El saldo en seguridad

Luis Alberto Romero

A pesar de las estadísticas que maneja el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en el sentido de que Veracruz es una entidad segura (esos números nos ubican como cuarto lugar nacional); a pesar de la reducción del índice delictivo en más de 30 por ciento en la entidad, el temor, el miedo se hace presente en prácticamente todos los sectores sociales.
Recientemente, las autoridades estatales citaron el resultado de una evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se concluye que Veracruz sigue siendo el cuarto estado más seguro del país y que la actividad delictiva se ha logrado, ya no contener, sino abatir.
Según estos datos, la calificación alcanzada por nuestro estado mejoró significativamente en el terreno de la seguridad y el combate a la delincuencia. Veracruz pasó de 1.6 a 1.2 en el índice delictivo, lo cual habla, en teoría, de ciertos niveles de eficiencia en el trabajo de seguridad pública. Dicha instancia revela que Tlaxcala, Campeche y Querétaro también se ubican en lo que podríamos llamar el “top ten” de las entidades seguras.
Sin embargo, para nadie es un secreto que en materia de estadísticas e índices delictivos prevalecen criterios de baja confiabilidad; primero, porque en este país 80 por ciento de los delitos que se cometen no llegan a las agencias del Ministerio Público ni a los juzgados. Segundo, porque las propias instancias responsables de la seguridad y la procuración de justicia no manejan información apegada a la realidad.
De esa manera, los ciudadanos no contamos con información confiable sobre la magnitud del problema de la inseguridad y sobre las estadísticas delictivas: cuántos delitos se cometen, cuántos se denuncian y, de ellos, cuántos son del fuero común y cuántos corresponden a la delincuencia organizada.
Mención aparte merece el tema de la impunidad, porque según estadísticas que maneja el Centro de Investigación para el Desarrollo, en México, los delincuentes no reciben castigo. La cifra reportada hasta el 2007, por ejemplo, era de más de 98 por ciento, lo cual indica que por cada 100 delitos cometidos, ¡sólo dos reciben castigo!
México, en ese sentido, se ubica en la lista negra de la impunidad en el ámbito mundial, cifras lamentables en un país donde el costo de la inseguridad supera 15 por ciento del producto interno bruto.
Lo evidente es la elevada inversión en materia de seguridad y combate a la delincuencia y el alto gasto gubernamental destinado a esa lucha, misma que hasta hoy ha rendido resultados cuestionables, porque la respuesta del gobierno mexicano ante la creciente ola delictiva y su capacidad para imponer castigo al hampa ha sido rebasada; lo que nos habla de poca efectividad.
En materia de gasto público se destina cerca de diez por ciento del presupuesto de egresos de la federación al tema de la seguridad. De hecho, el dinero asignado a ese rubro pasó de menos de 11 mil millones de pesos en 1999, a más de 91 mil millones el año pasado. Mucho dinero para tan pocos resultados.

luisromero85@hotmail.com