Los motivos del acuerdo por la seguridad, justicia y legalidad

José Emilio Lobato Corrigeux
Comentario Abierto

El clima de inseguridad que persiste en el país, mantiene el animo social en la incertidumbre, la psicosis y el temor, pese a las constantes declaraciones de gobernantes y sus colaboradores tanto de los órdenes federal como estatales quienes ante la realidad que observamos los mexicanos, no nos explicamos de donde argumentan que las condiciones no son tan alarmantes como las vemos día con día los ciudadanos.
La respuesta a la publicación del Acuerdo por la Seguridad la Justicia y la Legalidad suscrita el 21 de agosto en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública por los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales; Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes, de las Asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, se dió de manera desafortunada en la celebración del 15 de septiembre de este año en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Un grupo de perversos mentales, enemigos sociales de México, han cometido el mayor agravio que pueda hacerse a un pueblo al vulnerar la paz social y dejar una estela de muerte y dolor con la pérdida de ya 8 personas y cientos de heridos, lanzando un par de granadas que no solo dañaron a un grupo de inocentes sino la imagen misma de nuestro país en el mundo, pues la noticia es conocida a nivel internacional, y en no pocos lugares se tiene la percepción de que visitar o invertir en nuestro país es arriesgado con los negativos impactos que representan para nuestra economía y a la sociedad.
Por la urgencia del caso, es importante revisar el contenido de los motivos para firmar el Acuerdo, pues inicialmente en ellos, se describe el reconocimiento del alto grado de descomposición que tenemos en materia de seguridad por parte de los suscriptores y por otra parte se describen las acciones que tienen que emprenderse para enfrentar este flagelo que mantiene a nuestro país en el desconcierto. Tan solo se observa el reconocimiento a la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades y el ambiente de inseguridad y violencia que padecemos.
También se acepta la situación critica que prevalece por la coexistencia de la delincuencia común y la delincuencia –no me gusta decirlo así- “organizada” como lo establece el propio documento, la cual se compone de una articulación de intereses y complicidades que va mas allá de nuestras fronteras. De la mano con estos factores se considera el deterioro que van padeciendo las instituciones de seguridad pública, las de procuración y las de impartición de justicia.
Es por ello que la exigencia social consiste en contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, y replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para finalizar con la corrupción y la impunidad y a cualquier tipo de delincuencia con los calificativos que se le quiera poner, pero delincuencia al fin y al cabo que daña y lastima a nuestra sociedad, y de ahí la importancia de involucrar a todos los actores de la vida publica, empresarial y social en la firma del Acuerdo para que las propuestas acordadas se materialicen en acciones que logren abatir el preocupante índice de criminalidad que actualmente se vive.
De tal forma que se hace necesario aplicar una estrategia nacional que contemple políticas publicas integrales orientadas a la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia, la readaptación social, la participación ciudadana, el trabajo legislativo, el control de confianza y de comunicación, por lo que se plantea además la necesidad de que – ente otras cosas – impulsar la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia en las acciones de las autoridades y sobre todo la participación responsable de los medios de comunicación.
Se considera entre otros planteamientos que mediante una instancia ciudadana con amplio respaldo, público y social, se dé seguimiento al cumplimiento de los puntos del acuerdo con indicadores de gestión y que éste tenga una vigencia mas allá de la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben, con lo que se supone, la tarea será ardua y llevará varios años, pero además tiene que fortalecerse la capacidad financiera del Estado, mientras que se trata de dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e inteligencia policial para garantizar con eficiencia la seguridad pública.
Quienes suscriben el acuerdo coinciden que su éxito está en función la capacidad financiera del gobierno en materia de seguridad, la depuración de los cuerpos policiales de los 3 órdenes de gobierno y desde luego la supervisión del observatorio ciudadano que finalmente es el agraviado y es el que puede exigir el cumplimiento de los puntos del Acuerdo.
Reconocer el problema y pensar lo que tiene que hacerse es un buen principio, sin embargo, esperemos que el Acuerdo en sí no solo incorpore a personas y organizaciones prestigiadas para legitimar acciones de los gobiernos que están obligados por ley a brindar la seguridad que los ciudadanos reclamamos y exigimos y que hoy han postergado.
Se les recuerda muy respetuosamente que los responsables del problema sea por omisión, insensibilidad o inexperiencia no son los ciudadanos sino aquellos que convirtieron a las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y de trabajo legislativo, en reducto de posiciones por pagos de facturas políticas y han dejado de lado la profesionalización de estas instituciones que hoy son presa, como lo dicen los motivos del Acuerdo, de intereses que nada tienen que ver con las mayorías sociales que son las que les pagan sus nada despreciables remuneraciones por lo que cumplir con su tarea es mas que causa obligada.
Volvemos a hacer las preguntas ¿Qué no existen en nuestro país instituciones capaces de detectar a quienes en forma ilícita se trasladan en las carreteras, caminos, ríos y mares del país con armas de alto poder con toda libertad?; ¿Qué no contamos con corporaciones de inteligencia policial que puedan informar a nuestras autoridades de grupos que en la clandestinidad preparan ya no sólo secuestros, sino también ataques a la sociedad civil para tenerla sometida e inmovilizada en el sentimiento del temor?
¿No será que parte del descuido consistió en que muchos que hoy son ex policías y ex militares se fastidiaron de detener delincuentes y luego Agentes del Ministerio Público y Jueces muchos de ellos como resultado de negociaciones políticas y no de méritos logrados por su desempeño los soltaban mediante arreglos económicos y ahora decidieron pasarse al bando de los malos?
¿Será que los ciudadanos no quieren denunciar a los delincuentes únicamente porque cuando lo han hecho remotamente logran saber el nombre del o los delincuentes que los agraviaron y la sanción que les han impuesto?
Es urgente la necesidad de restablecer la credibilidad en las instituciones y para eso están los responsables titularizándolos, para eso se les paga y se les paga una retribución bastante digna, no es lo mas correcto trasladarle esa responsabilidad a los actores sociales porque única y sencillamente estarían reconociendo que no pueden con la responsabilidad que les encomendaron y si no pueden con ella, es mejor que asuman un acto de dignidad y honestidad con ellos mismos y con la sociedad y le dejen el paso a quienes sí pueden con el paquete.
Los mexicanos queremos paz y tranquilidad, pero sobre todo queremos gobiernos capaces y responsables, allá los que pidieron la oportunidad y dijeron que podían, ahora que cumplan, es lo menos que pueden hacer.
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