el gobernador de Veracruz, tan grande o quizá más que el que enfrenta por la muerte del periodista, pues a éste lo mataron los delincuentes, pero aquellos cinco fueron desaparecidos por elementos de la Agencia Veracruzana de investigaciones.
Javier Duarte tiene un problema mayúsculo por el crimen de Goyo Jiménez. Es el décimo periodista asesinado en su gobierno, en tres años y medio de ejercer el poder, lo que desdice la supuesta protección que otorga a la prensa y por la que hasta ha recibido reconocimientos de organizaciones paleras de editores que pretenden tapar la realidad con un pergamino. Pero ese problema puede empeorar.
Quizá sin proponérselo, o quizá con evidente intención, el gobernador de Veracruz ha sido desdeñoso con la prensa crítica. La ignora, la menosprecia y a sus señalamientos le responde con campañas infames, con lodo y amenazas, con descalificación y calumnias, cuando su papel debió ser reflexionar sobre los puntos oscuros que se le han señalado y corregir para bien de los veracruzanos.
Así ha caminado en dirección contraria a la lógica y al sentido común. Político que goza del halago y la adulación, vive fuera de la realidad; político que persigue y acosa a sus críticos, termina convertido en un tirano. Es ese el momento que vive Javier Duarte.
Hoy está a un paso de saltar sobre un tobogán cuyo final equivale al desastre. Si las protestas por el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz significan un duro golpe para el gobierno de Javier Duarte, la desaparición de cinco ciudadanos, luego de las razzias que realizaran los cuerpos policíacos por las “investigaciones” del crimen del periodista en el municipio de Las Choapas, podría convertirse en un nuevo escándalo internacional que reforzaría el reclamo generalizado de que es mejor que el gobernador veracruzano renuncie, toda vez que es evidente su incapacidad para ofrecer seguridad y justicia a sus gobernados.
El caso de los cinco ciudadanos choapenses se puede medir desde la experiencia individual de cada uno. Son historias distintas, con personajes sin vínculo aparente entre ellos. Lo que los une es que los detuvo la AVI y todo ocurrió en las redadas para esclarecer el plagio y crimen del periodista.
Los cinco fueron “levantados” por la AVI entre las 10 y 11 de la mañana, el martes 11 de febrero, curiosamente el mismo día que apareció el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez.
Ana Luisa Morales Gómez, de sólo 15 años de edad, fue detenida por la AVI cuando se hallaba cerca del parque Benito Juárez; Luis Antonio Méndez Jiménez fue “levantado” mientras tripulaba una motocicleta Itálica; Gilberto Hernández Campos se dirigía al mercado Miguel Hidalgo cuando se le interceptó y al parecer lo llevaron al rancho donde aparecería el cuerpo del periodista, pues la gorra de este ciudadano fue hallada en la casa de seguridad cateada por los elementos policíacos; Juan Carlos García Rodríguez se encontraba cerca del hospital de Petróleos Mexicanos cuando lo plagiaron; Beatriz Morales Hernández, de 14 años, se dirigía de Las Choapas a Agua Dulce, pero nunca llegó.
De la desaparición de los choapenses hay testigos que vieron a los elementos de la AVI subirlos a una camioneta blanca, sin logotipo, y levárselos con rumbo desconocido. Todo ocurrió en el lapso de una hora, ese martes 11 de febrero.
Los familiares han acudido a las agencias del Ministerio Público de la región, a los juzgados, a los penales, las procuradurías estatal y federal, a las comandancias de policía y no hay rastro de ellos. Dicen que si les imputan algún vínculo con los plagiarios y asesinos del periodista, lo que debe hacer la autoridad es consignarlos y que se deslinden responsabilidades. Pero no. Hay un velo de silencio pues la AVI asegura que tampoco ahí los tienen.
La angustia por la desaparición de los cinco choapenses los llevó a amagar con tomar la autopista que va de Coatzacoalcos a Villahermosa. Eso alertó al gobierno de Veracruz, que envió negociadores y les ofrece dialogar este miércoles en Xalapa, algo que más bien parece estrategia del régimen duartista para ganar tiempo.
El escándalo comienza a tomar dimensiones desproporcionadas. Y es que si la prensa nacional e internacional ya exigía la renuncia de Javier Duarte al gobierno de Veracruz por su incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas y desentenderse de las razones por las que los matan, peor será ahora por la desaparición de cinco ciudadanos en el marco de las redadas para dar con el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez.
Por lo pronto, Javier Duarte, que ya no ve lo duro sino o tupido. Cuestionado sobre los levantones, ofreció este martes 25 constituir una unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que equivale, una vez más, a ganar tiempo y entretener a los familiares de las víctimas.
Se compromete a crear la unidad especializada y a reunirse cada 15 días con los familiares que tuvieron una primera reunión este martes 25 para mostrar avances de las investigaciones. Le pidieron que los desaparecidos sean presentados con vida; acciones para que la Ley General de Víctimas se garantice en Veracruz; que haya Alerta Amber de manera oportuna; la creación de la unidad especializada a la que dio respuesta inmediata y que se tipifique el delito de desaparición forzada. A ver cuánto cumple.
