Gendarmes

Juan Antonio Nemi Dib
Historias de Cosas Pequeñas

El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, convocó a una conferencia de prensa el pasado martes 13 de abril. La reunión con los medios de comunicación fue para darles cuenta del encuentro que sostuvieron el día anterior –a puerta cerrada— los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública Federal y los senadores de la República. El responsable de la política interior afirmó que la cita con los legisladores, representantes del pacto federal, se desarrollo con plena concordia, en un ambiente constructivo. Dijo: “nosotros tenemos que reconocer la sensibilidad y buena disposición de los legisladores a entender la problemática del modelo de seguridad, la necesidad de reformas para seguir avanzando en la reconstrucción institucional de los cuerpos de seguridad en el país”.
Más adelante explicó que el propósito de dicho encuentro –realmente inusual— fue el de presentar a la “conciliación” de los senadores las propuestas del Gobierno Federal para la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional que clarifique “el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en aquellos casos donde se afecta la seguridad interior”.
El funcionario insistió de nueva cuenta en la “necesidad de contemplar y discutir en la República un nuevo modelo policial a nivel de Federación y estados”. Además dijo que el Gobierno Federal recibe con beneplácito la declaración de la Conferencia Nacional de Gobernadores que propone buscar un nuevo modelo de corporaciones policiacas que permita a los ejecutivos locales tener “las potencias necesarias para cumplir sus responsabilidades de proteger a la gente y no tener que estar confiando sólo a las Fuerzas Federales que podemos disponer para apoyarlos en esas tareas” [sic].
Gómez Mont reiteró sin ambages la idea que la administración del Presidente Calderón y principalmente del ingeniero Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, en el sentido de desaparecer a las policías que dependen de los ayuntamientos: “creo que tenemos que repensar el diseño de competencias en materia de seguridad del país”, dijo. Y enfatizó: “Estamos poniendo en la policía municipal una responsabilidad que no es claro que pueda cumplir, necesitamos concentrar menos cuerpos de seguridad, más potentes, mejor estructurados, más profesionalizados”.
Originalmente la tesis era mucho más radical: fusionar a todas las corporaciones policiales en una sola de carácter federal, a la que presuntamente se dotaría de un perfil adecuado –rigurosa selección de personal, capacitación y equipamiento de primer nivel, instrumentos de inteligencia— para combatir con éxito a la delincuencia organizada. Ahora la propuesta se matiza un poco: desaparecer a las corporaciones municipales y fortalecer a las estatales.
En cualquiera de sus modalidades, radical o “light” (policía nacional única o policías estatales coexistiendo), la propuesta diverge de la esencia del pacto federal y la división de competencias entre federación, estados y municipios. Es muy probable que muchos ayuntamientos se sientan incluso emocionados y liberados si se les quita de encima el pesado fardo que implica garantizar la seguridad pública, pero también habrá ediles que estén en contra de que se les prive del mando de la fuerza pública responsable de la prevención de delitos que mandata la Constitución.
Si la cruenta realidad de la seguridad pública en México realmente exigiera cambiar el modelo tradicional de gobierno, probablemente la decisión contaría con respaldo de la sociedad, independientemente de que se modificaran los “principios históricos” del sistema republicano que se basa en el municipalismo. En otras palabras: si realmente la solución de los problemas de seguridad en nuestro país se encuentra en la fusión de las corporaciones policiales y específicamente en la desaparición de las policías municipales, es poco probable que alguien se oponga. Pero… ¿realmente es la solución del problema?
Uno de los argumentos más persistentes en la defensa de estas tesis concentradoras de competencias está en el hecho de que los ayuntamientos carecen de fondos para pagar el costo que implica el tener policías municipales confiables y eficaces, con alto nivel de entrenamiento y recursos. Escuché a alguien que sabe del asunto preguntarse: “¿y por qué caramba no les dan esos fondos?”. Si el problema está en los filtros de admisión, en los sistemas de medición de confianza, en la certificación y en la comprobación del perfil deseable, ¿por qué no se aplican con rigor –como ya está prescrito por la ley— a los policías municipales?
El tema da para mucho –los peligros indiscutibles que implica la centralización de mandos, en un ambiente proclive a la corrupción y susceptible a las amenazas y presiones de la delincuencia organizada, por ejemplo— pero quiero pensar optimistamente que la desaparición de las policías municipales es la solución real del problema y no una mera ocurrencia para salir del paso.