lunes, 26 de enero de 2009

Elecciones

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de Cosas Pequeñas

Aunque la autoridad responsable empezó desde el año pasado los preparativos de las próximas elecciones federales, en realidad es justo ahora, en enero, cuando el proceso adquiere toda su forma e intensidad. Conocidas como “intermedias” porque ocurren a la mitad de la administración federal, en estas elecciones se renueva en su totalidad a la Cámara de Diputados, 300 bajo la modalidad territorial de distritos, en los que ganarán quienes consigan la mayoría simple de los votos y 200 mediante 5 listas regionales, que se distribuirán proporcionalmente entre los partidos competidores, de acuerdo a un complejo sistema de reglas, para asegurar que incluso las minorías obtengan representación dentro de la Cámara.
Según el calendario legal, los partidos están decidiendo el método mediante el cual escogerán a sus respectivos candidatos y comunicándolo al instituto electoral; los precandidatos que cumplan con los requisitos legales podrán hacer precampañas, es decir, proselitismo interno, aunque en esta coyuntura la mayoría de los partidos han optado por designar candidatos en lugar de elegirlos en votaciones primarias.
Estas elecciones resultarán singulares por muchas razones. Precisamente, la regulación de las precampañas es una novedad del marco jurídico. Pero quizá la peculiaridad más evidente es que se “estrena” normatividad en materia de acceso por parte de candidatos y partidos a la radio y la televisión como instrumentos de promoción y propaganda. Es sabido que el uso indiscriminado de la publicidad en medios masivos de comunicación puede contribuir a orientar en un sentido o en otro el resultado de una votación.
El hecho de que partidos y candidatos pudieran disponer libremente de publicidad comprada y la carencia de reglas y limitaciones respecto de la cantidad y los contenidos de los anuncios partidistas implicaban consecuencias no muy saludables para el ejercicio democrático, por ejemplo, una clara desventaja de quienes no tenían dinero suficiente para el pago de los estratosféricos costos de anuncios y “convenios” publicitarios o bien la posibilidad de que personas y/o grupos de interés financiaran indirectamente las inserciones publicitarias de partidos y candidatos, con cargo a sus propias cuentas o con recursos no necesariamente transparentes y lícitos.
Pero, en el fondo de todo esto, había cinco asuntos críticos: la conversión de las grandes corporaciones de radio y televisión en los verdaderos árbitros de las elecciones, muy por encima de las instituciones públicas responsables, la salvaje comercialización de los comicios, la conversión de los candidatos en meras mercancías y objetos de mercadotecnia, las brutales cantidades de dinero “invertidas” en publicidad y la potencial manipulación de la información en función de intereses que no necesariamente se corresponden con las necesidades del país.
Durante las discusiones parlamentarias que dieron pie a esta nueva legislación, pudo observarse la inconformidad de quienes se vieron perjudicados por estas medidas: los grandes empresarios de radio y televisión. A pesar de la “tunda” que recibieron, directamente proporcional a la reducción del negocio, senadores y diputados de todos los partidos que impulsaron la medida –o casi de todos, mejor dicho— se mantuvieron firmes y, aunque pudiera pasar desapercibida o minusvalorada por los medios, se trata de una gran reforma, de auténtico sentido democrático. En estas elecciones de julio se pone a prueba y, esperemos, que sea para bien.
Para que una norma tenga carácter de derecho positivo y se aplique en la realidad, es necesario que quienes la infringen sufran consecuencias y que, las autoridades responsables de aplicarla dispongan de los medios para verificar con precisión que dicha norma sea cumplida; por ello, el Código Electoral también estrena nuevos mecanismos de monitoreo y verificación para constatar, con mayor eficacia que antaño, que partidos y candidatos se ajusten con rigor al cumplimiento de estas disposiciones.
Lo cierto es que, limitados para usar recursos de promoción extralegal, partidos y candidatos se verán obligados a utilizar más estrategias de proselitismo basadas en el convencimiento personal y el encuentro entre personas, es decir, mucho mayor compromiso y deberes para con los potenciales electores de los que derivan de un mero anuncio en televisión; ojalá que utilicen sus limitados tiempos en la difusión de propuestas concretas y opciones viables de solución para los enormes problemas de México.
Muchos de los programas relacionados con obras y servicios estatales y municipales se negocian ya, directamente, en la Cámara de Diputados, con mínima o ninguna intervención del Ejecutivo Federal. De hecho, buena cantidad de recursos presupuestales para acciones específicas (puentes, carreteras, fondos agropecuarios locales, por ejemplo) son pactados entre las autoridades locales y los grupos parlamentarios del Palacio Legislativo de San Lázaro. Así, el federalismo recupera vigencia y, aunque sea con pasos incipientes, se gana un poco al centralismo feroz que se sufre y se replica en provincia.
Por ello, hoy más que nunca es necesario para los gobernadores –no sólo por las enormes implicaciones políticas de ganar o perder en sus terrenos— asegurarse el mayor número de diputados federales en la próxima legislatura. En el caso de Veracruz, la inmediata elección federal tiene, además, una clara implicación en las elecciones locales del próximo año, para el cambio de gobernador, ayuntamientos y congreso del Estado; todo lo que pase en las elecciones de 2009 repercutirá, para bien o para mal, en las de 2010 y establecerá tendencias respecto de posibles ganadores o perdedores, a las que el electorado no es inmune.
En términos muy prácticos, el presidente Felipe Calderón necesita mayoría legislativa para consolidar su proyecto político y disponer de mayores márgenes de acción en la segunda mitad de su sexenio, sin depender de costosas y no siempre eficaces negociaciones con partidos diferentes al suyo; guste o no, la próxima elección también será un referéndum sobre su Gobierno. Aunque las encuestas señalan que es muy poco probable que obtenga 250 diputaciones –actualmente tiene 207—, él y su partido harán un enorme esfuerzo y aplicarán todos los medios a su alcance para ganar el próximo 5 de julio o, al menos, evitar un resultado que se interprete como calificación reprobatoria para sus 3 primeros años de gestión.
Ante los grandes intereses en pugna y, a pesar de lo que dispone la ley, el discurso de que gobiernos y gobernantes no intervendrán en las próximas elecciones ni harán lo posible por atraer votos a sus respectivos partidos usando ilegalmente los instrumentos del poder público, probablemente podría quedar en eso, en discurso. Lo estamos viendo ya, como un pequeño adelanto, con la discusión y el intercambio de imputaciones por el uso politizado de los programas de subsidio a la pobreza. Varios partidos “chicos” corren el riesgo de perder sus registros (y prerrogativas económicas), lucharán a muerte por evitarlo.
En cualquier caso, las obscuras previsiones respecto de la crisis y los crudos informes sobre la evolución de la violencia –entre otros muchos retos de enormes proporciones—, hacen deseable que las próximas elecciones de julio permitan elegir como diputados federales a mexicanos con grandeza, honestidad, preparación, claridad de miras y sincera lealtad por la Patria, que integren un congreso creativo, eficiente, capaz de legislar y representar con alteza de miras los intereses de México, por encima de intereses personales o partidistas. Ojalá.

antonionemi@gmail.com

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