A todo dice que sí el gobernador Javier Duarte. El problema es creerle. Cuando mataron a los periodistas Miguel Ángel López Velasco, Miguel Ángel López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz, ofreció hacerles justicia. Cuando ejecutaron a Gabriel Huge, Miguel Ángel Luna Varela y Esteban Rodríguez, igual. Cuando asesinaron a Regina Martínez Pérez, lo mismo. Cuando ultimaron a Marco Antonio Báez Chino, igual. Cuando desapareció Noel López Olguín, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina, expresó que se haría todo por encontrarlo. Con Goyo Jiménez dijo que no escatimaría esfuerzo para hallarlo e inclusive su secretario de Gobierno, Erick Lagos, llegó a decir que se habían desplegado mil policías y que en cuestión de horas habría noticias. Las hubo pero fueron funestas. Goyo se hallaba sepultado, tras ser torturado y decapitado.
Ahora Duarte está en el umbral de un nuevo escándalo. Los cinco choapenses, “levantados” por elementos de la AVI durante las redadas para hallar al periodista Gregorio Jiménez, no aparecen y se teme por su vida; se teme que al interrogarlos con métodos fuera de la ley, “se les haya pasado la mano”; se teme que los hayan sepultado clandestinamente como sucede cuando la autoridad actúa como los delincuentes, con la salvedad de que los delincuentes están fuera de la ley y la policía está obligada a cumplirla.
Javier Duarte nunca quiso escuchar a sus críticos. Prefirió oír a sus aduladores y cerrar los ojos a la realidad. Mantuvo impune a los cuervos que le heredó Fidel Herrera, que son precisamente quienes se aprestan a picotearle los ojos.
Esos cinco choapenses, desaparecidos a manos de la AVI, si no aparecen vivos, van a desatar un nuevo escándalo sobre el gobernador de Veracruz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
Ellos no son Goyo. Ellos no son periodistas. Son ciudadanos, quizá no famosos, pero seres cuya ausencia, cuya suerte incierta, ha liberado el dolor y la ira de sus familiares desde el día que un grupo de policías los plagió y no se les volvió a ver.
Son los “levantados” de Las Choapas, desaparecidos durante las razzias de la policía del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para encontrar el paradero del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y aprehender a quienes lo privaron de la vida.
De estos cinco choapenses no se supo más, desde el 11 de febrero, cuando la policía del gobernador Javier Duarte cercó Las Choapas, instaló retenes, revisó a cada ciudadano con “pinta de sospechoso”, detuvo a muchos, se metió a las casas sin exhibir orden de cateo y sembró pánico entre la población.
Algunos volvieron a sus casas, pero cinco de ellos no. Uno más pudo evitar el castigo, y ya liberado, cuenta que los mantuvieron en un predio cercano a Coatzacoalcos, en un terreno aledaño al basurero municipal. Dice haber escuchado cómo eran torturados los otros “levantados”, inclusive con toques eléctricos y cuestionados sobre el paradero del periodista Gregorio Jiménez y sobre los que lo mataron.
Hoy, esos cinco choapenses que no aparecen están a punto de desatar un nuevo escándalo sobre el gobernador de Veracruz, tan grande o quizá más que el que enfrenta por la muerte del periodista, pues a éste lo mataron los delincuentes, pero aquellos cinco fueron desaparecidos por elementos de la Agencia Veracruzana de investigaciones.
Javier Duarte tiene un problema mayúsculo por el crimen de Goyo Jiménez. Es el décimo periodista asesinado en su gobierno, en tres años y medio de ejercer el poder, lo que desdice la supuesta protección que otorga a la prensa y por la que hasta ha recibido reconocimientos de organizaciones paleras de editores que pretenden tapar la realidad con un pergamino. Pero ese problema puede empeorar.
Quizá sin proponérselo, o quizá con evidente intención, el gobernador de Veracruz ha sido desdeñoso con la prensa crítica. La ignora, la menosprecia y a sus señalamientos le responde con campañas infames, con lodo y amenazas, con descalificación y calumnias, cuando su papel debió ser reflexionar sobre los puntos oscuros que se le han señalado y corregir para bien de los veracruzanos.
Así ha caminado en dirección contraria a la lógica y al sentido común. Político que goza del halago y la adulación, vive fuera de la realidad; político que persigue y acosa a sus críticos, termina convertido en un tirano. Es ese el momento que vive Javier Duarte.
Hoy está a un paso de saltar sobre un tobogán cuyo final equivale al desastre. Si las protestas por el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz significan un duro golpe para el gobierno de Javier Duarte, la desaparición de cinco ciudadanos, luego de las razzias que realizaran los cuerpos policíacos por las “investigaciones” del crimen del periodista en el municipio de Las Choapas, podría convertirse en un nuevo escándalo internacional que reforzaría el reclamo generalizado de que es mejor que el gobernador veracruzano renuncie, toda vez que es evidente su incapacidad para ofrecer seguridad y justicia a sus gobernados.
