Arquidiócesis de Xalapa
Con mucha tristeza y dolor queremos compartirles una situación que ha cimbrado nuestra vida diocesana. El viernes de la semana de pascua un operativo de la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Distrito Federal ejecutó una orden de cateo en la parroquia de San Pedro, en la ciudad de Xalapa, Ver.
Dentro del operativo fue aprehendido el párroco de esta Iglesia, P. Rafael Muñiz López, y su hermano, Francisco Javier Muñiz López, quien vive también en este domicilio. Los hechos que son investigados están relacionados con delitos informáticos. En este caso, una red de delincuencia organizada vía internet, relacionada con pornografía infantil.
De acuerdo con las acusaciones, fueron detectadas actividades ilícitas desde la terminal de módem del domicilio parroquial, donde presuntamente se bajaba y reenviaba información de este género, razón por la cual fue confiscado el equipo de cómputo, perteneciente a la parroquia. Cabe señalar que se trataba de una red inalámbrica.
El P. Rafael Muñiz López y su hermano, Francisco Javier Muñiz López, han realizado sus respectivas declaraciones, en presencia de su abogado, y no fue encontrado ningún elemento para inculparlos. Como las investigaciones continúan, el P. Rafael Muñiz López y su hermano, Francisco Javier Muñiz López, en este momento se encuentran en arraigo domiciliario en la Ciudad de México, hasta que termine la revisión del equipo de cómputo confiscado.
Desde el punto de vista jurídico, el P. Rafael Muñiz López y su hermano, Francisco Javier Muñiz López, están en calidad de indiciados del delito que se les imputa. En derecho procesal penal, el indicio es más que sospecha, pero menos que prueba, por lo que no alcanza valor probatorio. Por lo tanto, hay que esperar a que se pruebe el delito; de lo contrario, se castigaría a gente inocente. Si se prueba el delito, tendrán que asumir su responsabilidad y las sanciones correspondientes, pues la Iglesia no encubre a ningún delincuente. Pero si no se les prueba el delito y de todas formas se les culpa y se les sigue exhibiendo, entonces se cometería una injusticia y, en este caso, nuestro apoyo será todavía más decisivo.
Por otra parte, queremos informarles que desde el primer momento que sucedieron los hechos hemos estado al tanto del curso de las investigaciones a través de los abogados. También hemos recibido el apoyo del Gobernador del Estado, Mtro. Fidel Herrera Beltrán, y del Procurador de Justicia del Estado, Lic. Salvador Mikel Rivera, a quienes agradecemos su intervención.
Respaldamos y apoyamos a los familiares del P. Rafael Muñiz López y su hermano, Francisco Muñiz López, así como a sus amistades y feligreses y estamos unidos en oración para que este caso se solucione conforme a derecho lo más pronto posible.
A los medios informativos y de comunicación queremos suplicarles, de la manera más atenta, se conduzcan con prudencia y respeto ante las investigaciones que aún continúan, no olvidando las garantías individuales de nuestra Carta Magna. De hecho, algunas voces en los medios están ya acusando de algo que todavía no está probado. Y, atendiendo al principio de derecho, “nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad y responsabilidad”.
De parte del arzobispado no se ha obstruido en ningún momento el curso de las investigaciones y, por eso, el P. Rafael Muñiz López y su hermano, Francisco Javier Muñiz López, fueron requeridos por la justicia para hacer su propia declaración y contribuir a las investigaciones.
Esperamos que las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se conduzcan con total apego a la ley, a la honestidad y a la justicia. Porque sería muy penoso, como ha sucedido en otras ocasiones, que se culpe y se exhiba a gente completamente inocente y que los verdaderos responsables de las actividades ilícitas no sean perseguidos. Lamentablemente no estamos ajenos ni en el tiempo ni en el espacio a los casos en que se crucifica mediática y jurídicamente a gente inocente.
De antemano, manifestamos nuestro completo y total rechazo a cualquier actividad ilícita que destruye la vida de las familias y la dignidad e inocencia especialmente de los niños.
Es deber de la Iglesia velar por los más pequeños y vulnerables y, de manera especial, por los niños. Los sacerdotes son ante la ley como cualquier otro ciudadano que no gozan ni deben gozar de ningún fuero o privilegio y, si violan la ley, las autoridades deben aplicar sin miramientos las penas punitivas correspondientes. Y por su parte, la Iglesia tiene el deber de investigar y sancionar canónicamente a aquellos sacerdotes que con sus actos denigran su propio ministerio, causan un grave e irreparable daño a sus víctimas y avergüenzan y escandalizan a la Iglesia.
Si bien la condena de la Iglesia acerca de los sacerdotes delincuentes debe quedar bien clara, también pedimos a las autoridades que actúen con toda justicia, sin oportunismos o, peor aun, con mala fe, tomando en cuenta la premisa misma que se establece en todo principio de justicia, a saber, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que todo ciudadano tiene derecho a un juicio conforme a la ley.
Encomendamos a san Rafael Guízar Valencia esta situación que nos provoca mucho dolor. Y, especialmente, le pedimos que por su intercesión Dios nuestro Señor fortalezca y asista al P. Rafael Muñiz López, a su hermano, Francisco Javier Muñiz López, y a su querida familia en esta difícil situación que estamos enfrentando.
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