El caso de los cinco ciudadanos choapenses se puede medir desde la experiencia individual de cada uno. Son historias distintas, con personajes sin vínculo aparente entre ellos. Lo que los une es que los detuvo la AVI y todo ocurrió en las redadas para esclarecer el plagio y crimen del periodista.
Los cinco fueron “levantados” por la AVI entre las 10 y 11 de la mañana, el martes 11 de febrero, curiosamente el mismo día que apareció el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez.
Ana Luisa Morales Gómez, de sólo 15 años de edad, fue detenida por la AVI cuando se hallaba cerca del parque Benito Juárez; Luis Antonio Méndez Jiménez fue “levantado” mientras tripulaba una motocicleta Itálica; Gilberto Hernández Campos se dirigía al mercado Miguel Hidalgo cuando se le interceptó y al parecer lo llevaron al rancho donde aparecería el cuerpo del periodista, pues la gorra de este ciudadano fue hallada en la casa de seguridad cateada por los elementos policíacos; Juan Carlos García Rodríguez se encontraba cerca del hospital de Petróleos Mexicanos cuando lo plagiaron; Beatriz Morales Hernández, de 14 años, se dirigía de Las Choapas a Agua Dulce, pero nunca llegó.
De la desaparición de los choapenses hay testigos que vieron a los elementos de la AVI subirlos a una camioneta blanca, sin logotipo, y levárselos con rumbo desconocido. Todo ocurrió en el lapso de una hora, ese martes 11 de febrero.
Los familiares han acudido a las agencias del Ministerio Público de la región, a los juzgados, a los penales, las procuradurías estatal y federal, a las comandancias de policía y no hay rastro de ellos. Dicen que si les imputan algún vínculo con los plagiarios y asesinos del periodista, lo que debe hacer la autoridad es consignarlos y que se deslinden responsabilidades. Pero no. Hay un velo de silencio pues la AVI asegura que tampoco ahí los tienen.
La angustia por la desaparición de los cinco choapenses los llevó a amagar con tomar la autopista que va de Coatzacoalcos a Villahermosa. Eso alertó al gobierno de Veracruz, que envió negociadores y les ofrece dialogar este miércoles en Xalapa, algo que más bien parece estrategia del régimen duartista para ganar tiempo.
El escándalo comienza a tomar dimensiones desproporcionadas. Y es que si la prensa nacional e internacional ya exigía la renuncia de Javier Duarte al gobierno de Veracruz por su incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas y desentenderse de las razones por las que los matan, peor será ahora por la desaparición de cinco ciudadanos en el marco de las redadas para dar con el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez.
Por lo pronto, Javier Duarte, que ya no ve lo duro sino o tupido. Cuestionado sobre los levantones, ofreció este martes 25 constituir una unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que equivale, una vez más, a ganar tiempo y entretener a los familiares de las víctimas.
Se compromete a crear la unidad especializada y a reunirse cada 15 días con los familiares que tuvieron una primera reunión este martes 25 para mostrar avances de las investigaciones. Le pidieron que los desaparecidos sean presentados con vida; acciones para que la Ley General de Víctimas se garantice en Veracruz; que haya Alerta Amber de manera oportuna; la creación de la unidad especializada a la que dio respuesta inmediata y que se tipifique el delito de desaparición forzada. A ver cuánto cumple.
A todo dice que sí el gobernador Javier Duarte. El problema es creerle. Cuando mataron a los periodistas Miguel Ángel López Velasco, Miguel Ángel López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz, ofreció hacerles justicia. Cuando ejecutaron a Gabriel Huge, Miguel Ángel Luna Varela y Esteban Rodríguez, igual. Cuando asesinaron a Regina Martínez Pérez, lo mismo. Cuando ultimaron a Marco Antonio Báez Chino, igual. Cuando desapareció Noel López Olguín, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina, expresó que se haría todo por encontrarlo. Con Goyo Jiménez dijo que no escatimaría esfuerzo para hallarlo e inclusive su secretario de Gobierno, Erick Lagos, llegó a decir que se habían desplegado mil policías y que en cuestión de horas habría noticias. Las hubo pero fueron funestas. Goyo se hallaba sepultado, tras ser torturado y decapitado.
Ahora Duarte está en el umbral de un nuevo escándalo. Los cinco choapenses, “levantados” por elementos de la AVI durante las redadas para hallar al periodista Gregorio Jiménez, no aparecen y se teme por su vida; se teme que al interrogarlos con métodos fuera de la ley, “se les haya pasado la mano”; se teme que los hayan sepultado clandestinamente como sucede cuando la autoridad actúa como los delincuentes, con la salvedad de que los delincuentes están fuera de la ley y la policía está obligada a cumplirla.
Javier Duarte nunca quiso escuchar a sus críticos. Prefirió oír a sus aduladores y cerrar los ojos a la realidad. Mantuvo impune a los cuervos que le heredó Fidel Herrera, que son precisamente quienes se aprestan a picotearle los ojos.
Esos cinco choapenses, desaparecidos a manos de la AVI, si no aparecen vivos, van a desatar un nuevo escándalo sobre el gobernador de Veracruz.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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